Excusas con caducidad

Cualquier “Día Internacional de…” está en riesgo de no celebrarse en México. Lamentablemente para el país, ese tipo de fechas invitan al análisis externo e interno de aquello que se conmemora. Ocupamos primeros lugares pero nunca presumibles. El resto del tiempo somos ejemplo de corrupción, falta de transparencia y violaciones a los derechos humanos.

El “Día Internacional de la Prensa” no fue la excepción. Este lunes, mientras en algunas latitudes se presumían avances, en México se señalaban (otra vez) los horrores. Así ha sido durante años en este y otros temas. Con 62 periodistas muertos desde el 2006 es difícil alegrarse. Mientras tanto, los gobiernos ignoran, minimizan o justifican… según el caso.

Si la libertad de prensa y el derecho a la vida fueran verdaderas prioridades del Estado mexicano, ¿no serían los últimos años la mayor prueba de su fracaso? Prefiero pensar que no le importan. Quizá el Estado sea efectivo en otros asuntos… Así que –desde un optimismo infundado- hasta soy benevolente.

El caso es que México es la letrina del periodismo mundial. Pero no nos sintamos solos. Están con nosotros países soberanos, libres y democráticos como Irak, Irán, China, Somalia y Ruanda. Los pueblos más oprimidos del mundo comparten nuestra desgracia. El panorama es desolador.

La organización Reporteros Sin Fronteras dice que somos el país más peligroso para la profesión en Latinoamérica. Eso nos ubica por debajo de países que –por razones culturales- consideramos “inferiores”, especialmente en Centroamérica. Al paso que vamos, la excusa de que “podríamos estar peor” se acerca a su fecha de caducidad.

Tampoco hay esperanza. Los políticos mexicanos sienten tal compromiso por sus dichos y promesas de campaña que los candidatos que hoy condenan los ataques a periodistas serán quienes mañana los ordenen desde su escritorio. En algún punto, la creencia en la posibilidad de un cambio se vuelve insostenible. Son cada vez más quienes lo entienden.

Pese a esto, la propaganda en México es exitosa: ante el virtual colapso del país, son muchos los que -sin que su empleo en la administración pública esté en riesgo- defienden ardorosamente la convicción de que “vamos bien”. Y no los critico. Que veneren a futbolistas o a galanes de telenovela si quieren, pero que abran los ojos. Que no anden por ahí desinformados.

Justo aquí se cruzan dos desgracias: la del público que no quiere informarse y la del reportero que no puede informar. La ignorancia y la censura son los ingredientes centrales del infortunio periodístico en México. Se sabe que no hay democracia sin prensa libre y se intuye que nada de eso existe aquí.

La emboscada en que dos reporteros de la revista Contralínea fueron atacados la semana pasada en Oaxaca ejemplifica las condiciones en que los periodistas laboran en el país. Érika Ramírez y David Cilia sobrevivieron. Su caso se suma a las agresiones contra los periodistas de Contralínea, cuyas oficinas en el Distrito Federal fueron allanadas por cuarta vez el 10 de abril.

La situación del periodismo es alarmante pero a pocos les inquieta. Es como un automóvil que lleva horas sonando en un estacionamiento y ni los vigilantes se acercan. Estamos acostumbrados al sonido de la infamia. A menos que esto cambie, continuarán las amenazas y las muertes. Los “días internacionales” seguirán ahí como una invitación a sentir vergüenza. Ese es el primer paso…

El precio de informarse

La gratuidad de la información en Internet tiene los días contados. En esto coincidieron los representantes de medios de comunicación internacionales que se reunieron del 9 al 11 de marzo en los Emiratos Árabes Unidos.

El periodismo de calidad es costoso y no puede regalarse. Así lo manifestaron directores y editores durante la primera Cumbre de Medios en Abu Dhabi, evento en que participaron personajes como Eric Schmidt, presidente de Google; y Rupert Murdoch, principal accionista de News Corporation.

Murdoch -quien es propietario de los periódicos The Times y The Sun en el Reino Unido, además del Wall Street Journal y el New York Post- defendió la necesidad de cobrar los contenidos de Internet.

Su hijo y presidente de la compañía, James Murdoch, habló también durante la Cumbre. Aseguró que la reproducción no autorizada de contenidos originales es un robo que no puede ser tolerado.

“Debería existir el mismo nivel de santidad que rodea a una propiedad. El contenido no es diferente. (Los consumidores) No son niños traviesos. Deben ser sancionados”, sentenció el empresario.

Una propuesta distinta fue la de AllVoices.com, un sitio de noticias que publica reportes ciudadanos. En esta plataforma cualquiera puede consultar y enviar notas desde una computadora o teléfono celular.

Y aunque su credibilidad como fuente noticiosa sea discutible, el proyecto impulsa con éxito la democratización informativa; un fenómeno percibido como una afrenta desde la lógica empresarial.

La información tiene precio. La pregunta es quién lo paga. El paradigma actual en el negocio de los medios sugiere un balance entre publicidad y suscripciones: el dinero viene de los compradores y patrocinadores.

El problema de la regulación comercial de Internet es la inercia. El usuario -acostumbrado a la navegación ilimitada y sin condiciones- difícilmente aceptará la súbita imposición de tarifas a servicios que eran gratuitos. Pese a esto, la tendencia es restrictiva.

