Libre pero amarrado

La liberación de Diego Fernández de Cevallos es el desenlace de un secuestro pero no el final del caso. Tras ignorar siete meses el tema, Televisa consiguió la exclusiva: Joaquín López-Dóriga salió la mañana del lunes a informar que el ex candidato presidencial estaba “débil pero fuerte”. La noticia se confirmó horas después, algo que no ocurrió en primicias anteriores, como la de El Universal, el sábado 27 de noviembre.

Según se ha publicado, fue el propio Diego quien encabezó la negociación con sus captores. El monto del rescate habría alcanzado los 30 millones de dólares, un monto superior a los 360 millones de pesos. Además de haber pactado su libertad, Diego también se encargó de los medios. Como si un grupo de expertos en comunicación de crisis lo hubiera asesorado, trazó una ruta perfecta para manipular a la prensa según sus intereses.

Primero dio imagen: se paseó en su Mercedes y saludó a las cámaras. Luego dio su primer mensaje y prometió una nota informativa. Por la noche ofreció entrevistas y al día siguiente inició las diligencias para apagar el asunto: “Salgo para saludarlos y para pedirles amigablemente que ya se vayan. ¿Se puede o no?”. En menos de 48 horas, la lucidez de la víctima de un delito que se prolongó por más de 7 meses alcanzó para diseñar una estrategia mediática exitosa.

En sus declaraciones públicas, el ex senador panista ha repetido sistemáticamente tres mensajes clave: 1) Está agradecido (su lista incluye a figuras religiosas, a la sociedad y a los periodistas). 2) No discutirá el pasado (dejó claro que no dará detalles del secuestro pues decidió “vivir para adelante”). 3) Considera innecesaria la continuación de la cobertura informativa (asegura que su secuestro es “uno más” y que los medios deberían enfocar su atención en otros temas).

El caso de Diego Fernández de Cevallos no es “uno más”, es el secuestro de todo un país. Es una prueba contundente de la vulnerabilidad de la población ante los criminales. Si uno de los hombres más poderosos e influyentes del país fue víctima, el ciudadano promedio vive en total indefensión. No es “uno más” porque logró paralizar las investigaciones, ¿desde cuándo la PGR renuncia a sus obligaciones por la petición de una familia?

Tampoco es “uno más” por la naturaleza ideológica del grupo que lo capturó. En su último comunicado, los “Misteriosos Desaparecedores” critican a la clase política y defienden la violencia como un recurso ineludible: “La violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria”. ¿Por qué olvidar que su causa fue recientemente financiada con números dignos de un final de Teletón?

Diego no puede hablar: está libre pero amarrado, y por eso se sacude a los medios. Aunque haya salido vivo, en el sentido más amplio no se trata de un final feliz. Hay demasiado en juego y muchas interrogantes en el aire. Las respuestas deberían venir de la autoridad, aunque todo parece indicar que nuevamente se apostará al olvido.

Billetes a la hoguera

Al Congreso le llueven felicitaciones del gobierno federal. Los diputados bailaron al son de Los Pinos y ganaron su palmadita en la espalda. Consiguieron el aplauso presidencial, un reconocimiento que se piensa digno de quienes glorifican a la Patria. Y todo por alimentar con miles de millones de pesos la agenda e intereses de Felipe Calderón y los suyos.

Los temas fuertes en la Cámara de Diputados se trabajan al interior, pero también afuera, en el ámbito de la opinión pública y los medios. Desde la prensa, un trance legislativo se construye por etapas. Cada vez que el Congreso tiene en sus manos una decisión de alto impacto, se desata una serie eventos que podrían clasificarse cronológicamente: antes, durante y después.

Antes de cualquier iniciativa o discusión, surgen los declarantes que empujan o critican el tema pero lo “calientan”. Cuando el asunto llega al debate, las fuerzas políticas fijan su postura y critican la contraria. Quienes comparten la opinión mayoritaria validarán la votación y los restantes serán tratados como una minoría anecdótica. Después del resultado, sus beneficiarios aplaudirán al Poder Legislativo. Los demás se quejarán.

