Calderolandia

No es lo mismo Calderolandia que México. Una cosa es el país real que sufre hambre, injusticias, corrupción y violencia. Algo muy diferente es lo que algunos secretarios de Estado ven por su ventana o a través del cristal polarizado de una camioneta blindada.

Las criaturas que habitan Calderolandia comparten algunas características: no tienen problemas porque el erario se los resuelve, son panistas o amigos de Felipe Calderón y su personalidad es gris. Un subordinado no debe opacar a un superior y el presidente no es particularmente carismático.

Ahí tenemos a Javier Lozano, Genaro García Luna, Arturo Chávez Chávez, Heriberto Félix Guerra y Ernesto Cordero. Este último nos regaló la joya declarativa de la semana. Lo había hecho antes, cuando dijo que su paquete económico para el 2011 incluía todo, hasta la posibilidad de bajar impuestos.

Al secretario de Hacienda le gusta recular. Aquella vez lo hizo jugando a la mala memoria: “No, no, no. Hay ahí una confusión, yo nunca dije que había posibilidades de bajar impuestos”. Tres horas después de su comentario original, dijo que era “irresponsable” debilitar las finanzas públicas.

Su desliz de esta semana consistió en afirmar que los mexicanos somos tan exigentes que no notamos la recuperación de nuestra economía. El funcionario consideró que 6 mil pesos mensuales son suficientes para tener casa, automóvil y hasta pagar colegiaturas de escuelas privadas. Suponemos que la lista de milagros incluye la manutención de una familia e implícitamente el pago de impuestos.

Mentir sobre porcentajes y macroeconomía es sencillo porque pocos pueden refutarlo. En este caso el secretario se atrevió a hablar de lo que millones saben pero él no. Su declaración evidencia un desconocimiento absoluto de la situación real del país, el poder adquisitivo de la población y el impacto de la inflación en los bolsillos.

En un intento de frenar la lluvia de críticas, Cordero trató de orientar su comentario en otra dirección: “En ningún momento dije que se podía vivir holgadamente con 6 mil pesos, al revés, era un reconocimiento a las familias mexicanas que con 6 mil pesos hacen milagros para hacer rendir su ingreso”. ¡Vaya reconocimiento!

La estrategia de control de daños no le funcionó. Las reacciones brotaron desde todos los frentes, especialmente desde las redes sociales y la clase política. Las piñatas están para pegarles. De lo que se dijo, me quedo con el sarcasmo de Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados:

“Esto de los seis mil pesos es una expresión que es real, pero le faltó un pedazo. Usted recibe sus seis mil pesos y va a una tienda, previa visita de Harry Potter, a comprar una varita mágica, entonces sí le alcanza para un coche, para una escuela, para otro coche si quiere”.

¡Puro ilusionismo calderonista! Y los que sí hacen magia le parecen “exigentes” a Cordero. Los verdaderos magos son los mexicanos que sobreviven con lo mínimo o viven en zona de guerra. Pero en Calderolandia son optimistas y tienen excusas para todo. Ya lo dijo el presidente: hay municipios mexicanos más seguros que ciudades europeas.

Tal parece que las declaraciones fantasiosas se multiplicarán hacia el final del sexenio.

Y todo por un edificio...

Adiós Bicentenario, adiós Centenario. Este año de conmemoraciones históricas terminó con un gris festejo de la Revolución. El aniversario del levantamiento armado de 1910 no le importó a nadie. ¡Ni a quienes se beneficiaron económicamente de él! Como a la empresa encargada de construir la nueva sede del Senado.

Por sus características y propósitos, el imponente edificio en Paseo de la Reforma es un proyecto arquitectónico de trascendencia justificable. Eso no impidió que fuera entregado tarde e incompleto, como la mayoría de las obras del Bicentenario. Su inauguración se esperaba en septiembre, después en noviembre y ahora el próximo año.