En México, el periódico Reforma ha mantenido durante años la decisión de proteger con contraseña el acceso a su portal de noticias. El tráfico es limitado pero genera recursos. Algunos textos burlan la restricción comercial y se cuelan a los blogs.

En contraste, El Universal optó por el libre acceso. La estrategia les ha ganado una posición privilegiada en el ranking de los sitios más visitados del país. Sin embargo, la saturación publicitaria no es suficiente para financiar el proyecto.

La complejidad del tema es evidente. A falta de fórmulas garantizadas es conveniente evitar los extremos: ni la cacería promovida por individuos como Murdoch, ni un esquema que trivialice –y por lo tanto asfixie- la profesión periodística.

El reportero ciudadano es un cómplice en la tarea de informar. No obstante, la labor central corresponde a la prensa. La credibilidad cuesta porque es un trabajo de tiempo completo.

El espíritu de la era de la información parece contrario al de la rentabilidad. En el sistema económico capitalista domina el acaparamiento, una práctica imposible ante el flujo incesante de datos en la Red.

El debate debe centrarse en la calidad y no en el precio. En la sobreabundancia de “noticias”, la calidad se vuelve necesaria. Esta necesidad permitirá una comercialización amplia que surja del compromiso informativo y no de una imposición que criminaliza al usuario para obtener beneficios.

Desastres

Las señales de Fox News y CNN International eran contundentes. En cualquier momento un tsunami golpearía las islas de Hawaii y nosotros, los televidentes, presenciaríamos en vivo y sin cortes comerciales el poder destructor de la naturaleza.

Los minutos transcurrieron y la información se agotó. Iniciaron las reiteraciones y se multiplicó el relleno. La transmisión se alargó hasta que la tensión desapareció. Al final, el pronóstico falló pero la cobertura significó el nacimiento de un género televisivo: la transmisión anticipada de catástrofes naturales.

Ocurrió el sábado 27 de febrero, horas después del sismo en Chile. Por instantes, se vislumbró la posibilidad de un evento más en la lista de los desastres que han sacudido a la humanidad en los últimos meses.

Desde el punto de vista periodístico, estas tragedias representan oportunidades, retos y riesgos. Oportunidades porque las historias pueden contarse hoy como nunca antes. Retos porque requieren de enfoques diferentes y creativos. Riesgos por la tendencia a convertir la noticia en espectáculo y por la abundancia de fuentes incapacitadas o ignorantes.

Impactar es cada vez más sencillo. Son tiempos de bonanza para el periodismo, sobran cámaras y ciudadanos que registren el momento preciso en que suceden los hechos. Los avances tecnológicos permiten también que la información se complemente, por ejemplo, con imágenes satelitales o sobrevuelos virtuales.

En estas circunstancias, el desafío es la innovación. Los testimonios y las escenas de devastación son prácticamente iguales después de un sismo en cualquier latitud. Importa pues ampliar el contexto, buscar elementos únicos o distintivos y evitar depender de la información gubernamental. La verdad oficial es un dato más y no un desmentido absoluto de otras versiones.

La prensa ve en la desgracia una ocasión extraordinaria para su labor. Un ejercicio informativo digno dista mucho de las dramatizaciones y el alarmismo innecesario, especialmente en un escenario tan delicado. Parece que la intención es otra.

Un riesgo más está en dar voz a declarantes irresponsables. “Es como si el temblor no sólo hubiera removido las placas tectónicas y la superficie sobre ellas sino también las capas de la mente y, como secuela, un incremento exponencial en los casos de contagio del Síndrome de las Declaraciones Locas”, señala el escritor Heriberto Yépez.

Este Síndrome fue identificable en los enunciados de Pat Robertson, ministro cristiano, luego del sismo en Haití donde –según él- impera un “pacto diabólico”. Afecta también a figuras nacionales como el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, quien atribuye los terremotos a las bodas gays. ¡Ahora resulta que la separación de Pangea fue producto de la inmoralidad planetaria!

Los desastres naturales son inevitables. Lo cierto es que sus agravantes podrían controlarse si surgen del sistema económico. Es innegable que el impacto de estos fenómenos se agrava con la pobreza. Desafortunadamente la destrucción del planeta, resultado de la explotación desmedida de los recursos, continuará mientras sea rentable.

Las catástrofes generan escasez, la escasez provoca desesperación, la desesperación culmina en violencia. El papel de los medios es clave en la reconstrucción y también en la concientización de una raza destructiva que –sin cambios urgentes- podría atestiguar su paulatina extinción. Eso sí, en vivo y a todo color.

Causa perdida

El optimismo desapareció y la esperanza se convirtió en reclamo. Con el paso del tiempo, la transmutación era inevitable. No erramos quienes celebramos con reservas la inminente federalización de los delitos contra la libertad de expresión en México.

En abril del año pasado aplaudí en este espacio las adiciones al Código Penal Federal propuestas por la Cámara de Diputados. Y aunque el súbito arranque de generosidad legislativa era percibido por los críticos como una “medida electorera”, le otorgué el beneficio de la duda.

Hoy, diez meses después, el dictamen enviado al Senado para su análisis y aprobación continúa paralizado. Como si el asunto fuera menor, la cámara alta del Congreso se ha ocupado de otros temas sin explicar los motivos del retraso.

