Provocación

Retirar el documental Presunto Culpable de las carteleras fue una provocación. Los argumentos legales de una juez que protegía la privacidad de un sujeto que incurrió en falsedad de declaraciones para condenar a un inocente, no alcanzaron para entender el destierro de un largometraje con tantas implicaciones para el país.

El Poder Judicial ha demostrado tener la piel delgada. El Ejecutivo y el Legislativo suelen tolerar las críticas porque están acostumbrados. Por eso le llamo provocación a la “suspensión temporal” del documental, porque fue una invitación a continuar evidenciando la obsolescencia del sistema penal hasta que cambie; hasta que aprenda a convivir con las pruebas de su ineptitud.

Si los ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros creen que su posición es intocable, se equivocan. Que vayan haciéndose a la idea de que son funcionarios como cualquier otro, como cualquier presidente, gobernador, diputado o senador. Presunto Culpable se topó con el poder de “la última palabra”, con la prepotencia de quienes interpretan las leyes que estamos obligados a cumplir.

Por lo que sabemos, el documental incurrió en presuntas violaciones al demostrar la inoperancia de un aparato judicial que es el encargado de evaluar esas mismas violaciones. ¡Vaya asunto! ¿Cómo cambiar, mejorar, optimizar el desempeño de quienes legalmente tienen la última opinión sobre sí mismos? Intentarlo es un avance.

Alejandro Martí tenía razón cuando dijo que más de 100 millones de mexicanos debían verlo. Y no sólo eso, ojalá se proyectara en el resto del mundo, especialmente en países desarrollados porque es ahí donde una mayor indignación es posible. ¿Cómo explicarle a un europeo que en México es necesario demostrar la inocencia y no la culpabilidad?

El juicio grabado por los abogados de José Antonio Zúñiga evidencia una noción de Justicia digna de la Inquisición medieval: arbitraria, caprichosa y contradictoria. En aquellos tiempos -y en éstos por lo visto- una acusación inducida es suficiente para destruir la vida de alguien. Por eso la difusión del trabajo es necesaria, porque es raro que una videocámara explore los recovecos y mazmorras del Estado mexicano.

En ese punto radica mi mayor crítica a los realizadores. Cuando la Secretaría de Gobernación ordenó a los exhibidores el retiro de Presunto Culpable, los productores hicieron lo mismo en YouTube y otras páginas de videos. ¿No que lo importante era difundir la causa? Los abogados altruistas terminaron comportándose como empresas disqueras: se aferraron a las regalías e intentaron la censura en Internet.

En la producción también hay elementos criticables. Algunos diálogos suenan tan acartonados, tan poco espontáneos, que hacen presumir la existencia de un guión. Además de los momentos fabricados, llama la atención la idoneidad del protagonista. El joven compone canciones, canta y baila, es noble, extrovertido y además aporta un drama amoroso a la historia. Parece que hubieran hecho casting en la cárcel.

Muy aparte de lo que pueda objetarse, Presunto Culpable vale por lo que implica. Insisto en que debería provocar, desde una reflexión personal hasta una exigencia colectiva; desde un debate familiar hasta una reforma legal. La oportunidad es magnífica para seguir documentando los excesos y fallas del sistema de justicia. Vale la pena seguir intentando.

Guerra de videos

Las cámaras de video son las nuevas armas del narcotráfico. Mediante la difusión de supuestos interrogatorios a policías o miembros de cárteles rivales, la batalla por el dominio de plazas se amplió al frente comunicativo. Pareciera que el crimen organizado requiere enviar mensajes para seguir operando. Poco a poco, las ‘narcomantas’ son desplazadas por YouTube.

Hace una semana se difundió un video que culminó en la detención de la directora del Cereso número dos de Durango, Margarita Rojas. En él, aparece un supuesto policía con indicios de tortura que es flanqueado por dos encapuchados. En respuesta a las preguntas de un tercero, el prisionero afirma que las autoridades penitenciarias consienten las salidas nocturnas de un grupo de sicarios. El sujeto, identificado como Rodolfo Nájera de 25 años, es ejecutado después.

La grabación de este material fue atribuida a Los Zetas. La información contenida en poco menos de 10 minutos fue confirmada el fin de semana por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Las aventuras nocturnas de los reos incluirían -según la versión oficial- la ejecución de 17 personas en Torreón el pasado 18 de julio. Además de Margarita Rojas fueron detenidos el subdirector y dos jefes del penal.

Los enemigos de Los Zetas se ofendieron. Este lunes fueron levantados cuatro periodistas en la región lagunera: un camarógrafo de Televisa, el jefe de información del programa Punto de Partida, un reportero local y un camarógrafo de Grupo Multimedios. Sus captores exigieron a los medios de comunicación terminar la cobertura sobre el Cereso número dos y la transmisión de otro interrogatorio.

En el nuevo video se observa a dos presuntos Zetas, un hombre y una mujer que aparecen encañonados. Para desmentir la versión anterior, los prisioneros aseguran que el primer video se trató de un montaje para “meter al bote” a la directora del penal con el objetivo de ganar la plaza. La disputa es entre Los Zetas que dominan Torreón y el cártel de Sinaloa que tiene presencia en Durango.

