Libre pero amarrado

La liberación de Diego Fernández de Cevallos es el desenlace de un secuestro pero no el final del caso. Tras ignorar siete meses el tema, Televisa consiguió la exclusiva: Joaquín López-Dóriga salió la mañana del lunes a informar que el ex candidato presidencial estaba “débil pero fuerte”. La noticia se confirmó horas después, algo que no ocurrió en primicias anteriores, como la de El Universal, el sábado 27 de noviembre.

Según se ha publicado, fue el propio Diego quien encabezó la negociación con sus captores. El monto del rescate habría alcanzado los 30 millones de dólares, un monto superior a los 360 millones de pesos. Además de haber pactado su libertad, Diego también se encargó de los medios. Como si un grupo de expertos en comunicación de crisis lo hubiera asesorado, trazó una ruta perfecta para manipular a la prensa según sus intereses.

Primero dio imagen: se paseó en su Mercedes y saludó a las cámaras. Luego dio su primer mensaje y prometió una nota informativa. Por la noche ofreció entrevistas y al día siguiente inició las diligencias para apagar el asunto: “Salgo para saludarlos y para pedirles amigablemente que ya se vayan. ¿Se puede o no?”. En menos de 48 horas, la lucidez de la víctima de un delito que se prolongó por más de 7 meses alcanzó para diseñar una estrategia mediática exitosa.

En sus declaraciones públicas, el ex senador panista ha repetido sistemáticamente tres mensajes clave: 1) Está agradecido (su lista incluye a figuras religiosas, a la sociedad y a los periodistas). 2) No discutirá el pasado (dejó claro que no dará detalles del secuestro pues decidió “vivir para adelante”). 3) Considera innecesaria la continuación de la cobertura informativa (asegura que su secuestro es “uno más” y que los medios deberían enfocar su atención en otros temas).

El caso de Diego Fernández de Cevallos no es “uno más”, es el secuestro de todo un país. Es una prueba contundente de la vulnerabilidad de la población ante los criminales. Si uno de los hombres más poderosos e influyentes del país fue víctima, el ciudadano promedio vive en total indefensión. No es “uno más” porque logró paralizar las investigaciones, ¿desde cuándo la PGR renuncia a sus obligaciones por la petición de una familia?

Tampoco es “uno más” por la naturaleza ideológica del grupo que lo capturó. En su último comunicado, los “Misteriosos Desaparecedores” critican a la clase política y defienden la violencia como un recurso ineludible: “La violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria”. ¿Por qué olvidar que su causa fue recientemente financiada con números dignos de un final de Teletón?

Diego no puede hablar: está libre pero amarrado, y por eso se sacude a los medios. Aunque haya salido vivo, en el sentido más amplio no se trata de un final feliz. Hay demasiado en juego y muchas interrogantes en el aire. Las respuestas deberían venir de la autoridad, aunque todo parece indicar que nuevamente se apostará al olvido.

Todo sigue igual

El rumor nocturno se volvió exclusiva en Internet y primera plana en la mañana. Seguro El Universal del sábado se vendió como pan caliente: "Diego está libre y sano: familia", proclamaba el periódico, luego de agitar al gremio periodístico con la información publicada en su portal. Sin embargo, lo que pudo ser el acierto del año terminó en desmentidos, matices y disculpas. El Universal se metió un auto-gol, le dio un golpe bajo a su credibilidad.

"EL UNIVERSAL en lo suyo, los demás no... Me honra colaborar con ese diario...", celebraba el periodista José Cárdenas a las 5 de la mañana en su cuenta de Twitter. La Jornada, Milenio y Reforma merecieron un "ZZZZZZZZZ!!!!!!" del conductor de Grupo Fórmula. ¿Cómo pasar del triunfalismo eufórico a un "Venga toda la crueldad. Me la merezco por pendejo. La acepto aunque duela"? El informador terminó flagelándose en las redes sociales para conservar su honra.