La reforma penal aprobada por unanimidad en San Lázaro tenía dos virtudes: ampliaba considerablemente la definición de “actividad periodística” y aumentaba las penas de cualquier delito si éste se cometía con el propósito de “impedir, interferir, limitar o atentar” la labor informativa.

Las sanciones eran especialmente severas con los servidores públicos. No es novedad que los principales enemigos de la prensa viven del erario. Esta semana, un reporte del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) lo reafirma.

El documento subraya que prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas participaron elementos uniformados y que en uno de cada cuatro estuvo involucrado algún funcionario. “Es frecuente” –señala el reporte- “encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental”.

Durante el 2009 este organismo registró 183 agresiones contra periodistas y 19 contra medios de comunicación, además del asesinato de 13 informadores. En todos los casos, la impunidad es la constante.

“Impunidad” es también el nombre del proyecto impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para abogar por las víctimas y exigir justicia. En los procesos judiciales que la SIP escruta en México destacan los nombres de Brad Will -cuyo presunto asesino fue liberado hace siete días- de Eliseo Barrón y Carlos Ortega, ejecutados en Durango.

Fue precisamente en Durango donde la semana pasada se reunieron 25 editores de periódicos para reclamar a las autoridades locales y federales garantías para ejercer su profesión. Ahí se acordó impulsar medidas de protección y llevar sus reclamos a organismos internacionales.

¿Y el Senado? Impávido. ¿Por qué atender un tema que coloca al país en los primeros lugares del descrédito mundial? ¿Qué razones hay para ratificar la protección a la libertad de expresión? ¿Cuál es la urgencia de frenar los crímenes contra periodistas? Las respuestas escapan a la agudeza y al compromiso social de los legisladores.

La causa está perdida. Aunque el dictamen terminara aprobándose serviría de poco o nada. Incrementar las penas no reduce la violencia. Modificar la ley no significa que comenzará a aplicarse o siquiera a respetarse. En nuestro agonizante estado de derecho la brecha entre legalidad y realidad es infranqueable.

No hay justicia cuando el menos interesado en ella es quien debería impartirla. La corrupción se perpetúa con la censura y la ineptitud con la falta de crítica. Si en México hubiera condiciones para el ejercicio de un periodismo libre y digno, estarían sentadas las bases para una verdadera transformación institucional. El panorama es otro porque como dijo Napoleón Bonaparte: “Si se diera rienda suelta a la prensa, yo no permanecería ni tres meses en el poder”.

¿Y los medios locales?

El rol de la prensa local en México es inseparable de la situación imperante en el país. Sus virtudes, en este contexto, pasan necesariamente por la ventilación de controversias sociales y por la mediación ante las autoridades civiles. Si el gobernante en turno sólo actúa cuando los problemas han alcanzado la esfera pública, los medios son los mejores aliados de la ciudadanía.

Así lo han entendido los lectores, radioescuchas y televidentes que –dejando a un lado la pasividad inherente a su postura como receptores- intentan comprender el lenguaje y las inclinaciones de cada medio. Una manifestación, por ejemplo, recibirá mayor interés de la televisión si es visualmente atractiva. Un periódico de corte político, por otro lado, encontrará relevante la protesta si algún funcionario es acusado directamente.

Y aunque la prensa reconozca en su relación con la audiencia la única razón de su existencia, a menos que su continuidad esté garantizada por fuerzas superiores, son muchos los vicios que aún aquejan a lo que también se conoce como ‘periodismo de proximidad’.

La prensa local depende excesivamente de la nota del día, es decir, de la información generada diariamente por los actores políticos y sociales. La investigación es poca o nula, generalmente por la falta de reporteros especializados o de recursos para financiar su labor. Así pues, la oferta informativa termina condicionada por el desfile matutino de declarantes que privilegia los dichos sobre los hechos y que muchas veces no es trascendente o siquiera interesante.

Se ha perdido el sentido de la exclusiva. Son pocos los medios que buscan ganar la noticia. En parte, porque no existe una competencia real entre ellos y porque los reporteros trabajan en grupo. La manifestación más clara de este error es el monstruo de grabadoras y micrófonos que suele rodear a los políticos. Ese ‘monstruo’ es inflexible y torpe por naturaleza, no permite cuestionamientos incisivos y unifica los criterios.

Esto sin contar que en México las dependencias gubernamentales suelen sembrar y patrocinar a ‘periodistas cómodos’ (en este caso el adjetivo invalida al sustantivo). No obstante, incluso sin estar coludidos, hay quienes siguen pensando que la mejor pregunta que pueden hacerle a un funcionario es “¿Qué apoyos vino a entregar?”. En este punto, ofende más el propagandismo automático del informador que el asistencialismo electorero del servidor público.

En general, los medios de comunicación han sido invadidos por los administradores. Es comprensible que una empresa busque maximizar utilidades, pero si de dinero se trata, el oficialismo no es el mejor negocio. Al contrario, esta práctica aburre a la audiencia y abre una zanja entre ésta y el medio. Depender de un grupo selecto de benefactores cierra las puertas a una comercialización amplia y somete la línea editorial a los caprichos de unos cuantos.

Ningún proyecto periodístico madura como tal si es visto como un pretexto para la consecución de otros fines. Los retos de la prensa local son numerosos e incluyen la ampliación de su alcance a través de la Red, una mayor calidad en la producción de las notas, el impulso al periodismo de investigación y una verdadera competencia entre medios. Pero, ante todo, el redescubrimiento de su función social en un entorno que exige ajustes, cambios y reformas que serían imposibles sin la solidaridad de los medios.

