Asesino

No hay otra forma de llamarlo. El Ejército mexicano sigue matando a inocentes en su guerra contra el narcotráfico. El domingo pasado un grupo de soldados disparó contra una familia que circulaba por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. En el vehículo viajaban cuatro adultos y tres menores. Los militares mataron al padre y a su hijo adolescente. Vicente de León de 53 años y Alejandro de 15.

La tesis de la defensa propia es absurda en este caso. ¿Cuál fue su delito? Ninguno. Y aunque fueran culpables de alguna atrocidad, la pena de muerte no figura en la legislación vigente. Así se hace justicia en nuestros días: con ráfagas mortales que surgen de paranoias justificadas en la absoluta impunidad. ¿Y el “Estado de derecho”?

Los mexicanos deberíamos escandalizarnos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a la violencia y al discurso maniqueo que solapa las muertes de ‘los malos’ al margen de la justicia. Lo peor es que hasta ‘los buenos’ son ejecutados como delincuentes, con la certeza de que serán aceptados como “daños colaterales”.

Las conciencias retorcidas o vendidas de algunos comunicadores optaron por aplaudirle al gobierno federal por su reacción a los hechos del domingo. Resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional merece honores por haber aceptado que un grupo de los suyos asesinó a civiles sin nexos con el crimen organizado.

En la lógica de esos líderes de opinión fue motivo de celebración que los integrantes de la familia no fueran tildados de sicarios, como ocurrió con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. O que sus muertes no fueran atribuidas al extraño azar de una lluvia de municiones donde sólo las balas del crimen ultiman a inocentes, como a Martín y Brian Almanza –de 9 y 5 años de edad- en Tamaulipas.

No sólo eso. La prensa mexicana se sumó involuntariamente al leguaje eufemístico del discurso oficial. Los términos utilizados por los periodistas que comentaron el caso fueron dictados por funcionarios federales y estatales. Se llamó “personas” a una familia, “acontecimientos ocurridos” a una balacera sin explicación, y “error lamentable” a un crimen de Estado. En el temor a la efervescencia, se bloquea desde el idioma la posibilidad de empatía.

Pese al aumento exponencial de las quejas e imputaciones en su contra, el Ejército sigue siendo una institución sacralizada por la mayoría de los medios. Tanto que escribir de estos temas parece peligroso. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Terminar muerto? ¡Pero eso le ocurre a cualquiera! El riesgo es compartido por los complacientes y los críticos, los ignorantes y los indignados. Aquí el peligro es para todos.

Es hora de terminar con el mito. El Ejército es una institución más; podemos criticarla y exigirle, como a cualquier otra. El desvanecimiento de la responsabilidad personal -producto de una rígida jerarquía que castiga con severidad la desobediencia- nos remite al nivel más alto en la búsqueda de culpables.

Bajo esta perspectiva, el “error lamentable” es del comandante supremo, del presidente de la República. De otro modo, el panorama sería aún más grave. Si las tropas incumplieran deliberadamente las órdenes de respetar los derechos humanos y proteger a la población, la situación imperante podría interpretarse como un golpe de Estado.

Mientras en México se hable de justicia y democracia, es tiempo de apelar a la congruencia, de oponerse abiertamente a la violencia del gobierno contra sus ciudadanos. Es por el bien de todos, aunque el “patriotismo” de nuestros días exija silencio o adulación y consista en festejar el deterioro institucional en el país.

Enemigos de la democracia

El crimen organizado impone y mata políticos. El asesinato de Rodolfo Torre, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, confirma que la democracia mexicana está en su peor momento. Los temores de la inminente “colombianización” se confirman pese al discurso triunfalista del gobierno federal y al esfuerzo de los estados por ocultar o minimizar sus errores.

Hasta el lunes, el imperio del narcotráfico en Tamaulipas era desconocido en gran parte del país. Lo sufrían sus habitantes y lo sabían los periodistas, pero el miedo y las amenazas impedían que la situación se publicara en los medios nacionales. La muerte de quien -según las encuestas- sería el próximo gobernador permite evidenciar la alarmante inseguridad y el deterioro institucional en la entidad.

Si algo preocupa más que la ejecución de Rodolfo Torre es la selección de su reemplazo. No sólo porque heredará y seguramente ampliará la intención de voto, sino porque requiere la aprobación de quienes ejecutaron a su antecesor. De otro modo, sería un cadáver más. Queda claro que el narcotráfico está dispuesto a todo para defender sus intereses…

Por esto, las elecciones del próximo domingo son un foco rojo en la historia del país. A la crisis del sistema de partidos se suma la inutilidad del Estado para cumplir sus obligaciones primarias. Desde el punto de vista teórico, un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos atenta contra la razón central de su existencia.

“Los votos son más poderosos que las balas”, dice el secretario de Gobernación, aunque trabaje de tiempo completo para defender una “guerra” que ha militarizado regiones enteras. Ahora resulta que la obligación de los electores es desbordar las urnas, como si la ratificación democrática de un candidato impuesto, respaldado o tolerado por los poderes fácticos fuera un hecho patriótico.

Las elecciones de este año son un ensayo para el 2012. Aunque sacáramos a la violencia de la ecuación, el panorama es preocupante. Las tendencias permiten intuir que en varios estados (incluyendo a Puebla) los comicios terminarán en acusaciones de fraude e impugnaciones. Se inaugura la judicialización democrática en México: los ganadores serán determinados por los tribunales, aunque en esencia el Poder Judicial sea todo menos democrático.

¿Cuánto vale un voto cuando los competidores no están dispuestos a respetarlo? ¿De qué sirve un voto cuando la decisión final corresponde a una instancia judicial? ¿A quién representan los candidatos cuando llegan al poder? ¿Por qué legitimar con votos a un sistema que define sus liderazgos al margen del electorado?

La violencia, la corrupción, el desdén por la representatividad y la consolidación del autoritarismo son los principales enemigos de la democracia en México. El asesinato de Rodolfo Torre es una oportunidad histórica para hacer preguntas incómodas, para replantearnos la necesidad de una simulación que se alimenta de nuestra creencia en ella.

Envidio la ingenuidad de quienes votarán y contarán los sufragios con plena confianza en el proceso. Aunque el cumplimiento de sus obligaciones los deje satisfechos, a estas alturas deberían saber que el destino del país no se escribe con votos, sino con caprichos, imposiciones y balazos.