Isabel Miranda de Wallace

El reconocimiento institucional llegó tarde… como siempre. A más de 5 años del rapto de su hijo, la señora Isabel Miranda de Wallace fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Una medalla, un diploma y una larga ovación fueron los estímulos a su incansable lucha contra el secuestro. Aunque parezca final feliz, el momento de gloria surgió de una verdadera tragedia familiar

Se trata de un premio que a ella no le hubiera gustado ganar. “Si México hubiera sido un lugar seguro y con un sistema judicial que realmente desincentivara el crimen, Hugo jamás hubiera sido secuestrado y yo no hubiera emprendido la causa que me hizo merecedora a recibir esta condecoración”, dijo en su discurso.

La señora Wallace se ha convertido en un ejemplo y en una esperanza para las víctimas del delito en México. Tanto que el gobierno mexicano terminó condecorando a un testimonio de su propia ineficacia, a una de sus críticas más visibles. Si el Estado cumpliera con sus obligaciones no habría necesidad de héroes o mártires, ni de personas que suplan sus funciones.

Al tomar la palabra, Isabel Miranda pidió al presidente la construcción de un memorial a las víctimas del secuestro, incluyendo a Hugo Alberto Wallace, Silvia Vargas y Fernando Martí. Pero Calderón no tomó en cuenta la propuesta durante su intervención y ante la insistencia de la premiada tuvo que regresar al micrófono. Pidió disculpas y luego expresó su beneplácito.

Quizá la imagen de la señora Wallace ha sido inflada en demasía por los medios. No es la primera ni la última madre justiciera. No obstante, su historia es relevante por la atención que atrajo y por la forma en que perseveró: se mantuvo cercana a las instituciones que no le daban respuesta, hasta lograr resultados.

“Estoy segura que las autoridades por sí solas nunca hubieran encontrado a los responsables del secuestro de mi hijo. Y por otro lado, yo sin las autoridades, hubiera tenido que hacer justicia por mi propia mano, alejándome de quien soy, convirtiéndome en un verdugo”, señaló.

El reconocimiento ya existía, aunque se haya materializado este miércoles en Los Pinos. Sin activistas como la señora Wallace, el país vagaría sin rumbo. La voz de la sociedad civil organizada es una brújula que orienta los esfuerzos de un aparato gubernamental que, de otro modo, no tendría razones para cuestionar su autocomplacencia ni ponderar su discurso.

Los políticos profesionales ya no tienen credibilidad. Es tiempo de los ciudadanos, de que figuras valientes e idealistas pongan el dedo en la llaga. Isabel Miranda de Wallace lo dijo bien: “Debemos lograr que los políticos sean más ciudadanos y que los ciudadanos sean más políticos”.

Intenciones a prueba

La Cámara de Diputados aprobó federalizar los delitos contra la libertad de expresión y pareciera que los periodistas en México tenemos razones para celebrar. La reforma pretende evitar que las mafias locales atrasen las investigaciones derivadas de impedir la actividad periodística. Esto significaría un logro para los informadores que, por décadas, han insistido en el tema.

El proyecto fue aprobado por el mínimo necesario de votos por una simple razón: muchos diputados estaban ausentes. En espera de que el Senado revise y vote el texto, uno de los elementos más rescatables es la definición de "actividad periodística" que incluye un amplio espectro de labores -desde la fotografía hasta la edición- y contempla a los reporteros freelance, es decir, a quienes no trabajan para un medio específico y publican ocasionalmente.

Las críticas a esta adición al Código Penal Federal señalan que se trata de una medida “electorera” y podrían confirmarse en la importancia que se dio a las declaraciones de César Duarte, presidente de la Cámara, quien súbitamente se convirtió en un ardiente defensor de la libertad de prensa.

Por otro lado, de acuerdo al más reciente reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habría pocos motivos para alegrarse. En el primer trimestre del año, tres reporteros fueron asesinados y 46 presentaron quejas por agresiones. Esto sin contar las denuncias ante las comisiones estatales y los actos intimidatorios que no son reportados.

