Retirar el documental Presunto Culpable de las carteleras fue una provocación. Los argumentos legales de una juez que protegía la privacidad de un sujeto que incurrió en falsedad de declaraciones para condenar a un inocente, no alcanzaron para entender el destierro de un largometraje con tantas implicaciones para el país.
El Poder Judicial ha demostrado tener la piel delgada. El Ejecutivo y el Legislativo suelen tolerar las críticas porque están acostumbrados. Por eso le llamo provocación a la “suspensión temporal” del documental, porque fue una invitación a continuar evidenciando la obsolescencia del sistema penal hasta que cambie; hasta que aprenda a convivir con las pruebas de su ineptitud.
Si los ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros creen que su posición es intocable, se equivocan. Que vayan haciéndose a la idea de que son funcionarios como cualquier otro, como cualquier presidente, gobernador, diputado o senador. Presunto Culpable se topó con el poder de “la última palabra”, con la prepotencia de quienes interpretan las leyes que estamos obligados a cumplir.
Por lo que sabemos, el documental incurrió en presuntas violaciones al demostrar la inoperancia de un aparato judicial que es el encargado de evaluar esas mismas violaciones. ¡Vaya asunto! ¿Cómo cambiar, mejorar, optimizar el desempeño de quienes legalmente tienen la última opinión sobre sí mismos? Intentarlo es un avance.
Alejandro Martí tenía razón cuando dijo que más de 100 millones de mexicanos debían verlo. Y no sólo eso, ojalá se proyectara en el resto del mundo, especialmente en países desarrollados porque es ahí donde una mayor indignación es posible. ¿Cómo explicarle a un europeo que en México es necesario demostrar la inocencia y no la culpabilidad?
El juicio grabado por los abogados de José Antonio Zúñiga evidencia una noción de Justicia digna de la Inquisición medieval: arbitraria, caprichosa y contradictoria. En aquellos tiempos -y en éstos por lo visto- una acusación inducida es suficiente para destruir la vida de alguien. Por eso la difusión del trabajo es necesaria, porque es raro que una videocámara explore los recovecos y mazmorras del Estado mexicano.
En ese punto radica mi mayor crítica a los realizadores. Cuando la Secretaría de Gobernación ordenó a los exhibidores el retiro de Presunto Culpable, los productores hicieron lo mismo en YouTube y otras páginas de videos. ¿No que lo importante era difundir la causa? Los abogados altruistas terminaron comportándose como empresas disqueras: se aferraron a las regalías e intentaron la censura en Internet.
En la producción también hay elementos criticables. Algunos diálogos suenan tan acartonados, tan poco espontáneos, que hacen presumir la existencia de un guión. Además de los momentos fabricados, llama la atención la idoneidad del protagonista. El joven compone canciones, canta y baila, es noble, extrovertido y además aporta un drama amoroso a la historia. Parece que hubieran hecho casting en la cárcel.
Muy aparte de lo que pueda objetarse, Presunto Culpable vale por lo que implica. Insisto en que debería provocar, desde una reflexión personal hasta una exigencia colectiva; desde un debate familiar hasta una reforma legal. La oportunidad es magnífica para seguir documentando los excesos y fallas del sistema de justicia. Vale la pena seguir intentando.
