Billetes a la hoguera

Al Congreso le llueven felicitaciones del gobierno federal. Los diputados bailaron al son de Los Pinos y ganaron su palmadita en la espalda. Consiguieron el aplauso presidencial, un reconocimiento que se piensa digno de quienes glorifican a la Patria. Y todo por alimentar con miles de millones de pesos la agenda e intereses de Felipe Calderón y los suyos.

Los temas fuertes en la Cámara de Diputados se trabajan al interior, pero también afuera, en el ámbito de la opinión pública y los medios. Desde la prensa, un trance legislativo se construye por etapas. Cada vez que el Congreso tiene en sus manos una decisión de alto impacto, se desata una serie eventos que podrían clasificarse cronológicamente: antes, durante y después.

Antes de cualquier iniciativa o discusión, surgen los declarantes que empujan o critican el tema pero lo “calientan”. Cuando el asunto llega al debate, las fuerzas políticas fijan su postura y critican la contraria. Quienes comparten la opinión mayoritaria validarán la votación y los restantes serán tratados como una minoría anecdótica. Después del resultado, sus beneficiarios aplaudirán al Poder Legislativo. Los demás se quejarán.

Esa historia se repite cada año. El presupuesto es un juego de sumas y restas donde se calculan los reclamos, se ponderan las ganancias y se finge interés en los votantes. Cuando se trata de repartir los recursos del Estado, siempre hay ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿quién gana y quién pierde? ¿de dónde vienen los elogios?

Un funcionario me dijo alguna vez: “No hay nada mejor que gastar el dinero ajeno”. El dinero de todos se invierte en las causas de algunos. Quienes celebran la repartición lo hacen porque significa un impulso directo a sus prioridades. La administración federal reconoce la “responsabilidad” de los legisladores porque apadrinaron su lista de intereses, especialmente su estrategia de seguridad.

Los diputados le echaron billetes a la hoguera de Calderón. ¡La asignación de financiamiento en materia de seguridad para los estados y municipios es la más alta en la historia del país! Sólo para la implementación del mando único policial se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos. Según cifras oficiales, el presupuesto de seguridad nacional tuvo incremento real de 8.1 por ciento respecto al año pasado.

Asuntitos como la salud, la educación y el combate a la pobreza quedaron en segundo plano. Miles de mexicanos morirán desatendidos, otros más no saldrán de la primaria o siquiera del analfabetismo, y millones más vivirán con menos de lo mínimo. Pero habrá armas, soldados, sicarios, balaceras, muertos, persecuciones, bloqueos, detenidos y ejecutados. Todo eso que los mexicanos anhelamos.

¿Quién cree que la seguridad es tanta como la inversión en ella? Más aún, ¿quien creerá en este argumento cuando haya terminado el sexenio de Felipe Calderón? Mientras tanto, el "presidente del empleo" tiene razones para festejar: los diputados le autorizaron más plazas para la Sedena y la PGR.

Marihuana electoral

La derrota de la “Prop 19” es una victoria para sus impulsores y simpatizantes. Aunque el resultado del plebiscito sea una batalla perdida, la guerra continúa. La legalización de la marihuana en California perdió en las urnas pero ganó adeptos. Los perdedores tienen razón cuando afirman que el debate publico fue su triunfo: un tema vetado pasó de pronto al primer plano.

Así que todos felices: los que apoyan la prohibición, los que rechazan el consumo de drogas y los que se legitiman o enriquecen con estrategias policíacas. Pero también quienes pugnan por la libertad de elección, por eliminar mercados negros, o simplemente quienes la consumen y no son criminales. Todos celebran la votación en California.

Los primeros análisis sobre el referéndum arrojan dos hipótesis. Los medios estadounidenses señalaron que el electorado tenía dudas sobre la legalización. Por ejemplo, ¿qué sucedería con las líneas de distribución controladas por cárteles y sicarios? La prensa mencionó la posibilidad de un “sabor amargo” en Los Ángeles, ciudad donde la hierba se vende a la menor provocación y donde una “mayoría silenciosa” habría manifestado su disgusto. La marihuana se volvió electoral.

Los comicios del martes en Estados Unidos afectaron a México. El hervidero de opiniones sacudió momentáneamente la argumentación de la “guerra contra el narcotráfico” en nuestro país. ¿Cómo explicar el matadero cuando a unos kilómetros la producen y venden tranquilamente? ¿Por qué recetan allá lo que aquí cuesta la libertad o la vida? Las reacciones de la clase política fueron un acto de supervivencia.

Vicente Fox se volvió activista cannábico, pero el presidente en turno piensa diferente. Fox defendió la "Prop 19" porque critica la guerra que inició su sucesor, y Calderón lo regañó públicamente por no haber actuado a tiempo. El gobierno federal aseguró que una medida “local y unilateral” no frenaría la violencia en México. Otros, como el secretario de Gobierno en Nuevo León, plantearon la necesidad de un “cambio de juego”.

Sin duda estas reacciones tuvieron impacto en la opinión pública, aunque a diferencia de Estados Unidos, aquí no se puede celebrar la simple existencia de un debate. La discusión de ideas no puede considerarse un triunfo, mientras no haya voluntad de llegar a conclusiones y actuar en consecuencia.

Allá el debate funciona porque la democracia se reafirma ocasionalmente para seguir pareciendo ejemplar, en México carece de sentido porque la posición oficial simula apertura pero es intransigente. Ahí están los “Diálogos por la seguridad” y la bienvenida del presidente Calderón a un debate que desacredita de origen.

Vendrá el 2012 y los activistas pro marihuana impulsarán nuevamente su causa en Estados Unidos. Eventualmente se aprobará y llegará el momento de replantear lo que ocurre al sur de su frontera. Mientras tanto, se avanzó en la lucha contra los estereotipos y los prejuicios. Quizá dentro de unos años sea evidente que la prohibición y las armas sólo agravaron un problema que podía controlarse con regulación, salud e información. Que así sea.

NarcoTV

Una exclusiva de “El Chapo News” conmociona a Chihuahua. El último episodio de NarcoTV acusa a la ex procuradora, Patricia González, de nexos con el Cártel de Juárez. El protagonista es su hermano, secuestrado la semana pasada y colocado frente a una cámara para ser interrogado. Según la acusada, fue grabado en un cubículo de los edificios diseñados para el nuevo sistema penal. Los productores y entrevistadores son paramilitares uniformados y con armas largas.

Pero eso no es todo, la saga tiene cinco capítulos más. Así lo informo en entrevista con Carmen Aristegui el periodista exiliado Jorge Luis Aguirre, director de LaPolaka.com, medio que difundió el primer video. Vía satélite desde Estados Unidos, Aguirre comentó que el grupo responsable del mensaje -presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa- tiene preparados nuevos escándalos, aunque negó tenerlos en su poder.

“Es una venganza”, dice la ex procuradora. Patricia González argumentó que los afectados por su impecable labor justiciera quieren desprestigiarla. Dijo que los captores de su hermano son policías en activo y despedidos, y rechazó haber ordenado ejecuciones de periodistas y líderes comunitarios, como sugiere el interrogatorio. Por su parte, la PGR emitió un comunicado con la típica respuesta a los asuntos delicados: estamos investigando.

Las opiniones sobre el caso en los últimos días pueden clasificarse en dos categorías: legalistas y alarmistas. Las primeras descartan cualquier valor del video porque el declarante está encañonado y porque sus afirmaciones no tienen valor probatorio en un juicio. Las segundas, aprovecharon la revelación para extrapolar el tema y llevarlo a nivel de Estado. Según dicen, se evidencia su debilidad y la existencia de grupos insurgentes.