Mientras esto ocurre, la construcción de 2 mil 300 millones de pesos ha generado un fenómeno digno de reflexión: los actores políticos han proyectado sobre un edificio sus ideologías y deseos. Las declaraciones de los senadores en los últimos días permiten ejemplificar un fundamento de la percepción: el mismo objeto tiene significados distintos para personas diferentes.

Para el senador Ricardo Monreal, se trata de un “lujo” y de un “exceso”. El coordinador del Partido del Trabajo en el Senado señaló que la Cámara Alta se había caracterizado por su austeridad y que ante las dificultades económicas de la actualidad, no debe celebrarse el dispendio. “Hay una élite política distanciada de la población que no siente si hay gente sin empleo, si hay gente con carencias graves y nosotros vamos a estar en una casa impresionante”, lamentó.

Pero este “no es un tema a debate” para el presidente del Senado. Para el priista Manlio Fabio Beltrones, la nueva sede simboliza una modernización necesaria y un pretexto para renovar los ánimos. “Un nuevo Senado no nada más necesita un recinto moderno como este, sino también una nueva actitud, que estoy seguro que vendrá a obsequiarse en los trabajos definitivos de esta legislatura”, dijo.

Pero la joya declarativa de la semana es la explicación del senador perredista Carlos Navarrete: “Los palacios de gobierno, los palacios presidenciales, los palacios legislativos, los palacios de justicia, deben ser imponentes como el que estamos viendo aquí, porque compite con los grandes bancos, con las casas de bolsa, con las catedrales y con los centros religiosos”.

Según Navarrete, el gigantesco complejo de oficinas es una manifestación de la lucha del “Estado moderno” contra los poderes fácticos. ¿Qué tiene de moderno un Estado que demuestra su autoridad con edificios? ¿A dónde nos llevaría una competencia al estilo Navarrete? ¿Si algún poder fáctico construyera la Torre de Babel merecería la genuflexión del Estado?, ¿de los legisladores?, ¿de Navarrete?

Las posturas de los senadores son reveladoras. Casi tanto como el hecho de que un proyecto prioritario para el Estado, se le vaya de las manos. Las proyecciones sobre su fachada son una radiografía de nuestra idiosincracia y clase política. Si Navarrete tiene razón, el gobierno vive de apariencias. Lo peor en este caso es que no haya podido mantenerlas.

Billetes a la hoguera

Al Congreso le llueven felicitaciones del gobierno federal. Los diputados bailaron al son de Los Pinos y ganaron su palmadita en la espalda. Consiguieron el aplauso presidencial, un reconocimiento que se piensa digno de quienes glorifican a la Patria. Y todo por alimentar con miles de millones de pesos la agenda e intereses de Felipe Calderón y los suyos.

Los temas fuertes en la Cámara de Diputados se trabajan al interior, pero también afuera, en el ámbito de la opinión pública y los medios. Desde la prensa, un trance legislativo se construye por etapas. Cada vez que el Congreso tiene en sus manos una decisión de alto impacto, se desata una serie eventos que podrían clasificarse cronológicamente: antes, durante y después.

Antes de cualquier iniciativa o discusión, surgen los declarantes que empujan o critican el tema pero lo “calientan”. Cuando el asunto llega al debate, las fuerzas políticas fijan su postura y critican la contraria. Quienes comparten la opinión mayoritaria validarán la votación y los restantes serán tratados como una minoría anecdótica. Después del resultado, sus beneficiarios aplaudirán al Poder Legislativo. Los demás se quejarán.

Esa historia se repite cada año. El presupuesto es un juego de sumas y restas donde se calculan los reclamos, se ponderan las ganancias y se finge interés en los votantes. Cuando se trata de repartir los recursos del Estado, siempre hay ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿quién gana y quién pierde? ¿de dónde vienen los elogios?

Un funcionario me dijo alguna vez: “No hay nada mejor que gastar el dinero ajeno”. El dinero de todos se invierte en las causas de algunos. Quienes celebran la repartición lo hacen porque significa un impulso directo a sus prioridades. La administración federal reconoce la “responsabilidad” de los legisladores porque apadrinaron su lista de intereses, especialmente su estrategia de seguridad.