Sobre el Premio Nacional de Periodismo

El Club de Periodistas de México me distinguió este martes con el Premio Nacional de Periodismo 2009, honor compartido con comunicadores como Eva Golinger, Carmen Aristegui, Ana Lilia Pérez y académicos como Noam Chomsky, Lorenzo Meyer y John M. Ackerman.

El reconocimiento en la categoría de “Trabajo Periodístico Universitario” también lo recibió Juan Manuel Ramírez, colega en la realización del blog Notas UDLA, un proyecto de periodismo digital en la Universidad de las Américas Puebla. Este medio surgió como una propuesta multimedia ante el vacío informativo generado por la censura al semanario estudiantil “La Catarina”.

El jurado calificador, que evaluó 7 mil 281 trabajos, destacó en sus razones el “trabajo impecable” que evidenció la forma en que el rector Luis Ernesto Derbez antepone sus intereses a los de la comunidad universitaria, “vulnerando también los derechos humanos, laborales y académicos.”

La ocasión nos permitió hacer pública una reflexión sobre el estado del periodismo universitario en México, una práctica en peligro de extinción. Lo anterior –amplío ahora- se debe a la escasez de programas académicos que lo impulsen y a la inconveniencia que su práctica representa para las instituciones educativas.

Los medios estudiantiles de línea editorial independiente son cada vez menos. En su lugar, se distribuyen periódicos editados por las oficinas de Prensa con claras intenciones propagandísticas y aparentemente nadie nota la diferencia.

En este contexto, la vocación periodística de muchos jóvenes se desperdicia en la difusión de logros y “buenas noticias”. La investigación, la crítica y la incomodidad inherentes a un ejercicio informativo digno quedan fuera de la ecuación.

Luego, la versión complaciente y distorsionada del periodismo termina implantándose en la mente de los universitarios que, una vez fuera, están listos para reproducir boletines, ocultar datos y mendigar la aprobación de la autoridad en turno.

Hacer lo contrario representa un riesgo, dentro y fuera un campus. Los estudiantes son acusados de abaratar su título y los ciudadanos de despreciar a la Patria. La incomprensión y el reproche son la constante.

Ese riesgo acompaña la labor de muchos, que es el derecho de todos. La información ya no puede negarse, aunque siga ocultándose. En México el reto es mayúsculo pues impera la corrupción. Por eso, los motivos de un periodista en este país sólo se entienden –como escribí en la primera entrega de esta columna- desde “la peligrosa ignorancia o la verdadera vocación”.

Muchos han quedado en el camino. “Periodistas y más periodistas masacrados. Los muertos gritan y la justicia calla”, dijo en la ceremonia del martes Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas. “Todo pasa y nada pasa”, reclamó.

Carmen Aristegui –quien recibió el premio en la categoría de “Entrevista”- comentó: “La impunidad es precisamente uno de los rasgos más trágicos de esta nuestra difícil transición a la democracia mexicana, si es que eso existe ya en estos momentos del país”.

El reconocimiento honra y compromete. Haberlo recibido se transformará en un recordatorio permanente de las cualidades deseables en mi labor periodística. El desafío apenas inicia y lo mejor está por venir.

Fábrica de refugiados

Si lo usual termina en estadística, la infamia es cuantificable en México. Alguna cifra aumenta cada vez que un periodista es asesinado. No conformes con las centenas de ejecuciones en las últimas décadas o la indignidad sugerida por las comparaciones internacionales en este rubro, las instituciones mexicanas continúan aplazando el cumplimiento de su mandato legal ante una sociedad que, desde la ignorancia o la apatía, permanece indiferente ante el tema.

Esta ignominia, justificada como tal en la amenaza a una profesión con claros propósitos sociales, no es posible sin el éxito de la criminalidad o la franca negligencia. La frialdad de los números despersonaliza a las víctimas y maquilla la gravedad de los hechos ante la opinión pública. Hablar de caras y nombres es incurrir en la excepción, apostar a la empatía e invitar a que se revisen los límites de lo aceptable.

La semana pasada fue encontrado el cadáver del reportero José Bladimir Antuna García de 39 años. Publicaba información sobre temas policiales y judiciales en El Tiempo de Durango, periódico en que laboraba su colega Carlos Ortega, ultimado el 3 de mayo. Antuna García denunció amenazas durante varios meses y manifestó haber compartido información con Eliseo Barrón, reportero de Grupo Milenio asesinado por presuntos gatilleros del cártel del Golfo.

“México tiene una vergonzosa posición como uno de los países más peligrosos para los periodistas. Para una democracia moderna, alcanzar esta posición es una vergüenza”, señala un comunicado del Instituto Internacional de la Prensa (IPI). Este organismo documentó que de los 44 informadores ejecutados en el mundo durante el 2009, siete corresponden a la República Mexicana. Esta cifra es idéntica a la de Pakistán y nos ubica por encima de Somalia, un país que carece de Estado.

La función primordial del Estado es, precisamente, garantizar la seguridad de sus habitantes. De lo contrario, se convierte en una fábrica de refugiados: un gobierno incapaz de otorgar protección y los temores fundados de persecución o muerte definen el término “refugiado” en la Convención de 1951. Bajo este esquema, los periodistas mexicanos podrían optar por el exilio y ser amparados por el derecho internacional.