Según la CNDH, los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son Veracruz y Oaxaca, cada uno con 27 por ciento de las agresiones totales. Solamente durante el fin de semana, se registraron en Oaxaca tres casos que pondrán a prueba “la buena voluntad” de la legislación que pretende reconocer el derecho a una opinión pública informada.

El lunes pasado fue asaltada en la capital oaxaqueña la periodista Rebeca Luna Jiménez, quien se dirigía a su casa cuando un motociclista comenzó a seguirla. Más adelante, ocho sujetos rompieron los cristales de la camioneta en que viajaba, la insultaron y le robaron su computadora portátil.

Otro informador, Jaime Méndez Pérez, fue perseguido y empujado por una multitud en San José del Progreso, Oaxaca, donde una mujer le arrebató su cámara fotográfica mientras era amenazado con garrotes.

A estos casos, se suma la denuncia presentada por Federico Carrera, reportero y corresponsal, quien fue golpeado por policías que recibieron por radio la instrucción de “partirle la madre”. Los guardianes del orden también lo despojaron de 5 mil 500 pesos.

En este contexto, son necesarias las medidas aprobadas por los diputados que fueron a trabajar. Sin embargo, en un país donde las leyes se confunden con recomendaciones, su efectividad está condicionada. Si los casos mencionados son resueltos sin dilaciones, sabremos que México es un mejor país para ejercer el periodismo. De lo contrario, nos ahorramos la fiesta y también las preocupaciones. Ya estamos acostumbrados...

Justicia Televisada

La controversia diplomática entre Francia y México por la detención de una ciudadana francesa resurgió en la agenda informativa con la visita del presidente Nicolas Sarkozy. El tema se remonta a un operativo que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) recreó para las cámaras de televisión el 9 de diciembre de 2005.

Ese día, la AFI capturó a dos presuntos secuestradores, Israel Vallarta Cisneros y su novia, la francesa Florence Cassez. La versión oficial fue que los reporteros se enteraron del operativo, acudieron al lugar y solicitaron que se repitiera el rescate de las víctimas. Las imágenes se transmitieron en el matutino Primero Noticias.

Cuando Cassez solicitó apoyo al consulado y denunció irregularidades, el conflicto político subió de nivel. La francesa argumentó que la detención “en vivo” era una farsa, pues había ocurrido 24 horas antes. Las televisoras negaron un acuerdo previo con la AFI, como sostuvo su entonces director, Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública.

Televisa despidió al reportero responsable, Pablo Reinah, quien había laborado durante 10 años en la empresa. El periodista se inconformó y en un comunicado a la opinión pública escribió: “En ningún momento solapé, coordiné o gestioné acción alguna que tuviera que ver con el desempeño de los elementos de la AFI”.

El despido arbitrario de Reinah fue confirmado por la averiguación que concluyó en abril de 2007 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El documento establece que la AFI ocultó información al reportero, pues no le notificó que los hechos ya habían ocurrido. La Procuraduría General de la República aceptó que “no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz”.

Los datos recopilados por la Agencia Proceso revelan que quienes pactaron el montaje fueron García Luna y Amador Narcia, jefe de información de Televisa. Se sugirió que la recreación se transmitiera en un espacio “sin problemas de tiempo”, pero no se notificó a Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, ni al director de Comunicación Social de la PGR, José Luis López Atienzo.

A la fecha, la ciudadana francesa permanece condenada a 60 años de prisión. El lunes pasado, el presidente Sarkozy pidió a las autoridades mexicanas su repatriación. Cassez, por su parte, declara que la policía la vendió y sacrificó a los medios. En su país creen que es inocente.

Pablo Reinah no ha recibido una disculpa de Televisa. Con pruebas documentales, sostiene que esa mañana trabajó “con ética, honestidad, profesionalismo y responsabilidad, cumpliendo con mi trabajo de reportero y periodista”.