Esa historia se repite cada año. El presupuesto es un juego de sumas y restas donde se calculan los reclamos, se ponderan las ganancias y se finge interés en los votantes. Cuando se trata de repartir los recursos del Estado, siempre hay ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿quién gana y quién pierde? ¿de dónde vienen los elogios?

Un funcionario me dijo alguna vez: “No hay nada mejor que gastar el dinero ajeno”. El dinero de todos se invierte en las causas de algunos. Quienes celebran la repartición lo hacen porque significa un impulso directo a sus prioridades. La administración federal reconoce la “responsabilidad” de los legisladores porque apadrinaron su lista de intereses, especialmente su estrategia de seguridad.

Los diputados le echaron billetes a la hoguera de Calderón. ¡La asignación de financiamiento en materia de seguridad para los estados y municipios es la más alta en la historia del país! Sólo para la implementación del mando único policial se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos. Según cifras oficiales, el presupuesto de seguridad nacional tuvo incremento real de 8.1 por ciento respecto al año pasado.

Asuntitos como la salud, la educación y el combate a la pobreza quedaron en segundo plano. Miles de mexicanos morirán desatendidos, otros más no saldrán de la primaria o siquiera del analfabetismo, y millones más vivirán con menos de lo mínimo. Pero habrá armas, soldados, sicarios, balaceras, muertos, persecuciones, bloqueos, detenidos y ejecutados. Todo eso que los mexicanos anhelamos.

¿Quién cree que la seguridad es tanta como la inversión en ella? Más aún, ¿quien creerá en este argumento cuando haya terminado el sexenio de Felipe Calderón? Mientras tanto, el "presidente del empleo" tiene razones para festejar: los diputados le autorizaron más plazas para la Sedena y la PGR.

NarcoTV

Una exclusiva de “El Chapo News” conmociona a Chihuahua. El último episodio de NarcoTV acusa a la ex procuradora, Patricia González, de nexos con el Cártel de Juárez. El protagonista es su hermano, secuestrado la semana pasada y colocado frente a una cámara para ser interrogado. Según la acusada, fue grabado en un cubículo de los edificios diseñados para el nuevo sistema penal. Los productores y entrevistadores son paramilitares uniformados y con armas largas.

Pero eso no es todo, la saga tiene cinco capítulos más. Así lo informo en entrevista con Carmen Aristegui el periodista exiliado Jorge Luis Aguirre, director de LaPolaka.com, medio que difundió el primer video. Vía satélite desde Estados Unidos, Aguirre comentó que el grupo responsable del mensaje -presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa- tiene preparados nuevos escándalos, aunque negó tenerlos en su poder.

“Es una venganza”, dice la ex procuradora. Patricia González argumentó que los afectados por su impecable labor justiciera quieren desprestigiarla. Dijo que los captores de su hermano son policías en activo y despedidos, y rechazó haber ordenado ejecuciones de periodistas y líderes comunitarios, como sugiere el interrogatorio. Por su parte, la PGR emitió un comunicado con la típica respuesta a los asuntos delicados: estamos investigando.

Las opiniones sobre el caso en los últimos días pueden clasificarse en dos categorías: legalistas y alarmistas. Las primeras descartan cualquier valor del video porque el declarante está encañonado y porque sus afirmaciones no tienen valor probatorio en un juicio. Las segundas, aprovecharon la revelación para extrapolar el tema y llevarlo a nivel de Estado. Según dicen, se evidencia su debilidad y la existencia de grupos insurgentes.

No comparto estos extremos. Pese al contexto, es un error minimizar las confesiones del hermano de la procuradora, aunque resulta exagerado el intento de tomarlas como prueba irrefutable de los males que aquejan a todo el país. No obstante, el episodio permite reflexionar sobre la forma y no sólo sobre el fondo.

La guerra por las “plazas” en México lleva meses librándose en el frente comunicativo. Preocupa que el crimen organizado se haya convertido en un proveedor frecuente de contenidos para los medios. En la medida en que se transmitan, continuarán llegando a las redacciones o apareciendo en Internet. En mi opinión, la obligación de informar no exime de la responsabilidad que en última instancia conlleva la publicación de mensajes diseñados por narcotraficantes.