No comparto estos extremos. Pese al contexto, es un error minimizar las confesiones del hermano de la procuradora, aunque resulta exagerado el intento de tomarlas como prueba irrefutable de los males que aquejan a todo el país. No obstante, el episodio permite reflexionar sobre la forma y no sólo sobre el fondo.

La guerra por las “plazas” en México lleva meses librándose en el frente comunicativo. Preocupa que el crimen organizado se haya convertido en un proveedor frecuente de contenidos para los medios. En la medida en que se transmitan, continuarán llegando a las redacciones o apareciendo en Internet. En mi opinión, la obligación de informar no exime de la responsabilidad que en última instancia conlleva la publicación de mensajes diseñados por narcotraficantes.

Es cierto que la agenda periodística es manipulable, que los medios están ahí para reproducir lo noticioso, sea lo que sea. Sin embargo, cuando se abren espacios al narcotráfico existe el riesgo de que la prensa termine controlada por criminales. Sin un debate al interior de los medios, lo que irónicamente llamo NarcoTV o “El Chapo News” llegó para quedarse. La delincuencia seguirá tomando carreteras, municipios, estados, noticieros y primeras planas...

Reformitis

El ciudadano promedio no tiene opiniones políticas. En la mayoría de los casos, sea por apatía o desinterés, sus juicios sobre la realidad del país y del mundo pueden rastrearse con un control remoto. En ese sentido, el papel de los líderes de opinión es un factor clave en la construcción de percepciones y asociaciones conceptuales que inciden directamente en el ejercicio de la ciudadanía.

Por eso indigna que los comunicadores no se informen antes de opinar. Las caras de la noticia comentan desde su experiencia, prejuicios y tendencias, pero no siempre desde el conocimiento pleno del asunto que abordan. Muchos lo hacen a partir del resumen elaborado por sus redacciones, sin tomarse la molestia de estudiar a fondo el tema. Como si consignar los hechos sin aderezarlos o interpretarlos fuera un pecado televisivo.

Un ejemplo reciente es la iniciativa en materia de fuero militar, enviada el lunes al Senado por el presidente Felipe Calderón. El texto contempla la intervención de tribunales civiles cuando los militares incurran en alguno de los siguientes delitos: desaparición forzada, tortura o violación. En la lógica de los analistas profesionales -que además se ha implantado en buena parte de la población- reforma es igual a progreso. Las reformas siempre son "necesarias", incluso "insuficientes", pero nunca indeseables.

Esta reformitis implica la celebración casi automática de cualquier intento de modificación legal que parezca un avance. Nadie quiere parecer retrógrado, a menos que se trate de la defensa ideológica de posiciones morales cuyo desvanecimiento ponga en riesgo la existencia del grupo de pertenencia. Cuando el concepto de identidad no está en juego, cualquier cambio es bueno.

Sin embargo, un juicio automático y casi cultural es insuficiente para quienes ocupan el lugar privilegiado entre la información y la audiencia. ¿Por qué nadie cuestionó que la reforma de Calderón no incluya el homicidio? ¿No es la muerte de civiles inocentes el mayor escándalo del Ejército en esta "guerra contra el narcotráfico"?

El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, aclaró el martes en Los Pinos que -fuera de los delitos señalados en la iniciativa- la jurisdicción militar debe mantenerse para conservar la disciplina. ¿Cómo? ¿Si el homicidio fuera juzgado por autoridades civiles los militares se volverían rebeldes? Poiré lo insinúa.

Además, ¿desde cuando los tribunales civiles infunden esperanza? Entiendo la crítica a la justicia militar y la posibilidad de que sólo exista para ocultar a la sociedad las atrocidades del Ejército, pero insisto, ¿por qué es motivo de celebración que las Fuerzas Armadas sean enjuiciadas por instancias que han probado su incapacidad con el resto de los ciudadanos?

A nadie se le ocurrió una crítica tan elemental. Sólo hubo bienvenidas a la iniciativa de Calderón, como si garantizara la protección a los derechos humanos e impulsara la justicia en el país. Cuando en realidad es una modificación cosmética para acallar voces del extranjero y negociar la aprobación de la reforma política. Por eso es peligroso repetir opiniones, especialmente cuando la fuente original no se molestó en pensar.

De la burocracia a la impunidad

La indignación generada por los asesinatos de periodistas aumenta con las reacciones de quienes se hacen llamar “servidores públicos”. Ante lo que constituye una afrenta a la democracia y a los derechos fundamentales, las autoridades correspondientes evaden su responsabilidad y distraen la atención pública con el viejo debate de las competencias.

Se trata de evadir culpas, pero también obligaciones. Así ocurrió con el homicidio de Luis Carlos Santiago Osorio de El Diario de Juárez. Los hechos sucedieron alrededor de las 14:30 horas del 16 de septiembre en la ciudad más violenta del país, horas después de que el gobierno federal se vanagloriara por un festejo patrio “en paz y con unidad”.

Un grupo de sicarios disparó contra un automóvil propiedad del periódico. En él viajaban dos practicantes que aspiraban convertirse en reporteros gráficos; uno sobrevivió. Este atentado justificó la publicación de un editorial no sólo polémico, sino histórico en el desarrollo de la prensa nacional.

El domingo pasado El Diario de Juárez sucumbió ante el miedo y se dirigió al crimen organizado: “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.

Esta postura ameritó un regaño desde Los Pinos. Durante una conferencia de prensa, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, estableció la prohibición de pactar, negociar o promover treguas con los criminales. Aceptó que es tarea del Estado garantizar la libertad de expresión, aunque de inmediato aplicó la censura.

La supuesta autoridad de Poiré proviene de un ceño fruncido y de un cargo fabricado cuando fue removido de Gobernación. Su tarea consiste en responder las preguntas de los reporteros en la ignorancia de datos elementales. Poiré es un vocero desinformado, lo evidenció cuando dijo que el móvil más probable de la agresión a Santiago Osorio es “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.

¿Qué hay de las amenazas a El Diario de Juárez? ¿No debería ser esa la primera línea de investigación? El vocero de Seguridad Nacional respondería que él simplemente reproduce la versión de la Procuraduría de Chihuahua. Luego nos recordaría se trata de un delito del “fuero común” y dejaría claro que el gobierno federal sólo “coadyuvará”. En pocas palabras, la PGR se deslinda del tema y justificará cualquier conclusión de la instancia local, por absurda que sea.

La justicia en México es como el agua en un desierto: escasa y absolutamente necesaria, pero no se materializa por el hecho de exigirla o desearla. La impunidad reinante en el país demuestra que los defensores de la ley sólo la usan para ocultar y prolongar su propia mediocridad. Si hubiera intenciones auténticas de resolver este y otros casos, lo último que escucharíamos de las autoridades sería una sarta de formalidades superfluas y excusas burocráticas.

El Diario de Juárez argumentó impecablemente su mensaje público al crimen organizado. El Estado se irrita porque se siente desplazado. Sin embargo, esta realidad no es atribuible a un periódico en particular o a los medios en general, sino a un gobierno que ha perdido el monopolio de la fuerza en territorios enteros. La libertad de prensa no existe en Chihuahua, lo peor es que sólo los periodistas están preocupados.

Asesino

No hay otra forma de llamarlo. El Ejército mexicano sigue matando a inocentes en su guerra contra el narcotráfico. El domingo pasado un grupo de soldados disparó contra una familia que circulaba por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. En el vehículo viajaban cuatro adultos y tres menores. Los militares mataron al padre y a su hijo adolescente. Vicente de León de 53 años y Alejandro de 15.

La tesis de la defensa propia es absurda en este caso. ¿Cuál fue su delito? Ninguno. Y aunque fueran culpables de alguna atrocidad, la pena de muerte no figura en la legislación vigente. Así se hace justicia en nuestros días: con ráfagas mortales que surgen de paranoias justificadas en la absoluta impunidad. ¿Y el “Estado de derecho”?