¿Qué sucedió en las primeras horas del sábado 27 de noviembre? Cada periodista tiene su historia. El director de Milenio diario, Carlos Marín, relató la suya en una columna titulada "Chamaqueada colosal". Él, como muchos otros, recibió llamadas e intercambió datos con sus pares. El problema del medio dirigido por Juan Francisco Ealy radicó en la falta de contrastación, en el exceso de confianza en una fuente de información. Por eso Marín escribió el lunes: “Cuando te mienten la madre, checa la fuente porque puede ser volada”.

"Dijeron que 'está de regreso' y que en los próximos días habrá un pronunciamiento más amplio", decía el texto de El Universal. ¿Dijeron? ¿Quienes? La familia. Un error digno de un periódico estudiantil. No sólo se evita señalar quién dijo lo que se cita, sino que la declaración se reporta en plural, como si los familiares del político queretano hubieran hablado al unísono y además hubieran dicho lo mismo. ¿Por qué señalar a "la familia" cuando se trataba de "un familiar"? ¿Por qué no buscar otra versión o intentar verificar la existente?

El Universal ofreció pocas respuestas en su editorial del domingo. De hecho terminó con una pregunta: ¿Dónde está Diego? ¡Cuando un día antes lo habían enviado a casa! En un ejercicio que incluso el periódico califica de especulativo, el texto ofrece cuatro hipótesis: 1) Fue liberado pero no puede anunciarse. 2) El informante se equivocó de buena fe. 3) Hay fricciones entre miembros de la familia. 4) Sigue secuestrado, pero la noticia ayudaría en la negociación. En resumen, no es una fe de erratas sino un intento de mantener la cabeza en alto. El tiempo dirá, pero quizá debieron insinuar la posibilidad de un error. Pepe Cárdenas actuó mejor.

Días después del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, Televisa anunció que no abordaría el tema hasta que tuviera un desenlace. Ese es otro extremo. Ni el ocultamiento, ni la desinformación. Los medios mexicanos deben encontrar el justo medio entre no equivocarse y arriesgarse a la primera. Al final, la nota es que no hay nota, que no se sabe nada de Diego, que todo sigue igual.

Espionaje perfecto

El optimismo fingido se detecta a kilómetros. Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, compareció el martes ante diputados federales. Y aunque admitió deficiencias en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), consideró que el vaso está “medio lleno”.

“Leyendas urbanas”. Así calificó Osuna las versiones periodísticas que circularon sobre los miles de ciudadanos que registraron su línea con nombres de políticos y empresarios como Felipe Calderón o Carlos Slim. El presidente de la Cofetel aceptó que la estrategia de difusión fue tardía y que la base de datos está lejos de ser confiable y completa.

El funcionario negó que el Renaut haya fracasado. Por el contrario, lo declaró un éxito argumentando que no podía ser perfecto. Al escuchar esto, ¿sentirán tranquilidad los más de 65 millones de ciudadanos que cumplieron con el trámite para evitar la cancelación de su número? ¿La retórica de las autoridades convencerá a alguien?

La prensa ha hecho su trabajo. La Jornada reportó que el contador de líneas inscritas en el portal de la Cofetel no representa una cifra real, sino el resultado de un algoritmo que responde a la fecha fijada en la computadora de quien lo consulta. Para conseguir más del 100 por ciento es necesario adelantar el calendario.

El Universal provocó dolores de cabeza con su primera plana del lunes. Si en el barrio de Tepito pueden conseguirse los datos personales de millones de mexicanos con 12 mil dólares, ¿existe la posibilidad de que la información asociada a los celulares registrados termine también en el mercado negro?

Aún si creyéramos que los archivos del Renaut están protegidos celosamente por la Secretaría de Gobernación y que sólo se comparten con autoridades judiciales, no podemos ignorar que –en mayor o menor medida- todas las procuradurías del país están infiltradas por el crimen organizado. Negarlo es una ingenuidad que ni el gobierno federal se permite.

Aquí se vislumbra la verdadera tragedia del Renaut. Lo que sería un freno a las extorsiones telefónicas terminó siendo lo contrario: un incentivo, una tentación. Un celular registrado representa además un peligro para su portador: con él pueden cometerse crímenes a su nombre. ¿O en serio alguien pensó que los delincuentes se darían de alta cuando pueden robar?

