Y todo por un edificio...

Adiós Bicentenario, adiós Centenario. Este año de conmemoraciones históricas terminó con un gris festejo de la Revolución. El aniversario del levantamiento armado de 1910 no le importó a nadie. ¡Ni a quienes se beneficiaron económicamente de él! Como a la empresa encargada de construir la nueva sede del Senado.

Por sus características y propósitos, el imponente edificio en Paseo de la Reforma es un proyecto arquitectónico de trascendencia justificable. Eso no impidió que fuera entregado tarde e incompleto, como la mayoría de las obras del Bicentenario. Su inauguración se esperaba en septiembre, después en noviembre y ahora el próximo año.

Mientras esto ocurre, la construcción de 2 mil 300 millones de pesos ha generado un fenómeno digno de reflexión: los actores políticos han proyectado sobre un edificio sus ideologías y deseos. Las declaraciones de los senadores en los últimos días permiten ejemplificar un fundamento de la percepción: el mismo objeto tiene significados distintos para personas diferentes.

Para el senador Ricardo Monreal, se trata de un “lujo” y de un “exceso”. El coordinador del Partido del Trabajo en el Senado señaló que la Cámara Alta se había caracterizado por su austeridad y que ante las dificultades económicas de la actualidad, no debe celebrarse el dispendio. “Hay una élite política distanciada de la población que no siente si hay gente sin empleo, si hay gente con carencias graves y nosotros vamos a estar en una casa impresionante”, lamentó.

Pero este “no es un tema a debate” para el presidente del Senado. Para el priista Manlio Fabio Beltrones, la nueva sede simboliza una modernización necesaria y un pretexto para renovar los ánimos. “Un nuevo Senado no nada más necesita un recinto moderno como este, sino también una nueva actitud, que estoy seguro que vendrá a obsequiarse en los trabajos definitivos de esta legislatura”, dijo.

Pero la joya declarativa de la semana es la explicación del senador perredista Carlos Navarrete: “Los palacios de gobierno, los palacios presidenciales, los palacios legislativos, los palacios de justicia, deben ser imponentes como el que estamos viendo aquí, porque compite con los grandes bancos, con las casas de bolsa, con las catedrales y con los centros religiosos”.

Según Navarrete, el gigantesco complejo de oficinas es una manifestación de la lucha del “Estado moderno” contra los poderes fácticos. ¿Qué tiene de moderno un Estado que demuestra su autoridad con edificios? ¿A dónde nos llevaría una competencia al estilo Navarrete? ¿Si algún poder fáctico construyera la Torre de Babel merecería la genuflexión del Estado?, ¿de los legisladores?, ¿de Navarrete?

Las posturas de los senadores son reveladoras. Casi tanto como el hecho de que un proyecto prioritario para el Estado, se le vaya de las manos. Las proyecciones sobre su fachada son una radiografía de nuestra idiosincracia y clase política. Si Navarrete tiene razón, el gobierno vive de apariencias. Lo peor en este caso es que no haya podido mantenerlas.

Billetes a la hoguera

Al Congreso le llueven felicitaciones del gobierno federal. Los diputados bailaron al son de Los Pinos y ganaron su palmadita en la espalda. Consiguieron el aplauso presidencial, un reconocimiento que se piensa digno de quienes glorifican a la Patria. Y todo por alimentar con miles de millones de pesos la agenda e intereses de Felipe Calderón y los suyos.

Los temas fuertes en la Cámara de Diputados se trabajan al interior, pero también afuera, en el ámbito de la opinión pública y los medios. Desde la prensa, un trance legislativo se construye por etapas. Cada vez que el Congreso tiene en sus manos una decisión de alto impacto, se desata una serie eventos que podrían clasificarse cronológicamente: antes, durante y después.

Antes de cualquier iniciativa o discusión, surgen los declarantes que empujan o critican el tema pero lo “calientan”. Cuando el asunto llega al debate, las fuerzas políticas fijan su postura y critican la contraria. Quienes comparten la opinión mayoritaria validarán la votación y los restantes serán tratados como una minoría anecdótica. Después del resultado, sus beneficiarios aplaudirán al Poder Legislativo. Los demás se quejarán.