Es cierto que la agenda periodística es manipulable, que los medios están ahí para reproducir lo noticioso, sea lo que sea. Sin embargo, cuando se abren espacios al narcotráfico existe el riesgo de que la prensa termine controlada por criminales. Sin un debate al interior de los medios, lo que irónicamente llamo NarcoTV o “El Chapo News” llegó para quedarse. La delincuencia seguirá tomando carreteras, municipios, estados, noticieros y primeras planas...

De la burocracia a la impunidad

La indignación generada por los asesinatos de periodistas aumenta con las reacciones de quienes se hacen llamar “servidores públicos”. Ante lo que constituye una afrenta a la democracia y a los derechos fundamentales, las autoridades correspondientes evaden su responsabilidad y distraen la atención pública con el viejo debate de las competencias.

Se trata de evadir culpas, pero también obligaciones. Así ocurrió con el homicidio de Luis Carlos Santiago Osorio de El Diario de Juárez. Los hechos sucedieron alrededor de las 14:30 horas del 16 de septiembre en la ciudad más violenta del país, horas después de que el gobierno federal se vanagloriara por un festejo patrio “en paz y con unidad”.

Un grupo de sicarios disparó contra un automóvil propiedad del periódico. En él viajaban dos practicantes que aspiraban convertirse en reporteros gráficos; uno sobrevivió. Este atentado justificó la publicación de un editorial no sólo polémico, sino histórico en el desarrollo de la prensa nacional.

El domingo pasado El Diario de Juárez sucumbió ante el miedo y se dirigió al crimen organizado: “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.

Esta postura ameritó un regaño desde Los Pinos. Durante una conferencia de prensa, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, estableció la prohibición de pactar, negociar o promover treguas con los criminales. Aceptó que es tarea del Estado garantizar la libertad de expresión, aunque de inmediato aplicó la censura.

La supuesta autoridad de Poiré proviene de un ceño fruncido y de un cargo fabricado cuando fue removido de Gobernación. Su tarea consiste en responder las preguntas de los reporteros en la ignorancia de datos elementales. Poiré es un vocero desinformado, lo evidenció cuando dijo que el móvil más probable de la agresión a Santiago Osorio es “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.

¿Qué hay de las amenazas a El Diario de Juárez? ¿No debería ser esa la primera línea de investigación? El vocero de Seguridad Nacional respondería que él simplemente reproduce la versión de la Procuraduría de Chihuahua. Luego nos recordaría se trata de un delito del “fuero común” y dejaría claro que el gobierno federal sólo “coadyuvará”. En pocas palabras, la PGR se deslinda del tema y justificará cualquier conclusión de la instancia local, por absurda que sea.

La justicia en México es como el agua en un desierto: escasa y absolutamente necesaria, pero no se materializa por el hecho de exigirla o desearla. La impunidad reinante en el país demuestra que los defensores de la ley sólo la usan para ocultar y prolongar su propia mediocridad. Si hubiera intenciones auténticas de resolver este y otros casos, lo último que escucharíamos de las autoridades sería una sarta de formalidades superfluas y excusas burocráticas.

El Diario de Juárez argumentó impecablemente su mensaje público al crimen organizado. El Estado se irrita porque se siente desplazado. Sin embargo, esta realidad no es atribuible a un periódico en particular o a los medios en general, sino a un gobierno que ha perdido el monopolio de la fuerza en territorios enteros. La libertad de prensa no existe en Chihuahua, lo peor es que sólo los periodistas están preocupados.

Los federales en Juárez

El colmo de un gobierno que abusa de las soluciones policíacas es perder el control de su policía. Si en México los problemas sociales de toda índole se resuelven con la fuerza pública y si la administración en turno decidió que el tema del sexenio sería su lucha por la seguridad, no hay peor escándalo que la corrupción al interior de corporaciones federales.