¿Qué validez tiene una declaración obtenida con agresiones o tortura? ¿Es correcto que la prensa reproduzca los mensajes emitidos por el crimen organizado? ¿Quién responderá por la vida de los periodistas que se han convertido en rehenes de la negociación informativa promovida por los cárteles?

En el mundo existen medios que niegan su atención a organizaciones violentas. El diario español “El País” -por ejemplo- establece en su Libro de Estilo que acoge todas las tendencias “excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines”. Pero si el nuevo modus operandi consiste en secuestrar a reporteros para presionar a sus medios, ¿hay otra alternativa?

La guerra de videos es la nueva política de comunicación de los narcotraficantes. Ellos quieren su espacio y lo consiguen con amenazas. Esta situación es tremendamente delicada para la libertad de expresión en México. Hay indignación y preocupación en el gremio periodístico, pero también esperanza de que los colegas sean liberados. Todos estamos en riesgo porque nadie garantiza nuestra seguridad, aunque esa sea la obligación elemental de cualquier Estado.

Audioescándalos

¿Se vale decir ‘esto es ilegal pero ahí les va’? Los informadores que justificaron la difusión de audioescándalos en los últimos días se convirtieron en un instrumento más de la guerra sucia electoral. ¿Quién asegura que las grabaciones son auténticas? ¿Por qué iniciar el juicio mediático antes de comprobar su veracidad? ¿Desde cuando el periodismo se define como “la divulgación de suposiciones basadas en información de dudosa procedencia”?

Que si los gobernadores de Oaxaca y Veracruz apoyan con recursos públicos a su candidato, que si el de Puebla tuvo un amorío en los noventa. Lo primero no sorprende y lo segundo corresponde a la esfera privada. Hablar del desvío de recursos a campañas electorales es inútil si no puede comprobarse. Otorgar valor testimonial a un video anónimo en Internet es delicado. Un dicho, aunque sea verosímil, no puede presentarse como un hecho.

Lamento si mi argumentación parece una defensa de Ulises Ruiz, Fidel Herrera y Mario Marín. En realidad es un llamado a la seriedad de los medios. Preocupa la forma en que han sido manipulados y la facilidad con la que abren sus espacios a las estratagemas de los partidos políticos para descalificar a sus opositores. Si la falta de criterio y el desdén por la comprobación son la constante, la agenda periodística terminará sometida a toda clase de ocurrencias.

La reciente oleada de audioescándalos es noticia porque involucra a mandatarios estatales: seres acostumbrados a la comodidad territorial, producto del control absoluto de las instituciones y la prensa. El PRI dice que el espionaje viene del gobierno federal y con eso presume la ingenuidad de sus gobernadores. ¿De qué otro modo se entiende que anden por ahí comentando sus delitos por teléfono? ¿No deberían saber ya que todo lo que digan será usado en su contra?

El PRI le llama espionaje y no fabricación. Esa postura tampoco favorece a los suyos. En teoría, la fabricación genera un diálogo ficticio y el espionaje registra hechos reales. En todo caso, las grabaciones no tienen valor jurídico y sólo afectan a nivel de la imagen. En eso consisten las campañas negras: en enlodar al enemigo y si es posible destruirlo. Los partidos políticos saben que la renuncia o destitución de un gobernador es prácticamente imposible, pero la piden.

Si los audioescándalos no tendrán consecuencias legales, ¿qué hacen los periodistas participando en el juego? ¿Por qué llevar a los titulares lo que podría quedarse en You Tube? Porque ese es el objetivo de la guerra sucia: llamar la atención de la prensa al intercambio de descalificaciones, que no importe el fondo sino la forma.

No todo lo que puede masticarse es comida y no todo lo que está en Internet es noticia. Los consumidores de medios confiamos en su criterio para discriminar los datos, pero cada vez más nos encontramos con que la información se justifica con su simple existencia. ¿Dónde está el filtro? Las grabaciones ilegales deberían toparse con un muro de prudencia en las redacciones. Hace falta investigación, comprobación y responsabilidad.

Campañas negras

La efervescencia del año electoral apenas inicia. La semanas por venir, indeseables para unos y apasionantes para otros, serán ricas en datos que permitirán intuir la naturaleza de las estrategias rumbo al 2012, año de la sucesión presidencial.

La buena o mala opinión de los ciudadanos sobre los candidatos y partidos no es una ocurrencia, sino la construcción paulatina de percepciones que surgen de la información difundida por los medios.

Los políticos lo saben. Por eso guiñan el ojo a la prensa aunque la detesten. Aunque el funcionario crea que la vida sin periodistas sería un paraíso, no puede ignorar que los usó para llegar al cargo y que los necesita para mantenerse en él.

Las campañas negras son inevitables. El partido en el poder quiere conservarlo y la oposición aspira a derrocarlo. Esto es válido en todos los niveles. Las características de lo “negro” dependen de la posición de los interesados.

