La Cámara de Diputados aprobó federalizar los delitos contra la libertad de expresión y pareciera que los periodistas en México tenemos razones para celebrar. La reforma pretende evitar que las mafias locales atrasen las investigaciones derivadas de impedir la actividad periodística. Esto significaría un logro para los informadores que, por décadas, han insistido en el tema.
El proyecto fue aprobado por el mínimo necesario de votos por una simple razón: muchos diputados estaban ausentes. En espera de que el Senado revise y vote el texto, uno de los elementos más rescatables es la definición de "actividad periodística" que incluye un amplio espectro de labores -desde la fotografía hasta la edición- y contempla a los reporteros freelance, es decir, a quienes no trabajan para un medio específico y publican ocasionalmente.
Las críticas a esta adición al Código Penal Federal señalan que se trata de una medida “electorera” y podrían confirmarse en la importancia que se dio a las declaraciones de César Duarte, presidente de la Cámara, quien súbitamente se convirtió en un ardiente defensor de la libertad de prensa.
Por otro lado, de acuerdo al más reciente reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habría pocos motivos para alegrarse. En el primer trimestre del año, tres reporteros fueron asesinados y 46 presentaron quejas por agresiones. Esto sin contar las denuncias ante las comisiones estatales y los actos intimidatorios que no son reportados.
Según la CNDH, los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son Veracruz y Oaxaca, cada uno con 27 por ciento de las agresiones totales. Solamente durante el fin de semana, se registraron en Oaxaca tres casos que pondrán a prueba “la buena voluntad” de la legislación que pretende reconocer el derecho a una opinión pública informada.
El lunes pasado fue asaltada en la capital oaxaqueña la periodista Rebeca Luna Jiménez, quien se dirigía a su casa cuando un motociclista comenzó a seguirla. Más adelante, ocho sujetos rompieron los cristales de la camioneta en que viajaba, la insultaron y le robaron su computadora portátil.
Otro informador, Jaime Méndez Pérez, fue perseguido y empujado por una multitud en San José del Progreso, Oaxaca, donde una mujer le arrebató su cámara fotográfica mientras era amenazado con garrotes.
A estos casos, se suma la denuncia presentada por Federico Carrera, reportero y corresponsal, quien fue golpeado por policías que recibieron por radio la instrucción de “partirle la madre”. Los guardianes del orden también lo despojaron de 5 mil 500 pesos.
En este contexto, son necesarias las medidas aprobadas por los diputados que fueron a trabajar. Sin embargo, en un país donde las leyes se confunden con recomendaciones, su efectividad está condicionada. Si los casos mencionados son resueltos sin dilaciones, sabremos que México es un mejor país para ejercer el periodismo. De lo contrario, nos ahorramos la fiesta y también las preocupaciones. Ya estamos acostumbrados...
El proyecto fue aprobado por el mínimo necesario de votos por una simple razón: muchos diputados estaban ausentes. En espera de que el Senado revise y vote el texto, uno de los elementos más rescatables es la definición de "actividad periodística" que incluye un amplio espectro de labores -desde la fotografía hasta la edición- y contempla a los reporteros freelance, es decir, a quienes no trabajan para un medio específico y publican ocasionalmente.
Las críticas a esta adición al Código Penal Federal señalan que se trata de una medida “electorera” y podrían confirmarse en la importancia que se dio a las declaraciones de César Duarte, presidente de la Cámara, quien súbitamente se convirtió en un ardiente defensor de la libertad de prensa.
Por otro lado, de acuerdo al más reciente reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habría pocos motivos para alegrarse. En el primer trimestre del año, tres reporteros fueron asesinados y 46 presentaron quejas por agresiones. Esto sin contar las denuncias ante las comisiones estatales y los actos intimidatorios que no son reportados.
Según la CNDH, los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son Veracruz y Oaxaca, cada uno con 27 por ciento de las agresiones totales. Solamente durante el fin de semana, se registraron en Oaxaca tres casos que pondrán a prueba “la buena voluntad” de la legislación que pretende reconocer el derecho a una opinión pública informada.
El lunes pasado fue asaltada en la capital oaxaqueña la periodista Rebeca Luna Jiménez, quien se dirigía a su casa cuando un motociclista comenzó a seguirla. Más adelante, ocho sujetos rompieron los cristales de la camioneta en que viajaba, la insultaron y le robaron su computadora portátil.
Otro informador, Jaime Méndez Pérez, fue perseguido y empujado por una multitud en San José del Progreso, Oaxaca, donde una mujer le arrebató su cámara fotográfica mientras era amenazado con garrotes.
A estos casos, se suma la denuncia presentada por Federico Carrera, reportero y corresponsal, quien fue golpeado por policías que recibieron por radio la instrucción de “partirle la madre”. Los guardianes del orden también lo despojaron de 5 mil 500 pesos.
En este contexto, son necesarias las medidas aprobadas por los diputados que fueron a trabajar. Sin embargo, en un país donde las leyes se confunden con recomendaciones, su efectividad está condicionada. Si los casos mencionados son resueltos sin dilaciones, sabremos que México es un mejor país para ejercer el periodismo. De lo contrario, nos ahorramos la fiesta y también las preocupaciones. Ya estamos acostumbrados...
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