Esa historia se repite cada año. El presupuesto es un juego de sumas y restas donde se calculan los reclamos, se ponderan las ganancias y se finge interés en los votantes. Cuando se trata de repartir los recursos del Estado, siempre hay ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿quién gana y quién pierde? ¿de dónde vienen los elogios?

Un funcionario me dijo alguna vez: “No hay nada mejor que gastar el dinero ajeno”. El dinero de todos se invierte en las causas de algunos. Quienes celebran la repartición lo hacen porque significa un impulso directo a sus prioridades. La administración federal reconoce la “responsabilidad” de los legisladores porque apadrinaron su lista de intereses, especialmente su estrategia de seguridad.

Los diputados le echaron billetes a la hoguera de Calderón. ¡La asignación de financiamiento en materia de seguridad para los estados y municipios es la más alta en la historia del país! Sólo para la implementación del mando único policial se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos. Según cifras oficiales, el presupuesto de seguridad nacional tuvo incremento real de 8.1 por ciento respecto al año pasado.

Asuntitos como la salud, la educación y el combate a la pobreza quedaron en segundo plano. Miles de mexicanos morirán desatendidos, otros más no saldrán de la primaria o siquiera del analfabetismo, y millones más vivirán con menos de lo mínimo. Pero habrá armas, soldados, sicarios, balaceras, muertos, persecuciones, bloqueos, detenidos y ejecutados. Todo eso que los mexicanos anhelamos.

¿Quién cree que la seguridad es tanta como la inversión en ella? Más aún, ¿quien creerá en este argumento cuando haya terminado el sexenio de Felipe Calderón? Mientras tanto, el "presidente del empleo" tiene razones para festejar: los diputados le autorizaron más plazas para la Sedena y la PGR.

Manual de Periodismo de Felipe Calderón

El presidente de la República se volvió profesor de periodismo. El maestro Calderón instruyó a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se reunieron en Yucatán esta semana. El mandatario aprovechó sus intervenciones para negar la censura, celebrar la crítica y defender la libertad de expresión. Pero también para pedir mesura, justificar la alabanza y sugerir reglas.

México no tiene cara para recibir a la SIP, aunque un par de párrafos sacaron a Calderón del apuro. Habló de la derogación de los delitos de calumnia y difamación, de la Fiscalía Especial y del nuevo comité de protección a periodistas. Una reforma legal y dos creaciones burocráticas le permitieron distraer la atención de otro tema: los ataques y amenazas a los medios de comunicación en su administración.

El maestro Calderón respondió las dudas mucho antes que las preguntas, y entonces inició la clase. En lugar de un pizarrón, una pantalla gigante; en lugar de notas, un apuntador; en lugar de estudiantes, un grupo de empresarios, reporteros y activistas. Y en sustitución del profesor de periodismo, un político electo. Aquí un fragmento del Manual de Periodismo de Felipe Calderón:

1. Úsese otro manual en tiempos de paz y estabilidad. Según Calderón, los tiempos violentos que aquejan al país requieren nuevas reglas para el quehacer periodístico. Así lo dijo: "Ante el enemigo común, es claro que nuestro país necesita también el apoyo de los medios de comunicación y sus periodistas para alcanzar mejores resultados en la lucha por la seguridad". En lugar de informar o cuestionar, los medios deberían acompañar y apoyar.

2. La prensa tiene la obligación patriótica de mejorar la imagen del gobierno. Calderón lo ejemplificó con el sistema de justicia: hay que creer en él para que funcione y no al revés. Si los medios fueran optimistas, los ministerios públicos, procuradurías y juzgados serían eficientes: "Necesitamos trabajar mucho en los temas de la propia percepción de la sociedad, y en la amenaza creíble del Estado que, precisamente, persigue y castiga a los delincuentes". La impunidad merece el aplauso de los medios.

3. Los criminales no merecen atención a menos que se mueran... o los arresten. Los medios no deberían informar sobre ciertos temas, especialmente si refuerzan la idea de que el Estado ha perdido el control de regiones enteras. "Es necesario informar, por ejemplo, sin hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a la agenda mediática de las organizaciones criminales". Un periodismo que refleja la realidad de su país no le sirve al Estado.