Un Estado fallido no merece respeto. Así lo considera el politólogo inglés John Dunn, quien desde la Universidad de Cambridge advierte que los Estados que promueven efectivamente la seguridad de sus habitantes ganan y merecen una mayor lealtad que aquellos que fracasan en el intento. Esta idea encontraría dificultades legales en México: el sexto constitucional permite la libre expresión pero fija sus límites en el Estado. En este contexto, la coherencia de Dunn se vuelve golpismo.

¿Cuántas muertes más? La ineficiencia llama a la exigencia, no a la parálisis. La situación imperante en México es una responsabilidad compartida. En tiempos donde la impunidad es la constante, celebrar la institucionalidad es apadrinar la decepción. Los delitos contra periodistas son una manifestación más de una realidad que indigna y exige ajustes. Así como las víctimas, los culpables tienen caras y nombres. Las víctimas se ocultan con números, los culpables con cargos públicos.

Periodismo golpeador

La confusión entre libertad de expresión y libertad de extorsión ha permitido la proliferación de toda clase de mafias en el ámbito periodístico. Ocultos en las redacciones o detrás de los micrófonos, los mercenarios de la información subordinan el interés noticioso a lo que de buena o mala gana pueda ofrecerles el mejor postor. Esta plaga que amenaza con seguir expandiéndose, pone en riesgo la credibilidad y la continuidad de los medios de comunicación que -en contraste- buscan conducirse con seriedad y apego a la ética.

La subasta de titulares, producto de una agenda negociable, debe detenerse. Nada perjudica más a la prensa libre que el lloriqueo de los comunicadores que se convierten de un día para otro en ardorosos defensores del derecho a la información cuando sienten amenazada su posición o cuando su principal benefactor decide retirarles el apoyo que los mantenía en la más cómoda docilidad.

Algunos informadores se entregan al periodismo golpeador por necesidad o ignorancia. Ambos factores se atacan desde la profesionalización. Si todo lo que puede aprenderse está “en las calles” como suelen sostener los reporteros empíricos, existe la posibilidad no sólo de ignorar nociones elementales sino de limitar los conocimientos y las habilidades que les permitirían el acceso a empresas de alcance nacional o internacional que, por su naturaleza, ofrecen mejores condiciones.

Aunque por su cualidad impositiva genere rechazo, la regulación de la prensa es otra opción. En el caso mexicano, esta propuesta encontraría dos grandes problemas: la desconfianza en las instituciones y una clase política excesivamente partidista. Estos inconvenientes podrían superarse con un auténtico debate público y una legislación diseñada minuciosamente por expertos, sin ambigüedades ni espíritu vengativo.

La necesidad irá creciendo hasta volverse urgente. Tarde o temprano, pero quizá sólo cuando se sientan desafiados, los legisladores deberán asumir el costo político de reformar las leyes que han permitido la concentración de los medios de comunicación y la multiplicación de los agravios a una sociedad que debería tener derecho a la pluralidad informativa.

El caso de Argentina es ejemplar. La propuesta para una nueva ley de medios, impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha generado innumerables críticas desde los grupos monopólicos que controlan la televisión y que ahora pretenden paralizar al país. Sin embargo, la mandataria sigue firme en su convicción de que los ciudadanos merecen escuchar todas las voces y pretende abrir nuevos canales para universidades, sindicatos, iglesias y organizaciones no gubernamentales.

Desde este espacio hago pública mi esperanza de que algún día podamos reír juntos al recordar los tiempos en que México era controlado por el duopolio televisivo y las mafias mediáticas. Ese día, nos llamaremos sobrevivientes pero también visionarios.

Justicia farandulera

Me lleva “La Tuta”… le dieron formal prisión a “El Azul”, cabecilla de la banda de “Los Rojos”, y “Los Tiras” no fueron quienes los detuvieron, sino una agrupación posiblemente vinculada a “Los Petriciolet” que podría ser cómplice de “La Flor” en al menos seis secuestros. Esta última banda, donde operaba “La Lore”, estaba liderada por “El Apá”, que pese al apodo no tiene nada que ver con “La Familia”. ¡La justicia en México parece una telenovela!

La prensa se ha vuelto cómplice del show de las presentaciones y los detenidos, de autoridades más interesadas en las fotografías que en los juicios, en las declaraciones que en las pruebas. ¿Cuántos de esos presuntos asesinos, secuestradores o narcomenudistas terminarán tras las rejas? Poco importa y quizá no lo sabremos. El seguimiento noticioso a mediano y largo plazo es una práctica en extinción.

Un colega me platicó el recorrido que hizo en algunas casas de seguridad en el Distrito Federal hace unos días. En uno de estos lugares, donde la policía había detenido a un grupo de secuestradores, el periodista pidió a una vecina su versión de los hechos. La mujer reveló que fue agredida por los uniformados y presentada ante los medios como una delincuente. Sosteniendo un periódico con su fotografía, explicó que la liberaron horas después por falta de pruebas.

Cuando trabajaba como reportero en un medio local, fui testigo de otra modalidad: la del detenido que no es consignado porque los familiares son extorsionados para entregar dinero. En esa ocasión, el celular de un narcomenudista no dejaba de sonar y pedí autorización a los uniformados para responder a la llamada con el objetivo de grabar la forma en que sus clientes le pedían la droga. Así descubrí que la comunicación insistente era de la madre del supuesto infractor, angustiada por no reunir la cantidad que los policías le pedían.