Los mexicanos deberíamos escandalizarnos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a la violencia y al discurso maniqueo que solapa las muertes de ‘los malos’ al margen de la justicia. Lo peor es que hasta ‘los buenos’ son ejecutados como delincuentes, con la certeza de que serán aceptados como “daños colaterales”.

Las conciencias retorcidas o vendidas de algunos comunicadores optaron por aplaudirle al gobierno federal por su reacción a los hechos del domingo. Resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional merece honores por haber aceptado que un grupo de los suyos asesinó a civiles sin nexos con el crimen organizado.

En la lógica de esos líderes de opinión fue motivo de celebración que los integrantes de la familia no fueran tildados de sicarios, como ocurrió con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. O que sus muertes no fueran atribuidas al extraño azar de una lluvia de municiones donde sólo las balas del crimen ultiman a inocentes, como a Martín y Brian Almanza –de 9 y 5 años de edad- en Tamaulipas.

No sólo eso. La prensa mexicana se sumó involuntariamente al leguaje eufemístico del discurso oficial. Los términos utilizados por los periodistas que comentaron el caso fueron dictados por funcionarios federales y estatales. Se llamó “personas” a una familia, “acontecimientos ocurridos” a una balacera sin explicación, y “error lamentable” a un crimen de Estado. En el temor a la efervescencia, se bloquea desde el idioma la posibilidad de empatía.

Pese al aumento exponencial de las quejas e imputaciones en su contra, el Ejército sigue siendo una institución sacralizada por la mayoría de los medios. Tanto que escribir de estos temas parece peligroso. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Terminar muerto? ¡Pero eso le ocurre a cualquiera! El riesgo es compartido por los complacientes y los críticos, los ignorantes y los indignados. Aquí el peligro es para todos.

Es hora de terminar con el mito. El Ejército es una institución más; podemos criticarla y exigirle, como a cualquier otra. El desvanecimiento de la responsabilidad personal -producto de una rígida jerarquía que castiga con severidad la desobediencia- nos remite al nivel más alto en la búsqueda de culpables.

Bajo esta perspectiva, el “error lamentable” es del comandante supremo, del presidente de la República. De otro modo, el panorama sería aún más grave. Si las tropas incumplieran deliberadamente las órdenes de respetar los derechos humanos y proteger a la población, la situación imperante podría interpretarse como un golpe de Estado.

Mientras en México se hable de justicia y democracia, es tiempo de apelar a la congruencia, de oponerse abiertamente a la violencia del gobierno contra sus ciudadanos. Es por el bien de todos, aunque el “patriotismo” de nuestros días exija silencio o adulación y consista en festejar el deterioro institucional en el país.

El buen camino

El optimismo fingido nos gobierna mientras el país se desmorona. A los casi 30 mil cadáveres de una guerra fallida se suman los migrantes exterminados y los alcaldes ejecutados. En los últimos dos años, 13 presidentes municipales han sido asesinados y la frecuencia de estos crímenes va en aumento.

El último edil en la lista de muertos recibió poca atención de los medios. El alcalde del municipio de Hidalgo en Tamaulipas, Marco Antonio Leal García, fue baleado el domingo mientras circulaba en una camioneta con su hija. A diferencia de su homólogo de Santiago, Nuevo León, el político tamaulipeco no fue homenajeado en público. Las reacciones al caso fueron mínimas.

En el gremio periodístico es sabido que “nota mata nota”: una historia fresca y relevante opaca a las demás. En la semana del informe presidencial y a unos días de las fiestas del Bicentenario, el gobierno federal fue hábil en alimentar a la prensa con información atractiva pero cómoda.

Tanto que logró frenar -e incluso detener- el seguimiento a la masacre de 72 migrantes y a la ejecución de Leal García. Estos temas de primera importancia y gravedad se desvanecieron antes del lunes por la noche. Además ocurrieron en Tamaulipas, un estado secuestrado por el narcotráfico, un lugar donde los reporteros no son bienvenidos.

A cambio, la administración de Felipe Calderón ofreció a los medios la detención de Edgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”. Los datos sobre el aseguramiento fueron dosificados intencionalmente. Primero circuló una versión extraoficial, después se confirmó en un comunicado, luego llegó la fotografía y finalmente se transmitió desde Los Pinos un mensaje en horario estelar.

Hace poco, un funcionario federal me dijo que desde la perspectiva de la administración pública, los medios de comunicación son necesariamente secundarios. Nada más alejado de la realidad en México. La ecuación se ha invertido: lo secundario es la eficacia gubernamental.

El concepto de “opinión pública” ha reemplazado al de “ciudadanía”. El Estado invierte más en construir percepciones que en garantizar derechos. Si se trata de difundir logros, los datos noticiosos son revelados estratégicamente para manipular a los medios. Lo saben quienes escriben ‘narcomantas’ con faltas de ortografía pero las colocan a horas clave. Lo saben también los funcionarios, aunque finjan institucionalidad y eficacia.

Los periódicos nacionales compartieron su primera plana del martes: la detención de “La Barbie”, la misma foto de baja calidad y alguna conjugación del verbo “caer” en el encabezado. ¡Viva la pluralidad informativa! La presentación de Valdez Villareal fue una maniobra perfecta de comunicación gubernamental. Súbitamente la agenda informativa del país se unificó para proclamar un logro de la administración federal.

Que sigan muriendo inocentes, alcaldes y migrantes. Después de todo, el presidente dijo en los spots de su informe que “aún no es suficiente, pero vamos por buen camino”. ¿Suficientes muertos? ¿Suficientes errores? ¿Suficiente cinismo? Si creemos que el país va por “buen camino” nos hemos vuelto locos, vivimos disociados de la realidad. Lo cuerdo sería pensar que hay cierta perversidad en la evaluación que Calderón hace de su administración.

Los federales en Juárez

El colmo de un gobierno que abusa de las soluciones policíacas es perder el control de su policía. Si en México los problemas sociales de toda índole se resuelven con la fuerza pública y si la administración en turno decidió que el tema del sexenio sería su lucha por la seguridad, no hay peor escándalo que la corrupción al interior de corporaciones federales.

Este fin de semana estuve en Ciudad Juárez para dar seguimiento a la rebelión de elementos de la Policía Federal contra sus mandos. Fue la nota del fin de semana: cerca de 300 uniformados se amotinaron el sábado en un hotel del que sacaron a golpes a uno de sus comandantes y lo acusaron –junto a tres jefes más– de exigirles cuotas y vincularse con el crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los cuatro acusados habían sido relevados de su cargo y que serían investigados por la PGR. Según la dependencia, los elementos inconformes seguirían patrullando las calles de Juárez, aunque hubo versiones sobre su traslado al Distrito Federal. Finalmente la Policía aceptó que un “grupo de personas instigadoras” fue segregado por insubordinación. No precisó el número.

Esto es gravísimo. Ciudad Juárez sigue siendo la capital de la violencia en el país, aunque las fuerzas federales llegaran ahí en abril del 2008 como parte del “Operativo Conjunto Chihuahua”. La desconfianza en las corporaciones locales y su ineficacia eran parte de la argumentación. Desconfianza e ineficacia. Estos temas ya alcanzaron a la Policía Federal, principal responsable de la estrategia de seguridad tras el retiro paulatino del Ejército.

Juárez es la sombra de aquel municipio vibrante que fue: casas abandonadas, negocios cerrados y el temor de miles de familias que prefieren quedarse en casa. Los retenes han disminuido desde la explosión del coche bomba hace unas semanas, pero agentes federales continúan recorriendo las vialidades con sus armas largas.