Los diputados le echaron billetes a la hoguera de Calderón. ¡La asignación de financiamiento en materia de seguridad para los estados y municipios es la más alta en la historia del país! Sólo para la implementación del mando único policial se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos. Según cifras oficiales, el presupuesto de seguridad nacional tuvo incremento real de 8.1 por ciento respecto al año pasado.

Asuntitos como la salud, la educación y el combate a la pobreza quedaron en segundo plano. Miles de mexicanos morirán desatendidos, otros más no saldrán de la primaria o siquiera del analfabetismo, y millones más vivirán con menos de lo mínimo. Pero habrá armas, soldados, sicarios, balaceras, muertos, persecuciones, bloqueos, detenidos y ejecutados. Todo eso que los mexicanos anhelamos.

¿Quién cree que la seguridad es tanta como la inversión en ella? Más aún, ¿quien creerá en este argumento cuando haya terminado el sexenio de Felipe Calderón? Mientras tanto, el "presidente del empleo" tiene razones para festejar: los diputados le autorizaron más plazas para la Sedena y la PGR.

El show del cinismo

El reality show de moda se transmite en el Canal del Congreso. Las actividades propias de la Cámara de Diputados -que por rutina consideraríamos “legislativas”-se afianzaron en los últimos días como un verdadero espectáculo. Un circo indigno de cualquier democracia pero atractivo en la televisión.

El reinado del cinismo, dosificado en sesiones y comparecencias, se transmite en vivo. La señal es elitista: sólo llega por cable o satélite. Los temas de interés nacional no caben en la televisión abierta, el gran público está condenado a dormitar en algún punto entre la publicidad y las trivialidades.

El Canal del Congreso es testigo del desmoronamiento institucional en México, es también un incentivo al ciudadano que habita dentro de cualquier televidente y que puede convertirse en vigilante de quienes presuntamente lo representan. Hay que decirlo, el canal es un fracaso si pretende favorecer la imagen del Poder Legislativo. La decepción es inevitable.

Los legisladores federales son inmunes al efecto Gran Hermano. Normalmente, al sentirse observado es imposible actuar con naturalidad, pues prevalece un temor hacia el ojo escrutador. Sin embargo, este sistema de vigilancia con impecable dirección de cámaras no apena a los observados ni los pone nerviosos.

Los diputados exhiben su desfachatez, incultura y descaro como nunca se lo permitirían en el Canal de las Estrellas. Han de pensar que nadie los ve y quizás tengan razón. Lo último que busca el televidente promedio es sumergirse en las pestilentes aguas de la política nacional.

De algún modo es entendible. La clase política ha buscado sistemáticamente distanciarse de los gobernados. Lo ha logrado y esa zanja es un riesgo. La separación ha creado mundos paralelos: el del ciudadano cuya apatía invita al abuso y el del político que se deleita en el abuso.

La sesión ordinaria del martes pasado sirve de ejemplo. Horas antes de que una piñata de Pinocho ocupara una de las curules, la discusión sobre la Ley de Desarrollo Rural Responsable se desvió a un tema de agenda política: los pactos electorales entre el PRI y el PAN.

Como si un debate simulado entre caras y colores fuera todo lo que el electorado esperaba de la 61 legislatura, transcurrieron las horas entre llamados a enaltecer la política y a no desperdiciar el tiempo de todos los mexicanos. Sorprende la habilidad de los diputados para negar sus exhortos al tiempo que los emiten. Los dichos y hechos se contrarrestan evidenciando la mentira.

La versión estenográfica de la sesión sería un larguísimo “bla, bla, bla” si la intrascendencia se redactara con balbuceos. La agenda política no es la agenda nacional. Todo lo contrario. Los partidos políticos dejaron de pugnar hace mucho por la ciudadanía. Desatender problemáticas reales para debatir controversias electorales es pura negligencia.