Ha sido inaugurada la era de los “alias”. El gobierno federal ha convertido al crimen organizado y sus principales figuras en material digno de la prensa de espectáculos. Hoy, salir en televisión y ser conocido en todo el país es tarea fácil: se requiere de talento para burlar a las autoridades y algún apodo. “El Inocente” es mi sugerencia: “¡Encarcelan a ‘El Inocente’ y su banda!” se leería en los titulares. Quizá de esa manera podría evidenciarse la cobertura ciega de personajes detenidos.

La prensa debería ignorar las capturas y privilegiar las consignaciones. Así, se reducen las posibilidades de exhibir como transgresores a ciudadanos inocentes y de que se negocie la libertad de criminales una vez que fueron fotografiados. Los periodistas tienen la obligación moral de investigar en qué terminaron las detenciones que reportaron. De lo contrario, se prestan a la propaganda y a la falsedad. Si el énfasis noticioso pasa de las aprehensiones a la prisión, sólo habría show a la hora de los verdaderos resultados

Nuevas guerras

Dicen que estamos en guerra. Lo demuestran con su conteo de bajas, kilos decomisados y delincuentes fotografiados. Lo que nuestros medios no informan es la verdadera historia. La cobertura informativa de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” ha sido, hasta ahora, convenientemente superficial y pobre. Centrada en los efectos y no en las causas, construida por cifras y no por historias, la cronología de esta cruzada por la legitimidad carece de datos riesgosamente básicos.

El idealismo de un periodista aventurero y su anhelo de convertirse en “reportero de guerra” han sido sepultados. Quienes buscaban historias en el peligro y caos de un conflicto han decidido renunciar al “privilegio” de poner a prueba sus capacidades de investigación y respuesta en un escenario extremo. Las guerras de hoy han convertido a la prensa en propaganda. Esa verdad justificó, por ejemplo, que Ryszard Kapuscinski, célebre corresponsal polaco, se negara a cubrir en Irak la Guerra del Golfo.

Kapuscinski, fallecido en enero de 2007, descubrió que cuando la única información disponible proviene de los comunicados oficiales, el periodista irremediablemente se convierte en un eco, en un repetidor de noticias que no fueron producidas o siquiera verificadas por él.

El caso mexicano lo reafirma. Publicar los resultados de la “Guerra contra el narcotráfico” es publicitar al gobierno. La falta de investigación profunda en las causas, los intereses, los modos y las metas de los combatientes, incentiva una visión maniqueísta cuya simplicidad es ridícula. El crimen organizado, por otro lado, se beneficia con la difusión de narcomantas o violentas masacres.

Los reporteros son obligados a tomar partido porque las incursiones a las zonas de ingobernabilidad son demasiado riesgosas. Ningún medio puede ofrecer protección a sus enviados y, a cambio, acepta la seguridad del Estado, las incursiones patrocinadas y los operativos impecables. Se suple la información directa con las versiones empaquetadas, corregidas y aumentadas.

En épocas que evocan el salinismo mediático, la exhortación a “apoyar” al presidente parece incluir también a los informadores, aunque su labor exija imparcialidad. Aquí cobran sentido las palabras de Miriam Pedrero, corresponsal de guerra en Kosovo y Guinea, quién señala: “El buen periodista es un testigo que debe estar pegado a la gente, no a las instituciones”.

Las opciones se reducen. ¿La prensa debe verificar cada decomiso? ¿Comprobar que la droga se destruya? ¿Deben los medios confiar en los datos proporcionados por los boletines? ¿El gobierno actúa de buena fe? ¿Se puede negar el derecho a dudar?

Del periodismo depende la memoria de estos días. Existen propuestas para la creación de equipos de trabajo protegidos por el anonimato y los medios interesados. Se pierde la exclusividad pero se reduce el riesgo. ¿Vale la pena? Quizá es momento de entrevistar a testigos y víctimas, de señalar a corruptos y cómplices, de aprovechar las cualidades de una práctica que renuncia a la “objetividad” en su búsqueda por la verdad. El miedo debería sacudir a los culpables, no a quienes se internan en el campo de batalla y apuestan su vida para ofrecer una visión ajena a la propaganda y cercana a la realidad.

Incomodidad premiada

Una entrevista incómoda al ex presidente Luis Echeverría, le ganó el Premio Nacional de Periodismo a Rogelio Cárdenas Estandía, quien a los 29 años de edad es director general adjunto del periódico “El Financiero”. La lista de ganadores en varias categorías se dio conocer esta semana por el jurado calificador que encabeza la politóloga Denise Dresser.

Las declaraciones de Echeverría a Cárdenas Estandía fueron publicadas en un libro a finales del año pasado y se compilaron durante 14 sesiones, hasta que el ex presidente decidió suspenderlas ante los cuestionamientos sobre temas “sensibles”. Se trataba de la segunda serie de entrevistas que Echeverría permitía en un lapso de 32 años.

La historia es digna de contarse. ¿Por qué si Echeverría había negado sistemáticamente las peticiones de los medios nacionales e internacionales, decidió recibir al joven periodista? Todo inició con un desayuno, según cuenta el propio Rogelio. Ahí, Echeverría le dijo que podía volver a su casa cuando quisiera, siempre y cuando se reunieran a comer antes.