En el fondo, el origen del problema se mantiene vigente: la complicidad de la prensa con la necesidad de que el gobierno ofrezca resultados, sobre todo en materia de seguridad. El caso preocupa porque no es aislado. Queda claro que la falta de ética en algunos convenios no respeta las garantías individuales ni los derechos laborales.

¿Cuántos ciudadanos o periodistas han sufrido situaciones similares? La insensibilidad, producto de las violaciones constantes a los derechos humanos en México, pareciera requerir de controversias internacionales para ventilar asuntos que -por su naturaleza- deberían ocupar a la sociedad civil.

Verdades riesgosas

Desde una ubicación secreta, la periodista Ana Lilia Pérez se confiesa en “las horas más terribles” de su vida, luego de investigar y publicar presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. La liberación de una orden de aprehensión en su contra la mantiene prófuga, oculta de su familia, amenazada de muerte y temerosa de algo peor que la cárcel. Ser detenida por policías, dice ella, sería “el mejor de los casos”.

La denuncia por “daño moral” se remonta a un par de entrevistas que la reportera de Contralínea realizó a Jesús Alonso Zaragoza, accionista mayoritario del grupo Zeta Gas. El empresario declaró, por ejemplo, que durante el sexenio de Vicente Fox era recibido por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, quien le ayudaba en sus negocios a cambio de recursos para la campaña presidencial.

Zaragoza detalló la forma en que sobornaba a las autoridades locales y federales para instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas. Las revelaciones incluyen el ofrecimiento que le hicieron directivos de Pemex para ingresar al negocio de los ductos, mucho antes de que las ambiciones por el “el tesoro” dibujaran la posibilidad de una reforma energética privatizadora.

Ana Lilia Pérez fue responsable de publicar en febrero de 2008 los polémicos contratos que firmó en su dualidad de empresario y secretario de Gobernación el fallecido Juan Camilo Mouriño –figura entronada por los estándares morales de su partido- quién habría sacado provecho personal de un cargo público. La periodista fue demandada junto a Miguel Badillo, director de Contralínea, quien fue detenido el 16 de enero y que, junto a Pérez, denunció actos de acoso e intimidación ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las amenazas, según los comunicadores, provendrían de los abogados de Jesús Alonso Zaragoza y de funcionarios de varios niveles.

Las verdades riesgosas para un sistema político corrupto lo son también para los periodistas que las descubren. Así lo demuestran las arbitrariedades que culminaron en las órdenes de aprehensión, derivadas del presunto desacato a una orden judicial que no fue notificada.

Zaragoza reconoció su voz en las grabaciones pero deploró su publicación. Su defensa argumentó que era propietario de 80 empresas mientras que Ana Lilia Pérez era una “pobre reportera”. Quizá por eso, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la declararon confesa y permitieron que el hombre de negocios ingresara al juzgado con un guardaespaldas armado.

Los argumentos de los jueces y magistrados resultan absurdos; situación frecuente cuando la Justicia se retira la venda y acepta pagos para alterar su balanza. El año pasado se resolvió que la periodista no tenía derecho a divulgar las respuestas del empresario, entre otras razones, porque los hechos narrados sucedieron en la frontera norte y ella radicaba en la capital del país.

El hecho preocupa y aunque la huída de Pérez sea cuestionable, puede justificarse en el contexto. Lo que Albert Camus llamó “el oficio más bello del mundo” es también –como señalaron los hermanos Flores Magón a inicios del siglo pasado- una actividad “ruda y peligrosa como toda labor encaminada a desenmascarar el abuso”.

Los delincuentes libres y los periodistas ocultándose: paradojas de un país donde 44 comunicadores han sido asesinados en los últimos ocho años. Si los médicos juran defender la vida, los periodistas se deben a la verdad. En el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, como diría Ana Lilia, nuestra única arma es la palabra.