Este fin de semana estuve en Ciudad Juárez para dar seguimiento a la rebelión de elementos de la Policía Federal contra sus mandos. Fue la nota del fin de semana: cerca de 300 uniformados se amotinaron el sábado en un hotel del que sacaron a golpes a uno de sus comandantes y lo acusaron –junto a tres jefes más– de exigirles cuotas y vincularse con el crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los cuatro acusados habían sido relevados de su cargo y que serían investigados por la PGR. Según la dependencia, los elementos inconformes seguirían patrullando las calles de Juárez, aunque hubo versiones sobre su traslado al Distrito Federal. Finalmente la Policía aceptó que un “grupo de personas instigadoras” fue segregado por insubordinación. No precisó el número.

Esto es gravísimo. Ciudad Juárez sigue siendo la capital de la violencia en el país, aunque las fuerzas federales llegaran ahí en abril del 2008 como parte del “Operativo Conjunto Chihuahua”. La desconfianza en las corporaciones locales y su ineficacia eran parte de la argumentación. Desconfianza e ineficacia. Estos temas ya alcanzaron a la Policía Federal, principal responsable de la estrategia de seguridad tras el retiro paulatino del Ejército.

Juárez es la sombra de aquel municipio vibrante que fue: casas abandonadas, negocios cerrados y el temor de miles de familias que prefieren quedarse en casa. Los retenes han disminuido desde la explosión del coche bomba hace unas semanas, pero agentes federales continúan recorriendo las vialidades con sus armas largas.

Me sorprendió descubrir que muchos juarenses prefieren el regreso del Ejército. ¡La militarización parcial de un territorio es más noble que los federales! La Policía Federal no ha sido precisamente ejemplar, la población lo sostiene y los hechos del sábado lo comprueban. Algún día le cambiarán de nombre.

El tema es incómodo para la secretaría encabezada por Genaro García Luna. ¿Cómo apagarlo en los medios? Negar y fabricar: las artimañas favoritas de las oficinas de Comunicación Social. Bloquear las peticiones de información y luego distraer a la prensa con algo. ¡Qué mejor que un impresionante operativo sin resultados en Bosques de las Lomas!

El gobierno federal ofrece un espectáculo policiaco en una zona acaudalada del Distrito Federal a cambio de opacar un asunto que le incomoda. Ese fue el trueque implícito con los medios nacionales. Lo de Juárez se estaba investigando y escaseaban los datos. El problema en México es que las investigaciones inician o continúan pero casi nunca concluyen. Al menos mediáticamente.

Ese jaloneo entre el gobierno y los medios abre una brecha: la desinformación. ¿Por qué? Porque una noticia irrelevante pero vistosa puede quitarle atención a otra de verdadera importancia. En esa batalla permanente entre ocultar e informar, entre la negligencia de unos y el oficio de otros, la sociedad pierde. Si no, pregúntenle a los juarenses.

Guerra de videos

Las cámaras de video son las nuevas armas del narcotráfico. Mediante la difusión de supuestos interrogatorios a policías o miembros de cárteles rivales, la batalla por el dominio de plazas se amplió al frente comunicativo. Pareciera que el crimen organizado requiere enviar mensajes para seguir operando. Poco a poco, las ‘narcomantas’ son desplazadas por YouTube.

Hace una semana se difundió un video que culminó en la detención de la directora del Cereso número dos de Durango, Margarita Rojas. En él, aparece un supuesto policía con indicios de tortura que es flanqueado por dos encapuchados. En respuesta a las preguntas de un tercero, el prisionero afirma que las autoridades penitenciarias consienten las salidas nocturnas de un grupo de sicarios. El sujeto, identificado como Rodolfo Nájera de 25 años, es ejecutado después.

La grabación de este material fue atribuida a Los Zetas. La información contenida en poco menos de 10 minutos fue confirmada el fin de semana por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Las aventuras nocturnas de los reos incluirían -según la versión oficial- la ejecución de 17 personas en Torreón el pasado 18 de julio. Además de Margarita Rojas fueron detenidos el subdirector y dos jefes del penal.