Me sorprendió descubrir que muchos juarenses prefieren el regreso del Ejército. ¡La militarización parcial de un territorio es más noble que los federales! La Policía Federal no ha sido precisamente ejemplar, la población lo sostiene y los hechos del sábado lo comprueban. Algún día le cambiarán de nombre.

El tema es incómodo para la secretaría encabezada por Genaro García Luna. ¿Cómo apagarlo en los medios? Negar y fabricar: las artimañas favoritas de las oficinas de Comunicación Social. Bloquear las peticiones de información y luego distraer a la prensa con algo. ¡Qué mejor que un impresionante operativo sin resultados en Bosques de las Lomas!

El gobierno federal ofrece un espectáculo policiaco en una zona acaudalada del Distrito Federal a cambio de opacar un asunto que le incomoda. Ese fue el trueque implícito con los medios nacionales. Lo de Juárez se estaba investigando y escaseaban los datos. El problema en México es que las investigaciones inician o continúan pero casi nunca concluyen. Al menos mediáticamente.

Ese jaloneo entre el gobierno y los medios abre una brecha: la desinformación. ¿Por qué? Porque una noticia irrelevante pero vistosa puede quitarle atención a otra de verdadera importancia. En esa batalla permanente entre ocultar e informar, entre la negligencia de unos y el oficio de otros, la sociedad pierde. Si no, pregúntenle a los juarenses.

Guerra de videos

Las cámaras de video son las nuevas armas del narcotráfico. Mediante la difusión de supuestos interrogatorios a policías o miembros de cárteles rivales, la batalla por el dominio de plazas se amplió al frente comunicativo. Pareciera que el crimen organizado requiere enviar mensajes para seguir operando. Poco a poco, las ‘narcomantas’ son desplazadas por YouTube.

Hace una semana se difundió un video que culminó en la detención de la directora del Cereso número dos de Durango, Margarita Rojas. En él, aparece un supuesto policía con indicios de tortura que es flanqueado por dos encapuchados. En respuesta a las preguntas de un tercero, el prisionero afirma que las autoridades penitenciarias consienten las salidas nocturnas de un grupo de sicarios. El sujeto, identificado como Rodolfo Nájera de 25 años, es ejecutado después.

La grabación de este material fue atribuida a Los Zetas. La información contenida en poco menos de 10 minutos fue confirmada el fin de semana por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Las aventuras nocturnas de los reos incluirían -según la versión oficial- la ejecución de 17 personas en Torreón el pasado 18 de julio. Además de Margarita Rojas fueron detenidos el subdirector y dos jefes del penal.

Los enemigos de Los Zetas se ofendieron. Este lunes fueron levantados cuatro periodistas en la región lagunera: un camarógrafo de Televisa, el jefe de información del programa Punto de Partida, un reportero local y un camarógrafo de Grupo Multimedios. Sus captores exigieron a los medios de comunicación terminar la cobertura sobre el Cereso número dos y la transmisión de otro interrogatorio.

En el nuevo video se observa a dos presuntos Zetas, un hombre y una mujer que aparecen encañonados. Para desmentir la versión anterior, los prisioneros aseguran que el primer video se trató de un montaje para “meter al bote” a la directora del penal con el objetivo de ganar la plaza. La disputa es entre Los Zetas que dominan Torreón y el cártel de Sinaloa que tiene presencia en Durango.

¿Qué validez tiene una declaración obtenida con agresiones o tortura? ¿Es correcto que la prensa reproduzca los mensajes emitidos por el crimen organizado? ¿Quién responderá por la vida de los periodistas que se han convertido en rehenes de la negociación informativa promovida por los cárteles?

En el mundo existen medios que niegan su atención a organizaciones violentas. El diario español “El País” -por ejemplo- establece en su Libro de Estilo que acoge todas las tendencias “excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines”. Pero si el nuevo modus operandi consiste en secuestrar a reporteros para presionar a sus medios, ¿hay otra alternativa?

La guerra de videos es la nueva política de comunicación de los narcotraficantes. Ellos quieren su espacio y lo consiguen con amenazas. Esta situación es tremendamente delicada para la libertad de expresión en México. Hay indignación y preocupación en el gremio periodístico, pero también esperanza de que los colegas sean liberados. Todos estamos en riesgo porque nadie garantiza nuestra seguridad, aunque esa sea la obligación elemental de cualquier Estado.

Enemigos de la democracia

El crimen organizado impone y mata políticos. El asesinato de Rodolfo Torre, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, confirma que la democracia mexicana está en su peor momento. Los temores de la inminente “colombianización” se confirman pese al discurso triunfalista del gobierno federal y al esfuerzo de los estados por ocultar o minimizar sus errores.

Hasta el lunes, el imperio del narcotráfico en Tamaulipas era desconocido en gran parte del país. Lo sufrían sus habitantes y lo sabían los periodistas, pero el miedo y las amenazas impedían que la situación se publicara en los medios nacionales. La muerte de quien -según las encuestas- sería el próximo gobernador permite evidenciar la alarmante inseguridad y el deterioro institucional en la entidad.

Si algo preocupa más que la ejecución de Rodolfo Torre es la selección de su reemplazo. No sólo porque heredará y seguramente ampliará la intención de voto, sino porque requiere la aprobación de quienes ejecutaron a su antecesor. De otro modo, sería un cadáver más. Queda claro que el narcotráfico está dispuesto a todo para defender sus intereses…

Por esto, las elecciones del próximo domingo son un foco rojo en la historia del país. A la crisis del sistema de partidos se suma la inutilidad del Estado para cumplir sus obligaciones primarias. Desde el punto de vista teórico, un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos atenta contra la razón central de su existencia.

“Los votos son más poderosos que las balas”, dice el secretario de Gobernación, aunque trabaje de tiempo completo para defender una “guerra” que ha militarizado regiones enteras. Ahora resulta que la obligación de los electores es desbordar las urnas, como si la ratificación democrática de un candidato impuesto, respaldado o tolerado por los poderes fácticos fuera un hecho patriótico.

Las elecciones de este año son un ensayo para el 2012. Aunque sacáramos a la violencia de la ecuación, el panorama es preocupante. Las tendencias permiten intuir que en varios estados (incluyendo a Puebla) los comicios terminarán en acusaciones de fraude e impugnaciones. Se inaugura la judicialización democrática en México: los ganadores serán determinados por los tribunales, aunque en esencia el Poder Judicial sea todo menos democrático.

¿Cuánto vale un voto cuando los competidores no están dispuestos a respetarlo? ¿De qué sirve un voto cuando la decisión final corresponde a una instancia judicial? ¿A quién representan los candidatos cuando llegan al poder? ¿Por qué legitimar con votos a un sistema que define sus liderazgos al margen del electorado?

La violencia, la corrupción, el desdén por la representatividad y la consolidación del autoritarismo son los principales enemigos de la democracia en México. El asesinato de Rodolfo Torre es una oportunidad histórica para hacer preguntas incómodas, para replantearnos la necesidad de una simulación que se alimenta de nuestra creencia en ella.

Envidio la ingenuidad de quienes votarán y contarán los sufragios con plena confianza en el proceso. Aunque el cumplimiento de sus obligaciones los deje satisfechos, a estas alturas deberían saber que el destino del país no se escribe con votos, sino con caprichos, imposiciones y balazos.

Rojo debate

Golpeados, atropellados, ejecutados, descabezados y demás protagonistas de la nota roja se volverán secundarios. Así ocurrirá si se aprueba la iniciativa de reforma presentada este martes en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La propuesta busca garantizar la protección y el respeto a los cadáveres o víctimas de violencia. Las adiciones y modificaciones a la Ley de Salud fueron justificadas en tribuna por el perredista Alejandro Sánchez Camacho, quien opinó que la prensa daña a la sociedad cuando reporta con sensacionalismo los hechos de sangre.