Ni hablar de la privacidad. Por ley, las empresas telefónicas deben anotar el origen y el destino de cualquier comunicación. También guardan la hora y la posición geográfica de los involucrados. Este sistema de marcaje personal es el espionaje perfecto: el costo lo absorbe la víctima y siente que lo hace por su bien.

El presidente de la Cofetel es una pieza más del engranaje burocrático que funciona desde el cinismo. La desvergüenza de este personaje pareciera un requisito de los puestos de alto nivel. Quienes los ocupan –irónicamente- se hacen llamar “servidores públicos” por simple conveniencia personal.

El Renaut se agrega a la lista de ignominias en México. Aquí no pasa nada mientras el discurso oficial se mantenga optimista. Desgraciadamente, la sociedad continuará perdiendo espacios si sigue creyendo los argumentos absurdos que justifican la desaparición paulatina de sus libertades.

El precio de informarse

La gratuidad de la información en Internet tiene los días contados. En esto coincidieron los representantes de medios de comunicación internacionales que se reunieron del 9 al 11 de marzo en los Emiratos Árabes Unidos.

El periodismo de calidad es costoso y no puede regalarse. Así lo manifestaron directores y editores durante la primera Cumbre de Medios en Abu Dhabi, evento en que participaron personajes como Eric Schmidt, presidente de Google; y Rupert Murdoch, principal accionista de News Corporation.

Murdoch -quien es propietario de los periódicos The Times y The Sun en el Reino Unido, además del Wall Street Journal y el New York Post- defendió la necesidad de cobrar los contenidos de Internet.

Su hijo y presidente de la compañía, James Murdoch, habló también durante la Cumbre. Aseguró que la reproducción no autorizada de contenidos originales es un robo que no puede ser tolerado.

“Debería existir el mismo nivel de santidad que rodea a una propiedad. El contenido no es diferente. (Los consumidores) No son niños traviesos. Deben ser sancionados”, sentenció el empresario.

Una propuesta distinta fue la de AllVoices.com, un sitio de noticias que publica reportes ciudadanos. En esta plataforma cualquiera puede consultar y enviar notas desde una computadora o teléfono celular.

Y aunque su credibilidad como fuente noticiosa sea discutible, el proyecto impulsa con éxito la democratización informativa; un fenómeno percibido como una afrenta desde la lógica empresarial.

La información tiene precio. La pregunta es quién lo paga. El paradigma actual en el negocio de los medios sugiere un balance entre publicidad y suscripciones: el dinero viene de los compradores y patrocinadores.

El problema de la regulación comercial de Internet es la inercia. El usuario -acostumbrado a la navegación ilimitada y sin condiciones- difícilmente aceptará la súbita imposición de tarifas a servicios que eran gratuitos. Pese a esto, la tendencia es restrictiva.

En México, el periódico Reforma ha mantenido durante años la decisión de proteger con contraseña el acceso a su portal de noticias. El tráfico es limitado pero genera recursos. Algunos textos burlan la restricción comercial y se cuelan a los blogs.

En contraste, El Universal optó por el libre acceso. La estrategia les ha ganado una posición privilegiada en el ranking de los sitios más visitados del país. Sin embargo, la saturación publicitaria no es suficiente para financiar el proyecto.

La complejidad del tema es evidente. A falta de fórmulas garantizadas es conveniente evitar los extremos: ni la cacería promovida por individuos como Murdoch, ni un esquema que trivialice –y por lo tanto asfixie- la profesión periodística.

El reportero ciudadano es un cómplice en la tarea de informar. No obstante, la labor central corresponde a la prensa. La credibilidad cuesta porque es un trabajo de tiempo completo.

El espíritu de la era de la información parece contrario al de la rentabilidad. En el sistema económico capitalista domina el acaparamiento, una práctica imposible ante el flujo incesante de datos en la Red.

El debate debe centrarse en la calidad y no en el precio. En la sobreabundancia de “noticias”, la calidad se vuelve necesaria. Esta necesidad permitirá una comercialización amplia que surja del compromiso informativo y no de una imposición que criminaliza al usuario para obtener beneficios.

