Billetes a la hoguera

Al Congreso le llueven felicitaciones del gobierno federal. Los diputados bailaron al son de Los Pinos y ganaron su palmadita en la espalda. Consiguieron el aplauso presidencial, un reconocimiento que se piensa digno de quienes glorifican a la Patria. Y todo por alimentar con miles de millones de pesos la agenda e intereses de Felipe Calderón y los suyos.

Los temas fuertes en la Cámara de Diputados se trabajan al interior, pero también afuera, en el ámbito de la opinión pública y los medios. Desde la prensa, un trance legislativo se construye por etapas. Cada vez que el Congreso tiene en sus manos una decisión de alto impacto, se desata una serie eventos que podrían clasificarse cronológicamente: antes, durante y después.

Antes de cualquier iniciativa o discusión, surgen los declarantes que empujan o critican el tema pero lo “calientan”. Cuando el asunto llega al debate, las fuerzas políticas fijan su postura y critican la contraria. Quienes comparten la opinión mayoritaria validarán la votación y los restantes serán tratados como una minoría anecdótica. Después del resultado, sus beneficiarios aplaudirán al Poder Legislativo. Los demás se quejarán.

Esa historia se repite cada año. El presupuesto es un juego de sumas y restas donde se calculan los reclamos, se ponderan las ganancias y se finge interés en los votantes. Cuando se trata de repartir los recursos del Estado, siempre hay ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿quién gana y quién pierde? ¿de dónde vienen los elogios?

Un funcionario me dijo alguna vez: “No hay nada mejor que gastar el dinero ajeno”. El dinero de todos se invierte en las causas de algunos. Quienes celebran la repartición lo hacen porque significa un impulso directo a sus prioridades. La administración federal reconoce la “responsabilidad” de los legisladores porque apadrinaron su lista de intereses, especialmente su estrategia de seguridad.

Los diputados le echaron billetes a la hoguera de Calderón. ¡La asignación de financiamiento en materia de seguridad para los estados y municipios es la más alta en la historia del país! Sólo para la implementación del mando único policial se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos. Según cifras oficiales, el presupuesto de seguridad nacional tuvo incremento real de 8.1 por ciento respecto al año pasado.

Asuntitos como la salud, la educación y el combate a la pobreza quedaron en segundo plano. Miles de mexicanos morirán desatendidos, otros más no saldrán de la primaria o siquiera del analfabetismo, y millones más vivirán con menos de lo mínimo. Pero habrá armas, soldados, sicarios, balaceras, muertos, persecuciones, bloqueos, detenidos y ejecutados. Todo eso que los mexicanos anhelamos.

¿Quién cree que la seguridad es tanta como la inversión en ella? Más aún, ¿quien creerá en este argumento cuando haya terminado el sexenio de Felipe Calderón? Mientras tanto, el "presidente del empleo" tiene razones para festejar: los diputados le autorizaron más plazas para la Sedena y la PGR.

Reformitis

El ciudadano promedio no tiene opiniones políticas. En la mayoría de los casos, sea por apatía o desinterés, sus juicios sobre la realidad del país y del mundo pueden rastrearse con un control remoto. En ese sentido, el papel de los líderes de opinión es un factor clave en la construcción de percepciones y asociaciones conceptuales que inciden directamente en el ejercicio de la ciudadanía.

Por eso indigna que los comunicadores no se informen antes de opinar. Las caras de la noticia comentan desde su experiencia, prejuicios y tendencias, pero no siempre desde el conocimiento pleno del asunto que abordan. Muchos lo hacen a partir del resumen elaborado por sus redacciones, sin tomarse la molestia de estudiar a fondo el tema. Como si consignar los hechos sin aderezarlos o interpretarlos fuera un pecado televisivo.

Un ejemplo reciente es la iniciativa en materia de fuero militar, enviada el lunes al Senado por el presidente Felipe Calderón. El texto contempla la intervención de tribunales civiles cuando los militares incurran en alguno de los siguientes delitos: desaparición forzada, tortura o violación. En la lógica de los analistas profesionales -que además se ha implantado en buena parte de la población- reforma es igual a progreso. Las reformas siempre son "necesarias", incluso "insuficientes", pero nunca indeseables.

Esta reformitis implica la celebración casi automática de cualquier intento de modificación legal que parezca un avance. Nadie quiere parecer retrógrado, a menos que se trate de la defensa ideológica de posiciones morales cuyo desvanecimiento ponga en riesgo la existencia del grupo de pertenencia. Cuando el concepto de identidad no está en juego, cualquier cambio es bueno.

