Paulette

Con el cuerpo de la niña Paulette Gebara Farah se enterró también el lado humano del caso. Y aunque las investigaciones de su extraña muerte continúen, el proceso judicial es insuficiente para mantener vivo el tema en los medios.

No sólo porque el sigilo legal bloquea gran parte de la información sobre el tema, sino porque la Procuraduría del Estado de México no parece interesada en resolver el tema en el corto plazo. Las odas a la “ciencia” suplican paciencia. No habrá culpables en los próximos meses, a menos que haya sorpresas.

Si los hay será muy tarde. Lo suficiente para que el caso haya sido olvidado por la opinión pública. En los archivos de la desmemoria, Paulette ocupará un lugar junto a Diego Santoy “El asesino de Cumbres” y otros personajes surgidos de la magnificación televisiva que siempre caduca.

¿En algún punto la historia fue relevante? La desgracia familiar de una hija perdida nunca se cuela a los titulares y las primeras planas de la prensa nacional. ¿Por qué un rostro que podría aparecer en “Canal 5 al servicio de la comunidad” se coló al horario estelar?

Las conexiones del padre y la santa inactividad de un periodo vacacional son las respuestas. En realidad, el asunto explotó el día que se descubrió el cadáver de la niña en su habitación. Esto pese a que la madre había sido entrevistada en varias ocasiones sobre la cama de la menor.

En ese punto se mezclaron fuertes factores de interés: la intensidad de la indignación social, la morbosidad de la especulación, la fuerza de la nota roja y el fisgoneo ante la descomposición de la élite.

Los mexicanos son directores técnicos de nacimiento y ahora expertos en criminalística. La madre de Paulette se convirtió de un día para otro en una asesina, en un monstruo, en una mala actriz. Del padre nunca se habló porque su estrategia fue diferente: su único mensaje a los medios ocurrió el día del velatorio.

En las redes sociales en Internet circularon versiones en torno a la ropa con la que se encontró el cadáver de la pequeña: presuntamente aparecía doblada sobre la cama en imágenes difundidas días antes por Televisión Azteca. Twitter y Facebook se convirtieron en juzgados.

Se dijo también que el caso Paulette fue el primer torpedo contra Enrique Peña Nieto rumbo al 2012. Sin embargo, la tragedia de los Gebara Farah dista mucho de comprometer al gobernador del Estado de México, quien se limitó a respaldar a su procurador. Por el contrario, el caso es un excelente distractor.

Se consolida un subgénero televisivo: el reality judicial. Así lo considera Jenaro Villamil de la revista Proceso: “simula un periodismo de investigación en torno a un homicidio, un secuestro o algún delito que cimbre las emociones de las audiencias”, explica el periodista.

Como consumidor de noticias rechacé el tema. Como periodista tuve que subirme a él cuando participé en la cobertura. Agradezco que haya concluido y espero que pronto se rompa el círculo vicioso entre quienes comunican a partir de un supuesto interés y quienes terminan interesados porque es lo único de lo que se habla.

Declaraciones invertidas

Confieso que fue imposible reprimir la carcajada que me provocó el optimismo presidencial del martes pasado. En un discurso con motivo del aniversario de las Leyes de Reforma, Felipe Calderón afirmó enfático que México es “una de las naciones con mayor libertad de expresión de ideas y de comunicación, sin restricción alguna”. De corta memoria, el mandatario olvidó que el último en gritarle “¡No hay libertad!” fue detenido por el Estado Mayor.

Nelson Vargas se equivocó cuando, ese mismo día, fue entrevistado de forma extrañamente simultánea en los informativos nocturnos de Televisa y TV Azteca a nivel nacional. El empresario que sufrió el secuestro y muerte de su hija lamentó que el país se esté desmoronando. Sin embargo, invitó a la sociedad a confiar en las autoridades, en el presidente. “Si no ¿en quién creemos?”, preguntó.