La tercera revolución

La ocurrencia se volvió murmullo y después rumor, hasta terminar en moda. La posibilidad de un estallido social en 2010 se ha convertido en el tema predilecto de analistas y comunicadores en los últimos días. Surgen dos posibilidades: el fenómeno podría ampliarse y provocar lo que augura o simplemente desgastarse, como sucede con gran parte de los temas explotados por la agenda mediática.

En todo caso, es un hecho que las condiciones imperantes en el país han provocado un descontento generalizado que, lejos de significar una amenaza, representa una oportunidad única para recuperar el juicio y modificar el rumbo. El riesgo de la revolución que pregonan los medios está asociado a la especulación y a la descontextualización, prácticas comunes de la prensa irreflexiva.

Urge debatir ideas, escuchar todas las causas. Simplificar la complejidad de estos tiempos y reducirla a una discusión de futurólogos improvisados es desaprovechar su potencial de cambio y apostar a la continuidad de una realidad insostenible.

El periodista Ricardo Alemán publicó en El Universal la versión extraoficial de un “encuentro secreto” entre una decena de grupos guerrilleros que estarían planeando acciones para 2010. Además estimó que la “tercera revolución” podría alimentarse con los “fanáticos del legítimo”. Olvida mencionar que el estallido habría ocurrido hace tres años si Andrés Manuel López Obrador hubiera actuado diferente, es decir, si hubiera permitido que la inercia electoral y las convicciones de un fraude incentivaran a un movimiento radical e incluso violento.

Y la desmemoria continúa. “Las autoridades nos tienen que proteger de cualquier intento de festejo violento”, escribe Denise Maerker. Lo que evita señalar es que la era de los festejos violentos –inaugurada aquél 15 de septiembre en Michoacán- es consecuencia directa de la “Guerra contra el narcotráfico”. Una estrategia gubernamental que, en contraste con sus efectos, pugna por la seguridad de los ciudadanos y el debilitamiento de los cárteles.

La “protección” exigida por Maerker se convierte, pues, en disuasión, a nombre del Estado, de las ocurrencias opositoras. Esto último lo entiende Leo Suckerman, analista político de Grupo Fórmula, quien celebró el lunes pasado la capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para espiar en todo el territorio nacional con su nuevo “Centro de Inteligencia”. Entrevistado por el periodista José Cárdenas, Zuckerman explicó que –a diferencia de los levantamientos de 1994- el gobierno tendría información de sobra para reaccionar ante un eventual conflicto.

El necesario diálogo nacional se ha transformado en una novela de detectives. Ya sólo importa saber quién tirará la primera piedra. Julio Hernández López, columnista de La Jornada, lo ejemplifica cuando se pregunta si la actitud del Ejecutivo federal refleja una “extrema insensibilidad” o una “provocación programada”. El autor de Astillero considera que la “confrontación sistemática” acelerará el estallido y la aplicación de medidas policiacas y represivas largamente preparadas. ¿Por qué parece que, de pronto, el volado es entre una revolución y una dictadura?

Los extremos pueden evitarse si el “ciclo de protestas” encuentra receptividad en el Estado. La expresión entrecomillada es utilizada por el investigador finlandés Martti Siisiäinen para describir el funcionamiento de las presiones de cambio en una democracia. “Visto desde la perspectiva (funcionalista) de la estabilidad del sistema, los nuevos movimientos sociales pueden considerarse el reloj de alarma del sistema”, considera el académico. Es evidente que la “alarma” ha sido largamente ignorada. Y a menos que se atienda, los agoreros de la “tercera revolución” podrán, en algunos años, llamarse profetas.

Espantosas confesiones

Durante la luna llena, las ostras se abren completamente y los cangrejos aprovechan para tirar dentro de ellas alguna piedra o trozo de alga para evitar que se cierren, y así poder devorarlas. Leonardo da Vinci usaba este ejemplo para prevenir a los que abrían demasiado la boca. Su destino, decía el genio italiano, es terminar a merced de quienes escuchan.