Si gobiernan usarán recursos públicos para mantener su dominio. Si aspiran a gobernar, tratarán de demostrar lo anterior. La legislación vigente no puede evitarlo porque fue diseñada y aprobada por quienes hoy se disputan el poder.

Los primeros llevan las de ganar. Se llaman PRI, PAN o PRD según el territorio. Es un asunto geográfico. El mandamás quiere seguir administrando, sea en Puebla, Guanajuato o el Distrito Federal. El dinero está de su lado.

Si la lucha es por la “alternancia” el juego se llama ‘David contra Goliat’. Es cierto que los débiles no ganan sólo en los cuentos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos. La pregunta es: ¿cómo?

Alguien como Vicente Fox respondería que pactando con el fuerte, aunque se le repudie públicamente. Pero si la victoria requiere más que una ilusión, las tácticas se complican (en el entendido de que no hay intenciones de fraude ni derrotismo disfrazado).

La respuesta es Internet y lo veremos en los próximos días. YouTube.com será particularmente relevante. Los partidos políticos atraerán la atención de los medios desde esa plataforma, aunque no están dispuestos a aceptar la autoría de videos acusatorios. Para eso contratarán a empresas productoras que fingirán anonimato.

¡Bonanza para comunicólogos y editores! Sólo tienen que burlarse del contrincante, exhibirlo y cobrar. No falta quien se preste a la dinámica, aunque la ética y la calidad sean discutibles. Pegar y ganar: bienvenidos al negocio de los golpeadores.

Lo decía al inicio. Las campañas rumbo a las elecciones de junio serán un ensayo para lo que está por venir. El premio mayor es la Presidencia de la República y la batalla ha iniciado. De hecho, lleva meses librándose. En política, los “buenos” pierden. Los cínicos, embusteros y colmilludos ganan.

Para eso existen las campañas negras. 2010 es su año… hasta que llegue el 2012. Después de eso, no serán necesarias. Mientras, habrá que tolerarlas o repudiarlas, votar o abstenerse. Lamento admitir que da igual.

En última instancia, lo que sucede en el país no lo deciden los electores, sino quienes desde el poder promueven esta simulación que llamamos “democracia”. Los griegos, padres de la Patria y demás ilustres se retuercen en su tumba...

Batallas en la Red

Controlar la información de Internet es la nueva meta en la lista de aspiraciones delirantes de la clase política mexicana. La desregulación de la Red, interpretada como una invitación al juego sucio, ha entrampado a candidatos y partidos en una guerra virtual magnificada por la televisión.

En esta elección, YouTube.com se ha convertido en la válvula de escape para los mensajes que, de otro modo, serían sancionados por el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, el sitio de videos también es percibido como “tierra de nadie” por los ofendidos, quienes ahora insisten en la regulación.

El caso de inconformidad más reciente involucra al Partido Acción Nacional. El instituto político logró que YouTube suspendiera temporalmente el canal de videos de El Universal, medio que señaló las semejanzas entre un spot diseñado en 2006 para el Partido Socialista Obrero Español y un mensaje transmitido para apoyar la campaña del panista Fernando Elizondo rumbo a la gubernatura de Nuevo León.

Ahora se sabe que el PAN negó la queja, aunque los voceros de YouTube declararon que la sanción a El Universal por la violación de derechos de autor, surgió de la inconformidad de un remitente identificado como “Partido Acción Nacional Nuevo León”. La creatividad desbordante del PAN lo llevó a acusar al PRI de orquestar una “estratagema” para tacharlos de censores. Como si necesitaran ayuda.

Este episodio, sumado a otros memorables como el “Rata y Cursi” contra el gobernador de Veracruz, demuestra la frustración de una clase política que se lleva y no se aguanta, que se reconoce impotente ante la vastedad del Internet. No existe la instancia que dirima sus conflictos; incluso YouTube se reconoce como un “intermediario”: elimina un video y se cuelan diez más.

Este fenómeno ha sido analizado por académicos de todo el mundo. Langdon Winner, doctorado por la Universidad de California, sostiene que el carácter global de la Red es su principal atractivo para grupos e individuos de todo el espectro ideológico. Sin embargo, la diseminación amplia de mensajes, advierte el investigador, “hace más difícil el control por una agencia exterior”.

En México, los efectos políticos de la revolución tecnológica impactan en una sociedad dividida por la brecha digital. Rodrigo Araya, académico chileno, afirma que la “mala noticia” del Internet es que no llega a todos. La buena es que significa más poder para los ciudadanos e impulsa la eficiencia de las instituciones públicas. A la lista de cualidades podríamos agregar que la Red -por su naturaleza- es incontrolable.

Los esfuerzos en sentido opuesto serán inútiles o encontrarán éxitos individuales con la ayuda de un IFE solidario e intercesor, pero difícilmente sacudirán las bases de un medio de comunicación esencialmente libre. Por la limitación de su alcance, la regulación de las campañas políticas en Internet es un atraso legislativo que puede justificarse.