En nadie, respondería yo, menos en un político. ¿Quién fue el último en ganar nuestra confianza y en qué terminó la historia? La necesidad de “creer en alguien” invocada por Vargas es el negocio de unos y la desgracia de otros.

Tras numerosas decepciones y a partir del ejercicio periodístico, he descubierto que la verdad en las declaraciones de un político se encuentra en la inversión de su sentido. Como en toda regla hay excepciones, pocas y honrosas. Lamentablemente para los demás, para los mentirosos, los hechos pueden más que las palabras. Los ejemplos sobran:

¿Cuánto tiempo se dijo que en Puebla no había presencia del crimen organizado, que era un “estado de paso”? Esta semana el discurso cambió radicalmente ante la detención de presuntos “Zetas” en un centro comercial de San Pedro Cholula. Ahora sí, resulta que la delincuencia está por todas partes y nadie se salva. Como si fuera novedad.

A nivel nacional, escucharemos a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, negando que se desvíen recursos para promocionar su imagen. Como si las investigaciones difundidas por el periodista Jenaro Villamil necesitaran confirmación, las revelaciones de un periodista español reavivaron la controversia.

José María Siles, director de una agencia de noticias con sede en Bruselas, fue contratado por Televisa para realizar la cobertura del Foro Mundial del Agua en marzo de este año. Se le pidió especial énfasis en la figura de Peña Nieto, quien según su contacto en la televisora será “el próximo presidente de México”. En días recientes, el informador denunció que no sólo siguen sin pagarle sino que pretendían hacerlo con el erario mexiquense. ¿Van a seguir negándolo?

La regla de las declaraciones invertidas puede aplicarse también a César Nava y su desmentido permanente del dedazo presidencial. ¡Vaya! Elija usted su tema y personaje favorito, el margen de error es mínimo. Cambiemos los aplausos por las preguntas, la justificación por la exigencia. Dejemos de creer y cuando los políticos padezcan los efectos, buscarán recuperar la confianza. Eso nos conviene a todos.

Si yo fuera presidente

Una frase célebre del priísmo, atribuida al ex gobernador mexiquense Carlos Hank González, sostenía que “un político pobre es un pobre político”. Hoy en día, la nueva moneda de cambio es el rating, así lo sugieren las páginas del libro “Si yo fuera presidente” del periodista Jenaro Villamil. La confusión entre el nivel de audiencia televisiva y el grado de eficacia política es la esencia del texto editado por Grijalbo que tiene como personaje central a Enrique Peña Nieto.

El mandatario de la sonrisa y el copete perfecto, carta fuerte del PRI para las elecciones del 2012, es escudriñado por el reportero de la revista Proceso. Villamil describe el inicio desangelado de su carrera política, su papel en la administración del infame Arturo Montiel y la historia de su camarilla: el “Grupo Atlacomulco”, cuyo máximo exponente fue Hank González.

El autor afirma que Peña Nieto es protagonista de un reality show que -según la primera factura- ha costado más de 740 millones de pesos. La “Estrategia Integral de Comunicación” abarcaría recomendaciones, redacción de discursos, manejo de crisis, diseño de mensajes y preparación para los medios; además de la inversión en televisión.

Este punto desató la polémica. El periodista señala que el gobierno del Estado de México contrató los servicios de Televisa a través de empresas intermediarias como “TV Promo” y “Radar Servicios Especializados”, a fin de maquillar los gastos reales. Las tácticas de mercadotecnia política incluirían el infobranding, es decir, propaganda disfrazada de información.

Eso explicaría la presencia constante del gobernador mexiquense en la pantalla. Los monitoreos son contundentes, por ejemplo, los resultados de la medición promovida por el Senado de la República durante la discusión de la reforma electoral. En cuestión de 15 días, Enrique Peña Nieto había aparecido 700 veces en la televisión, seguido de Marcelo Ebrard con 449 menciones. El tercer lugar lo ocupaba Manlio Fabio Beltrones con menos de 30. ¿Por qué la diferencia?