El show en que se ha convertido la política en el país tiene como protagonista al cinismo. Ojalá fueran millones los que sintonizan el Canal del Congreso. Para todos ellos quedaría claro que las instituciones están secuestradas, que el desgobierno tiene beneficiarios y que la democracia mexicana es una ilusión. Sólo así, intuyendo las dimensiones del problema, es posible imaginar algunas soluciones…

Causa perdida

El optimismo desapareció y la esperanza se convirtió en reclamo. Con el paso del tiempo, la transmutación era inevitable. No erramos quienes celebramos con reservas la inminente federalización de los delitos contra la libertad de expresión en México.

En abril del año pasado aplaudí en este espacio las adiciones al Código Penal Federal propuestas por la Cámara de Diputados. Y aunque el súbito arranque de generosidad legislativa era percibido por los críticos como una “medida electorera”, le otorgué el beneficio de la duda.

Hoy, diez meses después, el dictamen enviado al Senado para su análisis y aprobación continúa paralizado. Como si el asunto fuera menor, la cámara alta del Congreso se ha ocupado de otros temas sin explicar los motivos del retraso.

La reforma penal aprobada por unanimidad en San Lázaro tenía dos virtudes: ampliaba considerablemente la definición de “actividad periodística” y aumentaba las penas de cualquier delito si éste se cometía con el propósito de “impedir, interferir, limitar o atentar” la labor informativa.

Las sanciones eran especialmente severas con los servidores públicos. No es novedad que los principales enemigos de la prensa viven del erario. Esta semana, un reporte del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) lo reafirma.

El documento subraya que prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas participaron elementos uniformados y que en uno de cada cuatro estuvo involucrado algún funcionario. “Es frecuente” –señala el reporte- “encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental”.

Durante el 2009 este organismo registró 183 agresiones contra periodistas y 19 contra medios de comunicación, además del asesinato de 13 informadores. En todos los casos, la impunidad es la constante.

“Impunidad” es también el nombre del proyecto impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para abogar por las víctimas y exigir justicia. En los procesos judiciales que la SIP escruta en México destacan los nombres de Brad Will -cuyo presunto asesino fue liberado hace siete días- de Eliseo Barrón y Carlos Ortega, ejecutados en Durango.

Fue precisamente en Durango donde la semana pasada se reunieron 25 editores de periódicos para reclamar a las autoridades locales y federales garantías para ejercer su profesión. Ahí se acordó impulsar medidas de protección y llevar sus reclamos a organismos internacionales.

¿Y el Senado? Impávido. ¿Por qué atender un tema que coloca al país en los primeros lugares del descrédito mundial? ¿Qué razones hay para ratificar la protección a la libertad de expresión? ¿Cuál es la urgencia de frenar los crímenes contra periodistas? Las respuestas escapan a la agudeza y al compromiso social de los legisladores.

La causa está perdida. Aunque el dictamen terminara aprobándose serviría de poco o nada. Incrementar las penas no reduce la violencia. Modificar la ley no significa que comenzará a aplicarse o siquiera a respetarse. En nuestro agonizante estado de derecho la brecha entre legalidad y realidad es infranqueable.

No hay justicia cuando el menos interesado en ella es quien debería impartirla. La corrupción se perpetúa con la censura y la ineptitud con la falta de crítica. Si en México hubiera condiciones para el ejercicio de un periodismo libre y digno, estarían sentadas las bases para una verdadera transformación institucional. El panorama es otro porque como dijo Napoleón Bonaparte: “Si se diera rienda suelta a la prensa, yo no permanecería ni tres meses en el poder”.

"Volverse a morir"

Mirar, casi sin querer, la escena del crimen. Observar las paredes manchadas, los pasillos cubiertos de sangre, los envases vacíos del refresco para la fiesta. Imaginar el sufrimiento de quienes, sin deberla ni temerla, fueron asesinados.