Los periodistas, fotógrafos y directores de medios de comunicación en la capital del país estarían obligados a pedir autorización oral o escrita antes de publicar cualquier información que pudiera afectar la dignidad del lesionado o la víctima. ¡Pánico en las redacciones de La Prensa, Metro y Alarma!

Entrevisté a Sánchez Camacho el lunes pasado. El principal impulsor de la reforma y también vocero del grupo parlamentario del PRD terminó aceptando que el texto es “muy general” y requerirá ajustes posteriores. No supo responder a las sanciones previstas ni a los criterios para determinar cuáles imágenes son apropiadas y cuáles no.

“Es una tomada de pelo”, le respondió el coordinador del PRI, Israel Betanzos. Por su parte, el PAN mostró interés en el tema, aunque en voz del diputado Carlo Pizano cuestionó las facultades de la Asamblea para regular a los medios.

El tema es federal y si fuera local, ¿por qué habría de contemplarlo la Ley de Salud? Algunas veces son los paramédicos o enfermeras quienes captan las imágenes y las comparten con los reporteros. Sin embargo, es claro que el tema de fondo es la seguridad pública.

Ocultar la violencia es vendarle los ojos a la sociedad, impedirle comprender el espíritu de la época. En plena “Guerra contra el narcotráfico”, omitir las fotografías y videos escandalosos es contribuir al engaño. El dolor de las familias es entendible pero es absurdo exigir a los medios que ignoren su vocación de informar.

La iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa es invalidada por sus redactores. Cuando proclaman que es una buena manera de “iniciar el debate”, descartan su propia seriedad. Después de todo, su labor es diseñar textos que puedan convertirse en leyes. A menos que las leyes dejen de ser referencia y se conviertan en punto de partida…

La libertad de expresión es un derecho fundamental. Por eso, cualquier intento de controlar a los medios es delicado. En este caso, el “abuso” es mejor que la censura. Hablar de excesos es relativo porque el periodista sólo informa lo que pudo observar. La nota roja no puede suprimirse por decreto en México. El contexto lo impide.

En última instancia, si el tema es el “buen gusto” debe apelarse a la autorregulación de los medios y a la inteligencia de la audiencia. Un periódico que no se vende, desaparece. Los lectores saben lo que están comprando. Si buscan sangre saben dónde encontrarla, si quieren evitarla hay opciones. Libertad de prensa… ¿votos a favor?

"Volverse a morir"

Mirar, casi sin querer, la escena del crimen. Observar las paredes manchadas, los pasillos cubiertos de sangre, los envases vacíos del refresco para la fiesta. Imaginar el sufrimiento de quienes, sin deberla ni temerla, fueron asesinados.

Enterarse que eran jóvenes, estudiantes, que celebraban un cumpleaños y un éxito deportivo. Ver cómo la cifra de muertos asciende a 18 y se suma a las centenas de ejecuciones en el norte del país. Escuchar que en Chihuahua es la quinta masacre en los últimos dos años.

Preguntar, ¿y ahora qué?, ¿balaceras en guarderías?, ¿militares en las fiestas? Enojarse, exigir justicia. ¿Exigir?, ¿a quién?, ¿justicia? Oír a un comandante de la Policía Federal admitir que los sicarios burlaron sus patrullajes y sus filtros. Pensar: “Qué cinismo”.

Conocer, horas después, a un personaje que agrega signos de exclamación a la frase: José Francisco Javier Landero Gutiérrez, diputado federal del PAN. Perturbarse cuando el señor dice en el Congreso que si los jóvenes masacrados en Juárez estuvieran vivos para escuchar el debate sobre la seguridad en la frontera “les gustaría volverse a morir”.

Indignarse, desesperarse. ¡Qué cinismo! Escandalizarse cuando el torpe y ruin legislador agrega que “tal vez ya están mejor en otro lugar”. Cuestionar: ¿Tal vez?, ¿en otro lugar?, ¿en cuál? Concluir que las ofensas ya no sorprenden pero igual molestan.

Leer las reacciones del presidente Calderón desde Tokio. Enterarse que pretende “fortalecer” el esquema de seguridad en Juárez. Seguir preguntando: ¿No se había anunciado la retirada del Ejército?, ¿de qué sirve la “guerra contra el narcotráfico”?, ¿sostendrá el gobierno su discurso triunfalista?

Reírse. Recordar que las adicciones y la salud pública están fuera de la ecuación, que se trata de una estrategia de legitimación, de un negocio redondo. Acordarse de aquella máxima periodística que ordena “seguir el dinero” para encontrar la corrupción.

Confirmar que empresas estadounidenses son las principales beneficiarias de esta “guerra”. Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y North Rop Grumman Corporation, publica El Universal. Saber que una investigación a fondo sería escandalosa. Lamentar que nunca tendría consecuencias legales.

Invocar a Carl Schmitt. Descubrir que el politólogo alemán estaba en lo correcto cuando decía que la política se reduce a la distinción entre amigos y enemigos. Recordar que, según Schmitt, los enemigos son necesarios para conservar la propia identidad y que su aniquilación es también la nuestra.

Reconocer que el país está ensangrentado por una guerra no sólo fallida sino inútil, como todas. Condenar la hipocresía: queremos paz pero aplaudimos la violencia si nos convencen con propaganda de que es necesaria. Reflexionar sobre el miedo como mecanismo de control.

Decir la verdad: Felipe Calderón necesita al narcotráfico para llamarse valiente. Denunciar: si las pretensiones de erradicar al “enemigo” fueran reales, ya se le habría asfixiado. Mostrar que la prohibición sólo incentiva al mercado negro y a las mafias, que el antagonismo es una fachada.

Sentir impotencia, rabia. Volver a las imágenes de la masacre. Entender que las culpas rebasan a los sicarios, que los jóvenes no merecían una muerte trágica. Apelar a la conciencia social. Deprimirse…

Aguafiestas

Del 2010 al 2012 el panorama para México es “muy desalentador”. Así lo califica un estudio publicado en La Carpeta Púrpura, medio digital especializado en análisis político y económico.

Elaborado a partir de la evaluación cuantitativa de seis escenarios paradigmáticos, el ejercicio pronostica que el país tendrá un bajo crecimiento económico y seguirá perdiendo autonomía. Las probabilidades se inclinan hacia un estancamiento. La sociedad, auguran los expertos, vivirá entre la desesperanza y el pesimismo.

En materia de seguridad pública, el riesgo estimado de que el narcotráfico se imponga y ejecute a líderes políticos es del 19.9 por ciento. Se prevé que continuarán los ajusticiamientos, las venganzas y los enfrentamientos. La posibilidad de que se gane la “guerra contra el narcotráfico” es sólo de 5.1 por ciento.

En oposición directa a este contexto, el optimismo presidencial inundó los televisores con el primer mensaje a la nación en lo que va del año. Con su expresividad característica –que desde el sarcasmo considero desbordante- el mandatario mexicano exhortó a celebrar con orgullo el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.

Luego de invocar al espíritu festivo y al ánimo renovado, Felipe Calderón afirmó: “Somos un pueblo, cuya mayor riqueza y su principal orgullo es su gente” (sic). En pocas palabras, somos un país orgulloso de estar orgulloso.

No hay nada que celebrar. En eso coincido con Germán Dehesa, connotado columnista, quien escribió hace unos días que ningún país como México premia y celebra tanto la simple “durabilidad”.

Dehesa ilustró su punto hablando del pan repugnante de una panadería hipotética que nadie se animó a clausurar y que festeja en grande el inicio de su quinta década. “El chiste es que ya cumplió 50 años de hacer porquerías”, remató.