Para evitar compromisos, hay medios que prohíben a sus reporteros recibir siquiera un vaso de agua, otros fomentan la deshonestidad con salarios mezquinos. En este caso, la situación planteaba un conflicto ético (aceptar una comida pagada) pero la condición no detuvo al reportero, quien asegura que su intención fue clara desde el principio.

La relación entre Luis Echeverría y Rogelio Cárdenas creció naturalmente, tanto que el periodista le regaló una serie de televisión que luego se convirtió un requisito más de las entrevistas. Ahora tenían que desayunar, hablar de la historia de México y ver algún capítulo de la serie. El todopoderoso presidente de los setenta, sumido en la soledad, necesitaba compañía.

A partir de la onceava sesión, el clima comenzó a tensarse. Según relata Cárdenas Estandía, existían presiones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para evitar que temas “clasificados” fueran ventilados. La relación explotó y sobrevino el rompimiento, pero a nivel noticioso, las entrevistas “no autorizadas” resultaron un valioso testimonio.

A sus 86 años, Echeverría responsabilizó a Gustavo Díaz Ordaz de los trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968. Habló de su partido, discutió la reforma energética y dijo que su arraigo domiciliario era un “cobro de facturas” de Vicente Fox.

La situación tuvo similitudes con la entrevista histórica entre David Frost y Richard Nixon en los Estados Unidos. Nixon era un político astuto con pocas simpatías, acusado de crímenes, recibiendo a un periodista a quien subestimó. La diferencia es que Nixon pidió disculpas y Echeverría las omitió. “Ni pido perdón a nadie ni me lo doy”, dijo.

El último entrevistador de Echeverría había sido su amigo y biógrafo personal, Luis Suárez, quien publicó dos libros con las respuestas del ex presidente a preguntas que no lo comprometían. El caso de Rogelio Cárdenas es diferente, pues se atrevió a ser incisivo. Esa incomodidad -resultado inevitable de la verdadera actividad periodística- será premiada el próximo 11 de mayo.

Intenciones a prueba

La Cámara de Diputados aprobó federalizar los delitos contra la libertad de expresión y pareciera que los periodistas en México tenemos razones para celebrar. La reforma pretende evitar que las mafias locales atrasen las investigaciones derivadas de impedir la actividad periodística. Esto significaría un logro para los informadores que, por décadas, han insistido en el tema.

El proyecto fue aprobado por el mínimo necesario de votos por una simple razón: muchos diputados estaban ausentes. En espera de que el Senado revise y vote el texto, uno de los elementos más rescatables es la definición de "actividad periodística" que incluye un amplio espectro de labores -desde la fotografía hasta la edición- y contempla a los reporteros freelance, es decir, a quienes no trabajan para un medio específico y publican ocasionalmente.

Las críticas a esta adición al Código Penal Federal señalan que se trata de una medida “electorera” y podrían confirmarse en la importancia que se dio a las declaraciones de César Duarte, presidente de la Cámara, quien súbitamente se convirtió en un ardiente defensor de la libertad de prensa.

Por otro lado, de acuerdo al más reciente reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habría pocos motivos para alegrarse. En el primer trimestre del año, tres reporteros fueron asesinados y 46 presentaron quejas por agresiones. Esto sin contar las denuncias ante las comisiones estatales y los actos intimidatorios que no son reportados.

Según la CNDH, los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son Veracruz y Oaxaca, cada uno con 27 por ciento de las agresiones totales. Solamente durante el fin de semana, se registraron en Oaxaca tres casos que pondrán a prueba “la buena voluntad” de la legislación que pretende reconocer el derecho a una opinión pública informada.

El lunes pasado fue asaltada en la capital oaxaqueña la periodista Rebeca Luna Jiménez, quien se dirigía a su casa cuando un motociclista comenzó a seguirla. Más adelante, ocho sujetos rompieron los cristales de la camioneta en que viajaba, la insultaron y le robaron su computadora portátil.

Otro informador, Jaime Méndez Pérez, fue perseguido y empujado por una multitud en San José del Progreso, Oaxaca, donde una mujer le arrebató su cámara fotográfica mientras era amenazado con garrotes.

A estos casos, se suma la denuncia presentada por Federico Carrera, reportero y corresponsal, quien fue golpeado por policías que recibieron por radio la instrucción de “partirle la madre”. Los guardianes del orden también lo despojaron de 5 mil 500 pesos.

En este contexto, son necesarias las medidas aprobadas por los diputados que fueron a trabajar. Sin embargo, en un país donde las leyes se confunden con recomendaciones, su efectividad está condicionada. Si los casos mencionados son resueltos sin dilaciones, sabremos que México es un mejor país para ejercer el periodismo. De lo contrario, nos ahorramos la fiesta y también las preocupaciones. Ya estamos acostumbrados...

Muerte y compañía

La pena de muerte está en coma. El tema que súbitamente ingresó a la discusión pública a finales del año pasado está prácticamente ausente de la agenda nacional. Esta semana se informó que los foros de consulta programados para febrero fueron pospuestos a finales de marzo. Coahuila, el estado pionero, podría ser la sede.