Enterarse que eran jóvenes, estudiantes, que celebraban un cumpleaños y un éxito deportivo. Ver cómo la cifra de muertos asciende a 18 y se suma a las centenas de ejecuciones en el norte del país. Escuchar que en Chihuahua es la quinta masacre en los últimos dos años.

Preguntar, ¿y ahora qué?, ¿balaceras en guarderías?, ¿militares en las fiestas? Enojarse, exigir justicia. ¿Exigir?, ¿a quién?, ¿justicia? Oír a un comandante de la Policía Federal admitir que los sicarios burlaron sus patrullajes y sus filtros. Pensar: “Qué cinismo”.

Conocer, horas después, a un personaje que agrega signos de exclamación a la frase: José Francisco Javier Landero Gutiérrez, diputado federal del PAN. Perturbarse cuando el señor dice en el Congreso que si los jóvenes masacrados en Juárez estuvieran vivos para escuchar el debate sobre la seguridad en la frontera “les gustaría volverse a morir”.

Indignarse, desesperarse. ¡Qué cinismo! Escandalizarse cuando el torpe y ruin legislador agrega que “tal vez ya están mejor en otro lugar”. Cuestionar: ¿Tal vez?, ¿en otro lugar?, ¿en cuál? Concluir que las ofensas ya no sorprenden pero igual molestan.

Leer las reacciones del presidente Calderón desde Tokio. Enterarse que pretende “fortalecer” el esquema de seguridad en Juárez. Seguir preguntando: ¿No se había anunciado la retirada del Ejército?, ¿de qué sirve la “guerra contra el narcotráfico”?, ¿sostendrá el gobierno su discurso triunfalista?

Reírse. Recordar que las adicciones y la salud pública están fuera de la ecuación, que se trata de una estrategia de legitimación, de un negocio redondo. Acordarse de aquella máxima periodística que ordena “seguir el dinero” para encontrar la corrupción.

Confirmar que empresas estadounidenses son las principales beneficiarias de esta “guerra”. Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y North Rop Grumman Corporation, publica El Universal. Saber que una investigación a fondo sería escandalosa. Lamentar que nunca tendría consecuencias legales.

Invocar a Carl Schmitt. Descubrir que el politólogo alemán estaba en lo correcto cuando decía que la política se reduce a la distinción entre amigos y enemigos. Recordar que, según Schmitt, los enemigos son necesarios para conservar la propia identidad y que su aniquilación es también la nuestra.

Reconocer que el país está ensangrentado por una guerra no sólo fallida sino inútil, como todas. Condenar la hipocresía: queremos paz pero aplaudimos la violencia si nos convencen con propaganda de que es necesaria. Reflexionar sobre el miedo como mecanismo de control.

Decir la verdad: Felipe Calderón necesita al narcotráfico para llamarse valiente. Denunciar: si las pretensiones de erradicar al “enemigo” fueran reales, ya se le habría asfixiado. Mostrar que la prohibición sólo incentiva al mercado negro y a las mafias, que el antagonismo es una fachada.

Sentir impotencia, rabia. Volver a las imágenes de la masacre. Entender que las culpas rebasan a los sicarios, que los jóvenes no merecían una muerte trágica. Apelar a la conciencia social. Deprimirse…

Diciembre loco

Intrascendente, aburrido y predecible. En materia noticiosa, diciembre suele ser un mes muerto. En estas fechas abundan los contenidos de temporada: la afluencia de vacacionistas a los principales destinos turísticos, las recomendaciones para evitar accidentes carreteros, las temperaturas gélidas, el registro de nevadas, los reportajes navideños y los recuentos anuales.

Las últimas semanas han superado por completo este patrón decembrino. Tanto que quizá se trate del mes más interesante del 2009 desde el punto de vista periodístico. Hablo de la propuesta de reforma política presentada por el Ejecutivo federal, la muerte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y la aprobación del matrimonio entre homosexuales en el Distrito Federal.