Las llamadas fiestas del bicentenario son como una borrachera sabatina: una exaltación inducida, una manifestación del despilfarro, una apuesta al olvido de las penas presentes en el recuerdo de glorias pasadas, una oportunidad para el exceso en tiempos de escasez.

Las fiestas del bicentenario son la droga de una sociedad desinformada que se aferra a la esperanza. Estimulante en sus efectos, altera la percepción aunque se trate de un placebo. Son como una cápsula vacía e innecesaria que no aporta al auténtico bienestar social.

Si todo esto fuera poco, son también una farsa insultante y patriotera. El último recurso de una clase política que se ve obligada a entretener el descontento mientras sigue repartiéndose al país. Una colorida distracción para la pobreza, la inseguridad y el desempleo.

El presidente Calderón ha dicho que “celebraremos con la dignidad y el orgullo de una Nación que se sabe libre, soberana y democrática”. ¿Libre, soberana y democrática? Lamento ser aguafiestas. Las razones del festejo no me convencen.

La libertad, condicionada. La soberanía, amenazada. La democracia, simulada. En México, quien busca salud, educación o justicia necesita dinero. Y dinero es lo que menos hay, pero no nos preocupemos; alcanzó para la fiesta…

Diciembre loco

Intrascendente, aburrido y predecible. En materia noticiosa, diciembre suele ser un mes muerto. En estas fechas abundan los contenidos de temporada: la afluencia de vacacionistas a los principales destinos turísticos, las recomendaciones para evitar accidentes carreteros, las temperaturas gélidas, el registro de nevadas, los reportajes navideños y los recuentos anuales.

Las últimas semanas han superado por completo este patrón decembrino. Tanto que quizá se trate del mes más interesante del 2009 desde el punto de vista periodístico. Hablo de la propuesta de reforma política presentada por el Ejecutivo federal, la muerte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y la aprobación del matrimonio entre homosexuales en el Distrito Federal.

Inicio con el arranque presuntamente demócrata del presidente Felipe Calderón. El paquete de iniciativas enviado al Senado el mismo día que se clausuró el primer periodo de sesiones ordinarias pretende abrir espacios a las candidaturas ciudadanas, impulsar la reelección y fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y el sistema político. Su aprobación implicaría también la eventual desaparición de algunos partidos y el otorgamiento de mayores facultades al Ejecutivo sobre el Legislativo.

La propuesta, que se discutirá formalmente hasta febrero, no fue presentada en el momento adecuado. Miguel Ángel Granados Chapa, connotado periodista, opina que la maniobra presidencial fue inoportuna si buscaba impactar a la opinión pública; efecto que difícilmente se logra a mediados de diciembre “cuando el escaso ánimo participativo decae notoriamente por la temporada festiva que está en curso y que no se interrumpe ni siquiera a causa de la profunda crisis que padece la sociedad mexicana”.

Es posible que, luego de analizarse en el Congreso, la iniciativa no se apruebe íntegramente. Para Calderón terminará convirtiéndose en una de esas medallas que les gusta portar a los ex mandatarios, como la que dice “transparencia” y que tanto presume Vicente Fox.

La tranquilidad festiva de estos días se vio interrumpida definitivamente la noche del miércoles 16, cuando fue anunciada la muerte del llamado “Jefe de jefes”, líder del cártel de Sinaloa, tras un enfrentamiento con fuerzas especiales de la Marina en el estado de Morelos. ¿Qué hacía la Marina en Cuernavaca? ¿Qué hacía un narcotraficante viviendo a unas cuadras de la Zona Militar?

La imagen difundida del cadáver ensangrentado de Beltrán Leyva, tapizado con billetes e imágenes religiosas, confirma la preocupante noción de justicia que se ha implantado en el país desde que inició la “Guerra contra el narcotráfico”. Un Estado que ejecuta sin juzgar imita la perversidad de sus enemigos. Esta regresión al porfirismo de “mátalos en caliente” no contempla ni los derechos humanos ni los cauces institucionales. Desafortunadamente, son los propios ciudadanos quienes desde la desesperación claman por estos métodos, especialmente en el norte del país.

Finalmente, en este recuento del diciembre loco, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó a favor del matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo, un paso firme en la dirección de una legislación progresista e incluyente, un golpe certero a quienes pretenden gobernar un Estado laico con morales privadas y medievales.

Sin duda todo lo ocurrido este mes confirma que en México está surtiendo efecto la antigua maldición china que reza: “Ojalá vivas en tiempos interesantes”.

La tercera revolución

La ocurrencia se volvió murmullo y después rumor, hasta terminar en moda. La posibilidad de un estallido social en 2010 se ha convertido en el tema predilecto de analistas y comunicadores en los últimos días. Surgen dos posibilidades: el fenómeno podría ampliarse y provocar lo que augura o simplemente desgastarse, como sucede con gran parte de los temas explotados por la agenda mediática.

En todo caso, es un hecho que las condiciones imperantes en el país han provocado un descontento generalizado que, lejos de significar una amenaza, representa una oportunidad única para recuperar el juicio y modificar el rumbo. El riesgo de la revolución que pregonan los medios está asociado a la especulación y a la descontextualización, prácticas comunes de la prensa irreflexiva.

Urge debatir ideas, escuchar todas las causas. Simplificar la complejidad de estos tiempos y reducirla a una discusión de futurólogos improvisados es desaprovechar su potencial de cambio y apostar a la continuidad de una realidad insostenible.

El periodista Ricardo Alemán publicó en El Universal la versión extraoficial de un “encuentro secreto” entre una decena de grupos guerrilleros que estarían planeando acciones para 2010. Además estimó que la “tercera revolución” podría alimentarse con los “fanáticos del legítimo”. Olvida mencionar que el estallido habría ocurrido hace tres años si Andrés Manuel López Obrador hubiera actuado diferente, es decir, si hubiera permitido que la inercia electoral y las convicciones de un fraude incentivaran a un movimiento radical e incluso violento.

Y la desmemoria continúa. “Las autoridades nos tienen que proteger de cualquier intento de festejo violento”, escribe Denise Maerker. Lo que evita señalar es que la era de los festejos violentos –inaugurada aquél 15 de septiembre en Michoacán- es consecuencia directa de la “Guerra contra el narcotráfico”. Una estrategia gubernamental que, en contraste con sus efectos, pugna por la seguridad de los ciudadanos y el debilitamiento de los cárteles.

La “protección” exigida por Maerker se convierte, pues, en disuasión, a nombre del Estado, de las ocurrencias opositoras. Esto último lo entiende Leo Suckerman, analista político de Grupo Fórmula, quien celebró el lunes pasado la capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para espiar en todo el territorio nacional con su nuevo “Centro de Inteligencia”. Entrevistado por el periodista José Cárdenas, Zuckerman explicó que –a diferencia de los levantamientos de 1994- el gobierno tendría información de sobra para reaccionar ante un eventual conflicto.

El necesario diálogo nacional se ha transformado en una novela de detectives. Ya sólo importa saber quién tirará la primera piedra. Julio Hernández López, columnista de La Jornada, lo ejemplifica cuando se pregunta si la actitud del Ejecutivo federal refleja una “extrema insensibilidad” o una “provocación programada”. El autor de Astillero considera que la “confrontación sistemática” acelerará el estallido y la aplicación de medidas policiacas y represivas largamente preparadas. ¿Por qué parece que, de pronto, el volado es entre una revolución y una dictadura?