Para entonces, el resurgimiento del debate dependerá de dos factores: la jerarquización de la violencia en los medios informativos y la ausencia de algún escándalo con tintes políticos. Una percepción positiva de la pena capital pasa necesariamente por la prensa. Los mejores aliados de la propuesta son, en realidad, algunos comunicadores.

Es el caso de Pedro Ferriz de Con, locutor radiofónico de extraña aceptación entre el público. Basta recordar su reacción ante la identificación del cadáver de Silvia Vargas Escalera el pasado 12 de diciembre. En ese momento, sus palabras lo retrataron como un posible transgresor de la ley. Sólo así puede llamársele a un ciudadano que abiertamente desprecia las normas vigentes.

Ferriz de Con olvidó que estaba siendo escuchado por miles de personas y con toda contundencia aseveró que “mataría” a los secuestradores, que no esperaría la aceptación de la pena de muerte, que “extralegalmente” les quitaría la vida. Parece mentira, pero tales afirmaciones fueron transmitidas y escuchadas en muchos rincones del país.

Resulta incongruente que se promueva el mismo hecho que se condena: el asesinato. Ante la escalada de violencia y la indignación fundamentada, ningún “informador” debería confundir su micrófono con una guillotina.

Aunque las encuestas difundidas hace unos días registraron un apoyo mayoritario a la propuesta del Partido Verde, el oportunismo de Ferriz ignoró, al menos, al poder Legislativo y al Judicial. Sus afirmaciones -sustentadas en verdaderas convicciones o en simple demagogia- lo convierten instantáneamente en irresponsable y agitador.

Y como él, otros. Son la muerte y compañía.

Erróneamente, los conductores de radio y televisión han creído durante años que su opinión es importante. Los juicios personales ocupan un lugar en los géneros periodísticos pero no deben adornar la información. Desafortunadamente, la confusa mezcla siempre se justifica. La disculpa suele decir: “Usted tiene la última palabra”.

La pena de muerte es capitalizable en tiempos electorales y aunque el “coma” es una realidad, el Partido Verde seguirá tocando puertas. Habrá que monitorear la evolución o la desaparición del tema. Si esto último sucede, sabremos que las prioridades de los medios han cambiado.

Verdades riesgosas

Desde una ubicación secreta, la periodista Ana Lilia Pérez se confiesa en “las horas más terribles” de su vida, luego de investigar y publicar presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. La liberación de una orden de aprehensión en su contra la mantiene prófuga, oculta de su familia, amenazada de muerte y temerosa de algo peor que la cárcel. Ser detenida por policías, dice ella, sería “el mejor de los casos”.

La denuncia por “daño moral” se remonta a un par de entrevistas que la reportera de Contralínea realizó a Jesús Alonso Zaragoza, accionista mayoritario del grupo Zeta Gas. El empresario declaró, por ejemplo, que durante el sexenio de Vicente Fox era recibido por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, quien le ayudaba en sus negocios a cambio de recursos para la campaña presidencial.

Zaragoza detalló la forma en que sobornaba a las autoridades locales y federales para instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas. Las revelaciones incluyen el ofrecimiento que le hicieron directivos de Pemex para ingresar al negocio de los ductos, mucho antes de que las ambiciones por el “el tesoro” dibujaran la posibilidad de una reforma energética privatizadora.

Ana Lilia Pérez fue responsable de publicar en febrero de 2008 los polémicos contratos que firmó en su dualidad de empresario y secretario de Gobernación el fallecido Juan Camilo Mouriño –figura entronada por los estándares morales de su partido- quién habría sacado provecho personal de un cargo público. La periodista fue demandada junto a Miguel Badillo, director de Contralínea, quien fue detenido el 16 de enero y que, junto a Pérez, denunció actos de acoso e intimidación ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las amenazas, según los comunicadores, provendrían de los abogados de Jesús Alonso Zaragoza y de funcionarios de varios niveles.

Las verdades riesgosas para un sistema político corrupto lo son también para los periodistas que las descubren. Así lo demuestran las arbitrariedades que culminaron en las órdenes de aprehensión, derivadas del presunto desacato a una orden judicial que no fue notificada.

Zaragoza reconoció su voz en las grabaciones pero deploró su publicación. Su defensa argumentó que era propietario de 80 empresas mientras que Ana Lilia Pérez era una “pobre reportera”. Quizá por eso, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la declararon confesa y permitieron que el hombre de negocios ingresara al juzgado con un guardaespaldas armado.

Los argumentos de los jueces y magistrados resultan absurdos; situación frecuente cuando la Justicia se retira la venda y acepta pagos para alterar su balanza. El año pasado se resolvió que la periodista no tenía derecho a divulgar las respuestas del empresario, entre otras razones, porque los hechos narrados sucedieron en la frontera norte y ella radicaba en la capital del país.

El hecho preocupa y aunque la huída de Pérez sea cuestionable, puede justificarse en el contexto. Lo que Albert Camus llamó “el oficio más bello del mundo” es también –como señalaron los hermanos Flores Magón a inicios del siglo pasado- una actividad “ruda y peligrosa como toda labor encaminada a desenmascarar el abuso”.

Los delincuentes libres y los periodistas ocultándose: paradojas de un país donde 44 comunicadores han sido asesinados en los últimos ocho años. Si los médicos juran defender la vida, los periodistas se deben a la verdad. En el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, como diría Ana Lilia, nuestra única arma es la palabra.