Inicio con el arranque presuntamente demócrata del presidente Felipe Calderón. El paquete de iniciativas enviado al Senado el mismo día que se clausuró el primer periodo de sesiones ordinarias pretende abrir espacios a las candidaturas ciudadanas, impulsar la reelección y fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y el sistema político. Su aprobación implicaría también la eventual desaparición de algunos partidos y el otorgamiento de mayores facultades al Ejecutivo sobre el Legislativo.

La propuesta, que se discutirá formalmente hasta febrero, no fue presentada en el momento adecuado. Miguel Ángel Granados Chapa, connotado periodista, opina que la maniobra presidencial fue inoportuna si buscaba impactar a la opinión pública; efecto que difícilmente se logra a mediados de diciembre “cuando el escaso ánimo participativo decae notoriamente por la temporada festiva que está en curso y que no se interrumpe ni siquiera a causa de la profunda crisis que padece la sociedad mexicana”.

Es posible que, luego de analizarse en el Congreso, la iniciativa no se apruebe íntegramente. Para Calderón terminará convirtiéndose en una de esas medallas que les gusta portar a los ex mandatarios, como la que dice “transparencia” y que tanto presume Vicente Fox.

La tranquilidad festiva de estos días se vio interrumpida definitivamente la noche del miércoles 16, cuando fue anunciada la muerte del llamado “Jefe de jefes”, líder del cártel de Sinaloa, tras un enfrentamiento con fuerzas especiales de la Marina en el estado de Morelos. ¿Qué hacía la Marina en Cuernavaca? ¿Qué hacía un narcotraficante viviendo a unas cuadras de la Zona Militar?

La imagen difundida del cadáver ensangrentado de Beltrán Leyva, tapizado con billetes e imágenes religiosas, confirma la preocupante noción de justicia que se ha implantado en el país desde que inició la “Guerra contra el narcotráfico”. Un Estado que ejecuta sin juzgar imita la perversidad de sus enemigos. Esta regresión al porfirismo de “mátalos en caliente” no contempla ni los derechos humanos ni los cauces institucionales. Desafortunadamente, son los propios ciudadanos quienes desde la desesperación claman por estos métodos, especialmente en el norte del país.

Finalmente, en este recuento del diciembre loco, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó a favor del matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo, un paso firme en la dirección de una legislación progresista e incluyente, un golpe certero a quienes pretenden gobernar un Estado laico con morales privadas y medievales.

Sin duda todo lo ocurrido este mes confirma que en México está surtiendo efecto la antigua maldición china que reza: “Ojalá vivas en tiempos interesantes”.

Ciberprotesta

Atestiguamos el inicio de la ciberprotesta en México. Lo que ocurrió esta semana con las páginas Web de algunos partidos políticos, gobiernos estatales y periódicos digitales fue producto de la unión circunstancial entre un medio de comunicación de creciente influencia y las causas que no encuentran desahogo en el ejercicio del poder público.

En lugar de la página original, el navegador abría un mensaje firmado por hackers. Predominaban los colores negro y rojo. En la parte superior de la pantalla destacaba la imagen de una bandera mexicana con la leyenda “Viva México cabrones”. El texto hablaba a nombre del pueblo y en plural reclamaba a los “gobernantes” por su corrupción, cinismo, abuso de autoridad y demás desviaciones.

Comparto las demandas, entre ellas, el cese de la violencia y la necesidad de considerar más propuestas ciudadanas. Los autores promovieron la participación de los cibernautas, quienes también opinaron. Proliferaron los insultos a diputados, los reclamos por la pobreza, las muestras de solidaridad y la celebración de lo que alguien calificó como “sitios vulnerables”.

La expresión de inconformidades en la Red tiene un antecedente exitoso. Recientemente, a través de Twitter (y con la venia de la prensa) un movimiento social consiguió reunirse con legisladores federales y eliminar el impuesto a Internet propuesto por el Ejecutivo federal. Los intentos previos en otros asuntos habían terminado en anécdota, por ejemplo, la de 400 avatares de Second Life que se unieron a las manifestaciones contra la inseguridad en la capital del país.