“¿Hay periodistas aquí?” preguntó durante una reunión informal el candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, uno de los municipios más ricos del país. Tras la respuesta negativa de los asistentes, el político aseguró -en un acto de verborrea incontrolable- que había pactado con narcotraficantes para mantener la paz y la seguridad.

Mauricio Fernández continuó con lo que después él mismo calificó de “espantosas confesiones”. Dijo que los hermanos Beltrán Leyva protegían la ciudad, que habían prohibido la entrada a “Los Zetas” y que sólo había que detener las “ventas obvias” de droga. Así consta en las grabaciones difundidas por Reporte Índigo y reproducidas por Carmen Aristegui en MVS Noticias.

La periodista entrevistó al declarante, quien también es empresario y trabajó para el poderoso Grupo Monterrey. Fernández negó sus dichos e iracundo despotricó contra Ramón Alberto Garza, director de Reporte Índigo. Argumentó que el responsable de esta revista electrónica estaba molesto por su negativa a firmar un contrato de publicidad. Ya lo dijo el columnista Miguel Ángel Granados Chapa: “como si Garza fuera un revistero extorsionador”.

La trayectoria de Ramón Alberto Garza incluye importantes posiciones en los periódicos de Grupo Reforma, en Televisa y El Universal. Sin embargo, el coraje del candidato lo llevó a demandarlo penalmente; la primera denuncia de su tipo contra un periodista que publica en Internet. “Si te muerde un perro, denuncias al dueño del perro”, explicó el panista.

La historia se repite: el político se equivoca pero la prensa es culpable. Esta coartada huele a podrido y nunca funciona, el caso Puebla es un antecedente directo. Los periodistas trabajan con dichos y hechos. Una investigación que probara el vínculo entre Mauricio Fernández y el cártel de los Beltrán Leyva hubiera sido complicada y laboriosa. En cambio, el candidato decidió regalar su desprestigio confiado en que a las palabras “se las lleva el viento”. ¿Y las grabadoras?

El episodio en Nuevo León pone en duda, nuevamente, la “Guerra contra el narcotráfico” y las declaraciones de Germán Martínez, líder nacional del PAN, quien niega pactos entre sus candidatos y el crimen organizado.

No estaría de más que las figuras públicas dominaran lo que el estratega Robert Greene ha llamado el arte de decir siempre “menos de lo necesario” en su libro “Las 48 leyes del poder”. A más palabras, mayor vulnerabilidad y como dijera Jean-Francois Paul de Gondi -político del siglo XVII- “es más perjudicial decir tonterías que cometerlas”.

Batallas en la Red

Controlar la información de Internet es la nueva meta en la lista de aspiraciones delirantes de la clase política mexicana. La desregulación de la Red, interpretada como una invitación al juego sucio, ha entrampado a candidatos y partidos en una guerra virtual magnificada por la televisión.

En esta elección, YouTube.com se ha convertido en la válvula de escape para los mensajes que, de otro modo, serían sancionados por el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, el sitio de videos también es percibido como “tierra de nadie” por los ofendidos, quienes ahora insisten en la regulación.

El caso de inconformidad más reciente involucra al Partido Acción Nacional. El instituto político logró que YouTube suspendiera temporalmente el canal de videos de El Universal, medio que señaló las semejanzas entre un spot diseñado en 2006 para el Partido Socialista Obrero Español y un mensaje transmitido para apoyar la campaña del panista Fernando Elizondo rumbo a la gubernatura de Nuevo León.

Ahora se sabe que el PAN negó la queja, aunque los voceros de YouTube declararon que la sanción a El Universal por la violación de derechos de autor, surgió de la inconformidad de un remitente identificado como “Partido Acción Nacional Nuevo León”. La creatividad desbordante del PAN lo llevó a acusar al PRI de orquestar una “estratagema” para tacharlos de censores. Como si necesitaran ayuda.

Este episodio, sumado a otros memorables como el “Rata y Cursi” contra el gobernador de Veracruz, demuestra la frustración de una clase política que se lleva y no se aguanta, que se reconoce impotente ante la vastedad del Internet. No existe la instancia que dirima sus conflictos; incluso YouTube se reconoce como un “intermediario”: elimina un video y se cuelan diez más.