Los extremos pueden evitarse si el “ciclo de protestas” encuentra receptividad en el Estado. La expresión entrecomillada es utilizada por el investigador finlandés Martti Siisiäinen para describir el funcionamiento de las presiones de cambio en una democracia. “Visto desde la perspectiva (funcionalista) de la estabilidad del sistema, los nuevos movimientos sociales pueden considerarse el reloj de alarma del sistema”, considera el académico. Es evidente que la “alarma” ha sido largamente ignorada. Y a menos que se atienda, los agoreros de la “tercera revolución” podrán, en algunos años, llamarse profetas.

Fábrica de refugiados

Si lo usual termina en estadística, la infamia es cuantificable en México. Alguna cifra aumenta cada vez que un periodista es asesinado. No conformes con las centenas de ejecuciones en las últimas décadas o la indignidad sugerida por las comparaciones internacionales en este rubro, las instituciones mexicanas continúan aplazando el cumplimiento de su mandato legal ante una sociedad que, desde la ignorancia o la apatía, permanece indiferente ante el tema.

Esta ignominia, justificada como tal en la amenaza a una profesión con claros propósitos sociales, no es posible sin el éxito de la criminalidad o la franca negligencia. La frialdad de los números despersonaliza a las víctimas y maquilla la gravedad de los hechos ante la opinión pública. Hablar de caras y nombres es incurrir en la excepción, apostar a la empatía e invitar a que se revisen los límites de lo aceptable.

La semana pasada fue encontrado el cadáver del reportero José Bladimir Antuna García de 39 años. Publicaba información sobre temas policiales y judiciales en El Tiempo de Durango, periódico en que laboraba su colega Carlos Ortega, ultimado el 3 de mayo. Antuna García denunció amenazas durante varios meses y manifestó haber compartido información con Eliseo Barrón, reportero de Grupo Milenio asesinado por presuntos gatilleros del cártel del Golfo.

“México tiene una vergonzosa posición como uno de los países más peligrosos para los periodistas. Para una democracia moderna, alcanzar esta posición es una vergüenza”, señala un comunicado del Instituto Internacional de la Prensa (IPI). Este organismo documentó que de los 44 informadores ejecutados en el mundo durante el 2009, siete corresponden a la República Mexicana. Esta cifra es idéntica a la de Pakistán y nos ubica por encima de Somalia, un país que carece de Estado.

La función primordial del Estado es, precisamente, garantizar la seguridad de sus habitantes. De lo contrario, se convierte en una fábrica de refugiados: un gobierno incapaz de otorgar protección y los temores fundados de persecución o muerte definen el término “refugiado” en la Convención de 1951. Bajo este esquema, los periodistas mexicanos podrían optar por el exilio y ser amparados por el derecho internacional.

Un Estado fallido no merece respeto. Así lo considera el politólogo inglés John Dunn, quien desde la Universidad de Cambridge advierte que los Estados que promueven efectivamente la seguridad de sus habitantes ganan y merecen una mayor lealtad que aquellos que fracasan en el intento. Esta idea encontraría dificultades legales en México: el sexto constitucional permite la libre expresión pero fija sus límites en el Estado. En este contexto, la coherencia de Dunn se vuelve golpismo.

¿Cuántas muertes más? La ineficiencia llama a la exigencia, no a la parálisis. La situación imperante en México es una responsabilidad compartida. En tiempos donde la impunidad es la constante, celebrar la institucionalidad es apadrinar la decepción. Los delitos contra periodistas son una manifestación más de una realidad que indigna y exige ajustes. Así como las víctimas, los culpables tienen caras y nombres. Las víctimas se ocultan con números, los culpables con cargos públicos.

El informe fallido

Más cercano a la farsa que a un acto republicano, el mensaje que Felipe Calderón pronunció desde Palacio Nacional evidencia la confusión del presidente entre la burda autopromoción y las condiciones para una verdadera rendición de cuentas. No es suficiente con exculparse y llamar a la unidad. Tampoco basta con entonar el himno y hacerse acompañar de burócratas aduladores. Los requerimientos son, para desgracia del mandatario, mucho más complejos.

Desde el punto de vista teórico, la “rendición de cuentas” en Norteamérica puede rastrearse a un ensayo publicado en 1999 por Andreas Schedler, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Viena. Schedler reconoce dos dimensiones básicas de este concepto: la obligación de los funcionarios de comunicar y justificar sus decisiones en público, y la capacidad de sancionar a los políticos que incumplan sus deberes.

El informe no debería ser un listado de logros, e incluso si lo fuera, Calderón se quedó corto. A falta de indicadores que justificaran el optimismo característico de los funcionarios que viven disociados de la realidad, el presidente leyó un discurso cuyo mensaje clave podría resumirse en la impotencia de su administración para cumplir promesas y ofrecer resultados frente a los “desafíos históricos” de la actualidad. En pocas palabras: se hizo lo que se pudo hasta el “límite de posibilidades que tiene el gobierno federal”.

La noción de imposibilidad evoca la idea de agentes externos que impiden el desarrollo nacional. Si consideramos que situaciones emergentes como la crisis económica internacional y la pandemia de influenza fueron especialmente perjudiciales para México, habríamos de cuestionarnos si existieron elementos internos que las hayan potenciado. En este punto quizá descubramos lo que el Ejecutivo federal no pudo reconocer o al menos no externó: más allá de las limitaciones, el fracaso mexicano es producto de la incapacidad.

Si el primer paso en la resolución de un problema es la aceptación de su existencia, descubriremos que la situación actual no es alentadora. Si la “Guerra contra el narcotráfico” es lo mejor que nos pasó en los últimos tres años, ¿qué podemos esperar de la segunda mitad del sexenio? ¿Qué más podría ofrecernos un gobierno que provocó un incremento en las violaciones a los derechos humanos en su lucha por la proteger a los ciudadanos?

Las arcas nacionales han patrocinado durante años un montaje para ocultar la contundencia de los hechos. Jean Baudrillard, sociólogo francés, decía que en la actualidad se confunde realidad con simulación y que los involucrados son incapaces de notarlo. Así pues, en el caso mexicano, el estallido de violencia encontrará su explicación en ese simulacro y tenderá a reforzarlo.

Si la rendición de cuentas fuera más que una ilusión, Felipe Calderón estaría obligado a responder por los compromisos que hizo en campaña y por las leyes que juró defender. Un año más que se esfuma la posibilidad de progreso, uno más que en México se confirma lo que Carlos Pellicer llamó el “esplendor ausente”. Otro informe fallido, uno más a la lista de los agravios que terminarán impunes.

Guerra de los mensajes

Tiene hasta el lunes para enviar su mensaje al espacio. El sitio de Internet http://www.hellofromearth.net/ está recopilando textos que -con ayuda del gobierno australiano y de la NASA- serán enviados a Gliese 581d, un planeta fuera del sistema solar con características similares a la Tierra. Esta transmisión que pretende celebrar el año internacional de la Astronomía tardará al menos dos décadas en llegar a su destino final.

Hasta ahora más de 20 mil cibernautas han participado. Algunos aprovechan para ofrecer su amistad a presuntos seres extraterrestres, asumiendo que en caso de existir logren decodificar la información enviada. Una cantidad importante de mensajes proclama a los seres humanos como una raza pacífica, aunque la historia compruebe justo lo contrario.

En términos reales, el progreso tecnológico de la humanidad se debe a la prevalencia de hostilidades. No olvidemos que la carrera espacial y su euforia por conquistar la Luna se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría, cuando las superpotencias mundiales buscaban imponerse. Algunos investigadores, como Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo, sostienen que se trató de una “lucha comunicacional”, una batalla donde las imágenes tenían más relevancia que los hechos.

Enjuiciar las innovaciones surgidas en tiempos de conflicto es un ejercicio complejo. Algunas se han adaptado a la vida cotidiana y otras continúan afectándola negativamente. Es el caso de la propaganda que busca manipular a la opinión pública y que a la fecha se mantiene en la lista de estrategias favoritas de los gobiernos. Guerra y Comunicación, dicen Tironi y Cavallo, siempre han ido de la mano.