Si el ciberespacio se midiera en metros cuadrados y además se escriturara, la protesta del lunes sería delictuosa. Sin embargo, la invasión momentánea de sitios de Internet parece superar los alcances de una legislatura caracterizada por su atraso y lentitud. Para estupor de las leyes mexicanas, la Red no es sólo un medio más para la comisión de delitos sino un mundo aparte que merece atención.

Omitiendo las consideraciones anteriores y aceptando que el acto ofende, es decir, desde la crítica automática y compartida, el daño no existe. La necesidad tampoco. Es tan vasta la capacidad de la Red y tan amplia su diversidad temática, que resulta innecesaria la apropiación de espacios que podrían crearse gratuita y libremente en otros dominios. No obstante, la conquista temporal y virtual que nos ocupa atribuye la visibilidad a sus métodos.

Detrás de la exigencia hay frustración, detrás de la frustración ineficacia. Aunque por su naturaleza el Estado se imponga, no puede negarse al diálogo. Si se presume en el discurso debe exigirse en los hechos. Si no, las propuestas razonadas y a veces razonables terminan ignoradas, cual cháchara minoritaria en la discusión simulada de una decisión consumada.

En lo real y en lo virtual, la sociedad buscará solucionar sus problemas, difundir prioridades. El ciclo de protestas que continúa en México -y que inaugura su faceta en línea- culminará en reformas y cambios. Si los reclamos llegan a oídos sordos, la frustración encontrará nuevos canales y tarde o temprano se convertirá en violencia. Este mal no surge sin impotencia y eso lo entiende el gobierno federal.

Infamias

Mientras los mexicanos cruzaban el umbral de un fin de semana largo y se ocupaban gustosos de sus tradiciones, se gestaba desde el Poder Legislativo un alza de impuestos, un golpe más al bienestar de los “representados”.

En ese momento, los pormenores de la infamia eran conocidos por pocos, incluyendo a quienes seguimos la discusión en el Canal del Congreso. Para una inmensa mayoría, las noticias llegarían después. Quienes ignoraban el hecho confiarían nuevamente en la televisión, su medio predilecto.

Las Fiestas de Muertos habían finalizado y lo “milenario” de la tradición fue más importante que lo “inmediato” de la información. Sólo este criterio explica que el noticiero de Joaquín López-Dóriga en Televisa fuera dedicado el lunes 2 de noviembre a la “magia” y la “diversión” del folclor mexicano.

Tardíamente, llegada la hora en que las Fiestas de Muertos parecían ser el acontecimiento periodístico del día y que gran parte de la audiencia estaba (al menos) adormilada, se transmitió la crónica.

Si Televisa dijo la verdad, no hay de qué preocuparse: el debate en el Senado se redujo a una discusión entre el perredista Carlos Navarrete y el panista Gustavo Madero. No hubo controversias en San Lázaro, los diputados se veían tranquilos en sus curules. Las bancadas del PRI y el PAN no fueron acusadas de proteger intereses económicos en detrimento de la economía popular. Una maravilla, casi nada.

Todo lo contrario. La falsedad e irresponsabilidad de la información indigna tanto como el cinismo de los legisladores que salieron a decir que “pudo ser peor”. Total, los mexicanos somos cobardes y de memoria corta. ¿Quién va a exigirle al PAN la “Acción Responsable” que ofreció en campaña? ¿Quién recordará que “Primero tu economía” era un compromiso del PRI?

Es posible que la facilidad para exprimir al país con la complicidad de los medios alcance extremos insospechados. Las ambiciones de la clase política son verdaderamente inagotables. La situación imperante lo demuestra. Como si la violencia, la crisis económica y el desempleo fueran poco, parece que sólo empeorarán. ¿ “Por el bien de México”? ¿Por el bien de quien?