En una inusual reacción a la crítica, Televisa publicó un desplegado hace unas semanas contra Jenaro Villamil y Carmen Aristegui, quien comentó el libro en su programa de radio. La empresa llamó mentirosos a los informadores. Argumentó que el Estado de México es la entidad federativa con mayor población y que los contenidos se planifican en proporción a la audiencia interesada.

Así pues, con lo que podría ser la creación de un nuevo factor de interés periodístico -de tipo demográfico- la televisora defendió la cobertura al mandatario mexiquense. Habrá que exhortar entonces a Veracruz, Guanajuato y Nuevo León a que reclamen su derecho de pantalla e ignorar a Baja California Sur y a Colima por falta de quórum.

Si Villamil es un “periodista de consigna” y un difamador, como acusa la televisora, es tiempo de abrir los contratos. Si el Estado de México está interesado en la transparencia y la rendición de cuentas es momento de probar que la popularidad del “viudo de oro” no se fabricó al margen de la ley.

TVCalderón

Lo que el IFE se llevó, Calderón lo regresó. La dramática disminución de ingresos que representó la reforma electoral para las televisoras, se convirtió en un incesante pataleo que sacudió la tranquilidad de Los Pinos. El gobierno federal no podía perder a su mejor amiga, la televisión. Y aunque la consolación llegó tarde, es contundente: (en épocas de crisis económica) se pretende duplicar el gasto de publicidad en los medios.

La información publicada por el periódico Reforma señala que la partida destinada a servicios de Comunicación Social y Publicidad de las dependencias federales, dispondrá de mil 791 millones de pesos. Esta cantidad es dos veces lo presupuestado para ese rubro el año pasado. La cifra es también cercana al “ahorro” de mil 912 millones que se proyectó tras la reducción del presupuesto a los partidos políticos, organizaciones ahora dependientes de los tiempos oficiales y de la cooperación democrática de los concesionarios.

El Estado utiliza inicialmente sus 48 minutos diarios en las estaciones de radio y televisión, pero siendo el IFE único administrador de ese beneficio durante las campañas políticas, las dependencias pagarán por sus spots en una clara compensación a las pérdidas millonarias que pusieron a temblar la relación mutuamente conveniente entre el presidente y las televisoras.

Los medios de comunicación fueron vitales desde el principio. Las denuncias de un fraude electoral provocaron que Calderón aceptara su cargo en condiciones inéditas: la ceremonia del relevo presidencial se adelantó, ocurrió a medianoche y se transmitió en cadena nacional. Cuando el extraño ritual en la pantalla mostraba a quien fuera el candidato del PAN recibiendo la bandera que le entregaba un cadete del Colegio Militar, quedó claro que el Ejército y la televisión serían los pilares de un gobierno que requería legitimarse socialmente.

Y así es. Calderón es un presidente en guerra y en la tele. ¿Qué sería de su imagen pública si Televisa no borrara digitalmente las pancartas contra él en los actos públicos? ¿Si diera entrevistas? ¿Si se permitiera cuestionarlo? ¿Si lejos de seleccionar los momentos más brillantes de un discurso que no escribió, la prensa abriera sus espacios al libre flujo de su genialidad?

Viene a mi mente un cartón publicado en la revista Proceso, en el número inmediato a la celebración de la Independencia en septiembre pasado. La imagen era del balcón principal en Palacio Nacional, una televisión ocupaba el lugar del presidente y en la pantalla, pequeño como suelen dibujarlo, Calderón daba el grito. La reconciliación será costosa e incluso forzada, sostienen algunos.

En un foro organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla el lunes pasado, el periodista Jenaro Villamil sugirió que las televisoras tendrían en su poder grabaciones relacionadas al caso Mouriño que servirían en la negociación. Y aún descartando el chantaje, nos queda la presión. En todo caso, el célebre “apego a derecho” está de vacaciones.