En las luchas de la actualidad, las balas se sustituyen por mensajes y el control territorial por el posicionamiento mediático. La importancia de los medios es tal que su control se ha vuelto prioritario para la clase política, especialmente para quienes disfrutan las comodidades de su puesto gracias a una campaña publicitaria exitosa.

En México, la llamada “Guerra contra el narcotráfico” ha desatado un choque monumental de posturas. El crimen organizado no sólo delinque, también ha comprendido la importancia de luchar en el frente comunicativo. El hecho de que las instalaciones del Siglo de Torreón fueran atacadas esta semana y no se hayan reportado lesionados debe interpretarse como un aviso.

En el ámbito partidista ha comenzado la guerra por la sucesión. Los gobernantes que serán relevados apoyarán irremediablemente a las opciones que garanticen la continuidad de su influencia, aunque nieguen el acto por su ilegalidad. Se acercan tiempos de enfrentamiento. Las páginas de los periódicos serán testimonio de este choque de declaraciones.

En épocas donde el discurso altera la realidad, conviene recordar que los hechos son más perdurables que los dichos. Si los supuestos habitantes del planeta Gliese 581d pudieran observar a la humanidad descubrirían que las proclamas de paz desde la Tierra ocultan a una raza profundamente conflictiva. Quizá tiene razón un cibernauta estadounidense que escribió: “Por favor, sálvenos de nosotros mismos”.

Declaraciones prefabricadas

Los periodistas tienen la vocación de preguntar pero los políticos no tienen la de responder. Un funcionario experimentado suele aprovechar los cuestionamientos de la prensa para reforzar su posición en lugar de revelar los datos u opiniones que se le piden. Y aunque suele pensarse que esta habilidad es exclusiva de los experimentados o “colmilludos”, sólo requiere de frases genéricas fácilmente identificables.

Una de estas expresiones es “trabajo conjunto”. Su utilización es tan popular que en la base de noticias Google News la combinación de palabras arroja cerca de 22 mil artículos informativos. Si la declaración es sobre pobreza: “trabajo conjunto”. Si tiene que ver con inseguridad: “trabajo conjunto”. ¿Qué significa esto? Que el político elude su responsabilidad, se vacuna contra la ineficacia o simplemente tiene poco que decir.

Un ejemplo reciente: la cumbre de Líderes de América del Norte en Guadalajara. La reunión entre los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México fue, al menos en las declaraciones públicas, totalmente infructuosa. Al final se informó que Canadá no modificaría las visas obligatorias ni Estados Unidos su política migratoria. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¡Continuar el trabajo conjunto!

Otra frase genérica, empleada graciosamente por políticos conscientes del pacto de impunidad que impera en el país, es la que evade fijar una postura sobre algún asunto sensible, cediéndolo a las “autoridades competentes”. Una pregunta hipotética para ejemplificar: “¿Qué opina de los presuntos abusos por parte del Ejército en la guerra contra el narcotráfico?”. La contestación de acuerdo a la fórmula sería: “Confío que el tema sea resuelto por las autoridades competentes en estricto apego a derecho”. ¿Qué autoridades?

Si el declarante conoce la instancia, ¿no debería señalarla? ¿Para qué la vaguedad? Para lavarse las manos. Como lo hizo el presidente Felipe Calderón, cuando en la conferencia de prensa con Obama y Harper habló de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en México. El mandatario retó a que se demuestre un solo caso en que “no hayan respondido las autoridades competentes”.

El problema es que, en sentido estricto, las autoridades correspondientes no siempre son competentes. Mientras Calderón recurría a los tribunales militares en su discurso, la Suprema Corte desechaba la posibilidad de que los elementos castrenses fueran juzgados también como civiles. La protección al fuero militar fue opacada informativamente por la detención de un sujeto que habría recibido “pormenores” para atentar contra el presidente. Todo esto, el mismo día.

El cinismo de quienes se entrenan en la mentira no tiene límites. El político también puede jugar al sordo, ignorar las preguntas y protagonizar un monólogo. En esta categoría, la revelación del año es César Nava, recién estrenado dirigente del PAN.

Las respuestas prefabricadas requieren la pasividad de quien sostiene la grabadora o el micrófono y siguen colándose en los titulares por falta de información o de criterio. En la medida en que la prensa deseche este tipo de declaraciones, los protagonistas de la noticia dejarán de serlo, a menos que prueben con la honestidad o cambien de estrategia.

Nuevas guerras

Dicen que estamos en guerra. Lo demuestran con su conteo de bajas, kilos decomisados y delincuentes fotografiados. Lo que nuestros medios no informan es la verdadera historia. La cobertura informativa de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” ha sido, hasta ahora, convenientemente superficial y pobre. Centrada en los efectos y no en las causas, construida por cifras y no por historias, la cronología de esta cruzada por la legitimidad carece de datos riesgosamente básicos.

El idealismo de un periodista aventurero y su anhelo de convertirse en “reportero de guerra” han sido sepultados. Quienes buscaban historias en el peligro y caos de un conflicto han decidido renunciar al “privilegio” de poner a prueba sus capacidades de investigación y respuesta en un escenario extremo. Las guerras de hoy han convertido a la prensa en propaganda. Esa verdad justificó, por ejemplo, que Ryszard Kapuscinski, célebre corresponsal polaco, se negara a cubrir en Irak la Guerra del Golfo.

Kapuscinski, fallecido en enero de 2007, descubrió que cuando la única información disponible proviene de los comunicados oficiales, el periodista irremediablemente se convierte en un eco, en un repetidor de noticias que no fueron producidas o siquiera verificadas por él.

El caso mexicano lo reafirma. Publicar los resultados de la “Guerra contra el narcotráfico” es publicitar al gobierno. La falta de investigación profunda en las causas, los intereses, los modos y las metas de los combatientes, incentiva una visión maniqueísta cuya simplicidad es ridícula. El crimen organizado, por otro lado, se beneficia con la difusión de narcomantas o violentas masacres.

Los reporteros son obligados a tomar partido porque las incursiones a las zonas de ingobernabilidad son demasiado riesgosas. Ningún medio puede ofrecer protección a sus enviados y, a cambio, acepta la seguridad del Estado, las incursiones patrocinadas y los operativos impecables. Se suple la información directa con las versiones empaquetadas, corregidas y aumentadas.

En épocas que evocan el salinismo mediático, la exhortación a “apoyar” al presidente parece incluir también a los informadores, aunque su labor exija imparcialidad. Aquí cobran sentido las palabras de Miriam Pedrero, corresponsal de guerra en Kosovo y Guinea, quién señala: “El buen periodista es un testigo que debe estar pegado a la gente, no a las instituciones”.

Las opciones se reducen. ¿La prensa debe verificar cada decomiso? ¿Comprobar que la droga se destruya? ¿Deben los medios confiar en los datos proporcionados por los boletines? ¿El gobierno actúa de buena fe? ¿Se puede negar el derecho a dudar?

Del periodismo depende la memoria de estos días. Existen propuestas para la creación de equipos de trabajo protegidos por el anonimato y los medios interesados. Se pierde la exclusividad pero se reduce el riesgo. ¿Vale la pena? Quizá es momento de entrevistar a testigos y víctimas, de señalar a corruptos y cómplices, de aprovechar las cualidades de una práctica que renuncia a la “objetividad” en su búsqueda por la verdad. El miedo debería sacudir a los culpables, no a quienes se internan en el campo de batalla y apuestan su vida para ofrecer una visión ajena a la propaganda y cercana a la realidad.