Un aumento en los gravámenes es indefendible. Castigar al salario y al consumo es la mejor forma de expandir la miseria en tiempos de escasez. En Alemania lo saben y hace unas semanas acordaron reducir los impuestos en 24 mil millones de euros para fomentar el crecimiento. Siguiendo las comparaciones, descubriríamos que mientras el Internet de banda ancha es un derecho constitucional en Finlandia, los legisladores mexicanos pretendían gravarlo con un 3 por ciento.

Y se excusan a través de los medios: que si para ayudar a los pobres, que si el boquete fiscal, que es un mal necesario, que el paquete fiscal es “responsable y patriota”. El engaño es evidente. El Ejecutivo federal sigue parloteando sobre austeridad mientras la Oficina de la Presidencia solicita un aumento del 98 por ciento en su gasto para 2010, según publicó ayer el periódico Reforma.

La indignación es uno de los principales motores del Periodismo, y a través de él debería expandirse. Urgen cambios de fondo. Es común escuchar que un estallido social se acerca y a menos que “las instituciones” recuperen la cordura, el augurio podría consumarse.

Intenciones a prueba

La Cámara de Diputados aprobó federalizar los delitos contra la libertad de expresión y pareciera que los periodistas en México tenemos razones para celebrar. La reforma pretende evitar que las mafias locales atrasen las investigaciones derivadas de impedir la actividad periodística. Esto significaría un logro para los informadores que, por décadas, han insistido en el tema.

El proyecto fue aprobado por el mínimo necesario de votos por una simple razón: muchos diputados estaban ausentes. En espera de que el Senado revise y vote el texto, uno de los elementos más rescatables es la definición de "actividad periodística" que incluye un amplio espectro de labores -desde la fotografía hasta la edición- y contempla a los reporteros freelance, es decir, a quienes no trabajan para un medio específico y publican ocasionalmente.

Las críticas a esta adición al Código Penal Federal señalan que se trata de una medida “electorera” y podrían confirmarse en la importancia que se dio a las declaraciones de César Duarte, presidente de la Cámara, quien súbitamente se convirtió en un ardiente defensor de la libertad de prensa.

Por otro lado, de acuerdo al más reciente reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habría pocos motivos para alegrarse. En el primer trimestre del año, tres reporteros fueron asesinados y 46 presentaron quejas por agresiones. Esto sin contar las denuncias ante las comisiones estatales y los actos intimidatorios que no son reportados.

Según la CNDH, los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son Veracruz y Oaxaca, cada uno con 27 por ciento de las agresiones totales. Solamente durante el fin de semana, se registraron en Oaxaca tres casos que pondrán a prueba “la buena voluntad” de la legislación que pretende reconocer el derecho a una opinión pública informada.

El lunes pasado fue asaltada en la capital oaxaqueña la periodista Rebeca Luna Jiménez, quien se dirigía a su casa cuando un motociclista comenzó a seguirla. Más adelante, ocho sujetos rompieron los cristales de la camioneta en que viajaba, la insultaron y le robaron su computadora portátil.

Otro informador, Jaime Méndez Pérez, fue perseguido y empujado por una multitud en San José del Progreso, Oaxaca, donde una mujer le arrebató su cámara fotográfica mientras era amenazado con garrotes.

A estos casos, se suma la denuncia presentada por Federico Carrera, reportero y corresponsal, quien fue golpeado por policías que recibieron por radio la instrucción de “partirle la madre”. Los guardianes del orden también lo despojaron de 5 mil 500 pesos.

En este contexto, son necesarias las medidas aprobadas por los diputados que fueron a trabajar. Sin embargo, en un país donde las leyes se confunden con recomendaciones, su efectividad está condicionada. Si los casos mencionados son resueltos sin dilaciones, sabremos que México es un mejor país para ejercer el periodismo. De lo contrario, nos ahorramos la fiesta y también las preocupaciones. Ya estamos acostumbrados...