Los enemigos de Los Zetas se ofendieron. Este lunes fueron levantados cuatro periodistas en la región lagunera: un camarógrafo de Televisa, el jefe de información del programa Punto de Partida, un reportero local y un camarógrafo de Grupo Multimedios. Sus captores exigieron a los medios de comunicación terminar la cobertura sobre el Cereso número dos y la transmisión de otro interrogatorio.

En el nuevo video se observa a dos presuntos Zetas, un hombre y una mujer que aparecen encañonados. Para desmentir la versión anterior, los prisioneros aseguran que el primer video se trató de un montaje para “meter al bote” a la directora del penal con el objetivo de ganar la plaza. La disputa es entre Los Zetas que dominan Torreón y el cártel de Sinaloa que tiene presencia en Durango.

¿Qué validez tiene una declaración obtenida con agresiones o tortura? ¿Es correcto que la prensa reproduzca los mensajes emitidos por el crimen organizado? ¿Quién responderá por la vida de los periodistas que se han convertido en rehenes de la negociación informativa promovida por los cárteles?

En el mundo existen medios que niegan su atención a organizaciones violentas. El diario español “El País” -por ejemplo- establece en su Libro de Estilo que acoge todas las tendencias “excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines”. Pero si el nuevo modus operandi consiste en secuestrar a reporteros para presionar a sus medios, ¿hay otra alternativa?

La guerra de videos es la nueva política de comunicación de los narcotraficantes. Ellos quieren su espacio y lo consiguen con amenazas. Esta situación es tremendamente delicada para la libertad de expresión en México. Hay indignación y preocupación en el gremio periodístico, pero también esperanza de que los colegas sean liberados. Todos estamos en riesgo porque nadie garantiza nuestra seguridad, aunque esa sea la obligación elemental de cualquier Estado.

La noticiosa nada

Se informa que no hay nada que informar… así han transcurrido los días desde la desaparición de Diego Fernández de Cevallos. El sábado 15 de mayo, el panista Manuel Espino inició la controversia cuando escribió en Twitter: “Hay mucho rumor sobre la desaparición del Jefe Diego, me dicen que está muerto y el cuerpo en el campo militar de Querétaro.”

Inició el furor mediático y también las especulaciones. La inexplicable ausencia de un ex candidato presidencial obtuvo primeras planas y horario estelar. Se desconocían los detalles del hecho: “Nada se sabe del Jefe Diego”, publicó Milenio diario. El periódico La Prensa exclamaba “¡Nada!” en su portada. Se reportaba el tema y con suerte su contexto, pero faltaban detalles básicos.

La culpa no es de los medios, sino de los responsables de la investigación. Ninguna autoridad discute el caso. El hermetismo despierta sospechas pero éstas –como los rumores- son insuficientes desde el punto de vista periodístico. ¿Cuánto más puede prolongarse en la agenda noticiosa un tema sustentado en el vacío informativo? Televisa respondió a su manera la noche del lunes.

Luego de la cobertura extraordinaria del sábado por la noche, Joaquín López-Dóriga comenzó la semana explicando en cadena nacional las razones de la televisora para ignorar la historia hasta su desenlace. Algunos dicen que la orden vino desde el gobierno federal. Televisa argumenta el “respeto a la familia” y el “respeto a la vida”. López-Dóriga señaló que la medida no fue fácil pero será firme.

No sorprende que Televisa omita información, sino que justifique el acto. En el ahora olvidado “caso Paulette” -que inicialmente implicaba una “desaparición”- ninguno de los argumentos mencionados se le ocurrieron a la empresa. No por eso me uno a la crítica automática a su decisión. Como periodista y televidente me parece exagerada y a la vez razonable.

La exageración radica en asfixiar un tema de interés nacional con la promesa de resucitarlo cuando concluya, asumiendo que en su desarrollo no habrá episodios relevantes. Lo razonable es evitar la repetición innecesaria de un hecho sobradamente conocido, independientemente de las reacciones que genere. Lo criticable es el bloqueo informativo desde la Procuraduría General de la República y el gobierno de Querétaro. ¿Cuánto más resistirán la presión de los medios?