Este fenómeno ha sido analizado por académicos de todo el mundo. Langdon Winner, doctorado por la Universidad de California, sostiene que el carácter global de la Red es su principal atractivo para grupos e individuos de todo el espectro ideológico. Sin embargo, la diseminación amplia de mensajes, advierte el investigador, “hace más difícil el control por una agencia exterior”.

En México, los efectos políticos de la revolución tecnológica impactan en una sociedad dividida por la brecha digital. Rodrigo Araya, académico chileno, afirma que la “mala noticia” del Internet es que no llega a todos. La buena es que significa más poder para los ciudadanos e impulsa la eficiencia de las instituciones públicas. A la lista de cualidades podríamos agregar que la Red -por su naturaleza- es incontrolable.

Los esfuerzos en sentido opuesto serán inútiles o encontrarán éxitos individuales con la ayuda de un IFE solidario e intercesor, pero difícilmente sacudirán las bases de un medio de comunicación esencialmente libre. Por la limitación de su alcance, la regulación de las campañas políticas en Internet es un atraso legislativo que puede justificarse.

Mercado de opiniones

En el mercado de la opiniones, todas las posturas encuentran su espacio y su crítica. Opinar es empeñar la credibilidad en defensa de una convicción que surge de un entorno marcadamente complejo; es un acto comprometedor del periodismo que decide apostar un nombre y una visión, a la incertidumbre del devenir y sus juicios. Pese a la contundencia de algunas voces autorizadas o a la cualidad refrescante de sus argumentos, sólo existen tres tipos de opiniones.

Esto, a partir de los códigos interpretativos propuestos por un teórico jamaiquino de nombre Stuart Hall. Para él, cualquier suceso tiene tres lecturas: la hegemónica, la negociada y la opositora. Esto significa que ante cualquier tema las opiniones pueden reforzar la postura dominante, cuestionar sin criticar o simplemente desacreditar. La epidemia de “influenza humana” sirve de ejemplo.

De inspiración presidencial, el mensaje central de este ejercicio de análisis será: “El gobierno mexicano actuó de forma oportuna y correcta ante la emergencia sanitaria”. La lectura hegemónica, según Hall, arrojaría argumentos a favor del enunciado. Los encontraremos, sin falta, en la televisión y en las figuras emanadas de ella.

El elegido es Joaquín López-Dóriga, quien escribió para el periódico Milenio que el presidente se asumió “al frente de la emergencia” como un jefe de gobierno que “se hace sentir”. Además, el comunicador dijo que “debe aceptar” que Felipe Calderón es avalado por las cifras, los resultados y las encuestas. Para él, esto es lógico y natural.

Vamos ahora a la postura negociada, donde caben algunas contradicciones. En este caso, quien opina comparte gran parte de la interpretación dominante, pero añade elementos propios. Opté por un texto de Macario Schettino publicado en El Universal.

Este investigador, autor de 15 libros, admite que el mundialmente célebre virus A/H1N1 es tratable con los antivirales existentes y que quizá no era para tanto. Sin embargo, señala que el gobierno desconocía inicialmente esa información y aplaude que no arriesgara al país. Schettino se queja de la prensa que ataca permanentemente al gobierno, pero tampoco pugna por defenderlo.

En ese sentido, Stuart Hall habla de la lectura opositora, aquella que entiende la opinión dominante, aunque no la comparte. El contexto de quien percibe el tema, lo coloca en una posición contraria. Viene a mi mente Julio Hernández López, columnista de La Jornada.

El autor de “Astillero” afirma que las medidas contra la epidemia fueron exageradas intencionalmente por el gobierno federal, “en función de sus necesidades de legitimación y de sus cálculos electorales y políticos”. Para Hernández López, los riesgos de la influenza fueron tardíamente detectados por una administración que “mantiene en el abandono” el curso de los asuntos públicos.

Al final, esta teoría agrega elementos de juicio a los lectores, televidentes y radioescuchas que prefieren un punto de vista sobre otro. Es también una herramienta básica para una sociedad que requiere, urgentemente, de consumir en forma cada vez más inteligente el contenido de los medios de comunicación.