Sin embargo, un juicio automático y casi cultural es insuficiente para quienes ocupan el lugar privilegiado entre la información y la audiencia. ¿Por qué nadie cuestionó que la reforma de Calderón no incluya el homicidio? ¿No es la muerte de civiles inocentes el mayor escándalo del Ejército en esta "guerra contra el narcotráfico"?

El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, aclaró el martes en Los Pinos que -fuera de los delitos señalados en la iniciativa- la jurisdicción militar debe mantenerse para conservar la disciplina. ¿Cómo? ¿Si el homicidio fuera juzgado por autoridades civiles los militares se volverían rebeldes? Poiré lo insinúa.

Además, ¿desde cuando los tribunales civiles infunden esperanza? Entiendo la crítica a la justicia militar y la posibilidad de que sólo exista para ocultar a la sociedad las atrocidades del Ejército, pero insisto, ¿por qué es motivo de celebración que las Fuerzas Armadas sean enjuiciadas por instancias que han probado su incapacidad con el resto de los ciudadanos?

A nadie se le ocurrió una crítica tan elemental. Sólo hubo bienvenidas a la iniciativa de Calderón, como si garantizara la protección a los derechos humanos e impulsara la justicia en el país. Cuando en realidad es una modificación cosmética para acallar voces del extranjero y negociar la aprobación de la reforma política. Por eso es peligroso repetir opiniones, especialmente cuando la fuente original no se molestó en pensar.

Asesino

No hay otra forma de llamarlo. El Ejército mexicano sigue matando a inocentes en su guerra contra el narcotráfico. El domingo pasado un grupo de soldados disparó contra una familia que circulaba por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. En el vehículo viajaban cuatro adultos y tres menores. Los militares mataron al padre y a su hijo adolescente. Vicente de León de 53 años y Alejandro de 15.

La tesis de la defensa propia es absurda en este caso. ¿Cuál fue su delito? Ninguno. Y aunque fueran culpables de alguna atrocidad, la pena de muerte no figura en la legislación vigente. Así se hace justicia en nuestros días: con ráfagas mortales que surgen de paranoias justificadas en la absoluta impunidad. ¿Y el “Estado de derecho”?

Los mexicanos deberíamos escandalizarnos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a la violencia y al discurso maniqueo que solapa las muertes de ‘los malos’ al margen de la justicia. Lo peor es que hasta ‘los buenos’ son ejecutados como delincuentes, con la certeza de que serán aceptados como “daños colaterales”.

Las conciencias retorcidas o vendidas de algunos comunicadores optaron por aplaudirle al gobierno federal por su reacción a los hechos del domingo. Resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional merece honores por haber aceptado que un grupo de los suyos asesinó a civiles sin nexos con el crimen organizado.

En la lógica de esos líderes de opinión fue motivo de celebración que los integrantes de la familia no fueran tildados de sicarios, como ocurrió con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. O que sus muertes no fueran atribuidas al extraño azar de una lluvia de municiones donde sólo las balas del crimen ultiman a inocentes, como a Martín y Brian Almanza –de 9 y 5 años de edad- en Tamaulipas.

No sólo eso. La prensa mexicana se sumó involuntariamente al leguaje eufemístico del discurso oficial. Los términos utilizados por los periodistas que comentaron el caso fueron dictados por funcionarios federales y estatales. Se llamó “personas” a una familia, “acontecimientos ocurridos” a una balacera sin explicación, y “error lamentable” a un crimen de Estado. En el temor a la efervescencia, se bloquea desde el idioma la posibilidad de empatía.

Pese al aumento exponencial de las quejas e imputaciones en su contra, el Ejército sigue siendo una institución sacralizada por la mayoría de los medios. Tanto que escribir de estos temas parece peligroso. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Terminar muerto? ¡Pero eso le ocurre a cualquiera! El riesgo es compartido por los complacientes y los críticos, los ignorantes y los indignados. Aquí el peligro es para todos.

Es hora de terminar con el mito. El Ejército es una institución más; podemos criticarla y exigirle, como a cualquier otra. El desvanecimiento de la responsabilidad personal -producto de una rígida jerarquía que castiga con severidad la desobediencia- nos remite al nivel más alto en la búsqueda de culpables.

Bajo esta perspectiva, el “error lamentable” es del comandante supremo, del presidente de la República. De otro modo, el panorama sería aún más grave. Si las tropas incumplieran deliberadamente las órdenes de respetar los derechos humanos y proteger a la población, la situación imperante podría interpretarse como un golpe de Estado.

Mientras en México se hable de justicia y democracia, es tiempo de apelar a la congruencia, de oponerse abiertamente a la violencia del gobierno contra sus ciudadanos. Es por el bien de todos, aunque el “patriotismo” de nuestros días exija silencio o adulación y consista en festejar el deterioro institucional en el país.