Eventualmente Diego Fernández de Cevallos aparecerá muerto o será liberado. Carmen Aristegui ha difundido la posibilidad de que miembros del crimen organizado lo hayan secuestrado para negociar con el gobierno federal. De confirmarse esta hipótesis, la “colombianización” mexicana sería inminente. Tampoco descartemos la posibilidad de que las procuradurías terminen difundiendo alguna versión que insulte a la inteligencia y al sentido común.

Vivimos en el país donde todo pasa y nada pasa. Cuando la prensa depende de la versión oficial para seguir reportando y el gobierno ha decidido que el tema le incomoda, inicia una carrera de resistencia. Las dependencias apuestan al desgaste con boletines escuetos y llamados al respeto. Los medios deberían insistir e investigar por su cuenta. Sólo así existe la esperanza de que pronto haya algo que informar…

Verdades riesgosas

Desde una ubicación secreta, la periodista Ana Lilia Pérez se confiesa en “las horas más terribles” de su vida, luego de investigar y publicar presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. La liberación de una orden de aprehensión en su contra la mantiene prófuga, oculta de su familia, amenazada de muerte y temerosa de algo peor que la cárcel. Ser detenida por policías, dice ella, sería “el mejor de los casos”.

La denuncia por “daño moral” se remonta a un par de entrevistas que la reportera de Contralínea realizó a Jesús Alonso Zaragoza, accionista mayoritario del grupo Zeta Gas. El empresario declaró, por ejemplo, que durante el sexenio de Vicente Fox era recibido por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, quien le ayudaba en sus negocios a cambio de recursos para la campaña presidencial.

Zaragoza detalló la forma en que sobornaba a las autoridades locales y federales para instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas. Las revelaciones incluyen el ofrecimiento que le hicieron directivos de Pemex para ingresar al negocio de los ductos, mucho antes de que las ambiciones por el “el tesoro” dibujaran la posibilidad de una reforma energética privatizadora.

Ana Lilia Pérez fue responsable de publicar en febrero de 2008 los polémicos contratos que firmó en su dualidad de empresario y secretario de Gobernación el fallecido Juan Camilo Mouriño –figura entronada por los estándares morales de su partido- quién habría sacado provecho personal de un cargo público. La periodista fue demandada junto a Miguel Badillo, director de Contralínea, quien fue detenido el 16 de enero y que, junto a Pérez, denunció actos de acoso e intimidación ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las amenazas, según los comunicadores, provendrían de los abogados de Jesús Alonso Zaragoza y de funcionarios de varios niveles.

Las verdades riesgosas para un sistema político corrupto lo son también para los periodistas que las descubren. Así lo demuestran las arbitrariedades que culminaron en las órdenes de aprehensión, derivadas del presunto desacato a una orden judicial que no fue notificada.

Zaragoza reconoció su voz en las grabaciones pero deploró su publicación. Su defensa argumentó que era propietario de 80 empresas mientras que Ana Lilia Pérez era una “pobre reportera”. Quizá por eso, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la declararon confesa y permitieron que el hombre de negocios ingresara al juzgado con un guardaespaldas armado.

Los argumentos de los jueces y magistrados resultan absurdos; situación frecuente cuando la Justicia se retira la venda y acepta pagos para alterar su balanza. El año pasado se resolvió que la periodista no tenía derecho a divulgar las respuestas del empresario, entre otras razones, porque los hechos narrados sucedieron en la frontera norte y ella radicaba en la capital del país.

El hecho preocupa y aunque la huída de Pérez sea cuestionable, puede justificarse en el contexto. Lo que Albert Camus llamó “el oficio más bello del mundo” es también –como señalaron los hermanos Flores Magón a inicios del siglo pasado- una actividad “ruda y peligrosa como toda labor encaminada a desenmascarar el abuso”.

Los delincuentes libres y los periodistas ocultándose: paradojas de un país donde 44 comunicadores han sido asesinados en los últimos ocho años. Si los médicos juran defender la vida, los periodistas se deben a la verdad. En el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, como diría Ana Lilia, nuestra única arma es la palabra.