Las recomendaciones del presidente son insultantes para el gremio. Van contra su formación y objetivos, contra sus responsabilidades y alcances. Los informadores no estamos aquí para acompañar a nadie, ni para alterar percepciones, ni para omitir hechos. Un Manual de Periodismo diría todo lo contrario, por eso Calderón tiene el suyo.

Marihuana electoral

La derrota de la “Prop 19” es una victoria para sus impulsores y simpatizantes. Aunque el resultado del plebiscito sea una batalla perdida, la guerra continúa. La legalización de la marihuana en California perdió en las urnas pero ganó adeptos. Los perdedores tienen razón cuando afirman que el debate publico fue su triunfo: un tema vetado pasó de pronto al primer plano.

Así que todos felices: los que apoyan la prohibición, los que rechazan el consumo de drogas y los que se legitiman o enriquecen con estrategias policíacas. Pero también quienes pugnan por la libertad de elección, por eliminar mercados negros, o simplemente quienes la consumen y no son criminales. Todos celebran la votación en California.

Los primeros análisis sobre el referéndum arrojan dos hipótesis. Los medios estadounidenses señalaron que el electorado tenía dudas sobre la legalización. Por ejemplo, ¿qué sucedería con las líneas de distribución controladas por cárteles y sicarios? La prensa mencionó la posibilidad de un “sabor amargo” en Los Ángeles, ciudad donde la hierba se vende a la menor provocación y donde una “mayoría silenciosa” habría manifestado su disgusto. La marihuana se volvió electoral.

Los comicios del martes en Estados Unidos afectaron a México. El hervidero de opiniones sacudió momentáneamente la argumentación de la “guerra contra el narcotráfico” en nuestro país. ¿Cómo explicar el matadero cuando a unos kilómetros la producen y venden tranquilamente? ¿Por qué recetan allá lo que aquí cuesta la libertad o la vida? Las reacciones de la clase política fueron un acto de supervivencia.

Vicente Fox se volvió activista cannábico, pero el presidente en turno piensa diferente. Fox defendió la "Prop 19" porque critica la guerra que inició su sucesor, y Calderón lo regañó públicamente por no haber actuado a tiempo. El gobierno federal aseguró que una medida “local y unilateral” no frenaría la violencia en México. Otros, como el secretario de Gobierno en Nuevo León, plantearon la necesidad de un “cambio de juego”.

Sin duda estas reacciones tuvieron impacto en la opinión pública, aunque a diferencia de Estados Unidos, aquí no se puede celebrar la simple existencia de un debate. La discusión de ideas no puede considerarse un triunfo, mientras no haya voluntad de llegar a conclusiones y actuar en consecuencia.

Allá el debate funciona porque la democracia se reafirma ocasionalmente para seguir pareciendo ejemplar, en México carece de sentido porque la posición oficial simula apertura pero es intransigente. Ahí están los “Diálogos por la seguridad” y la bienvenida del presidente Calderón a un debate que desacredita de origen.

Vendrá el 2012 y los activistas pro marihuana impulsarán nuevamente su causa en Estados Unidos. Eventualmente se aprobará y llegará el momento de replantear lo que ocurre al sur de su frontera. Mientras tanto, se avanzó en la lucha contra los estereotipos y los prejuicios. Quizá dentro de unos años sea evidente que la prohibición y las armas sólo agravaron un problema que podía controlarse con regulación, salud e información. Que así sea.

NarcoTV

Una exclusiva de “El Chapo News” conmociona a Chihuahua. El último episodio de NarcoTV acusa a la ex procuradora, Patricia González, de nexos con el Cártel de Juárez. El protagonista es su hermano, secuestrado la semana pasada y colocado frente a una cámara para ser interrogado. Según la acusada, fue grabado en un cubículo de los edificios diseñados para el nuevo sistema penal. Los productores y entrevistadores son paramilitares uniformados y con armas largas.

Pero eso no es todo, la saga tiene cinco capítulos más. Así lo informo en entrevista con Carmen Aristegui el periodista exiliado Jorge Luis Aguirre, director de LaPolaka.com, medio que difundió el primer video. Vía satélite desde Estados Unidos, Aguirre comentó que el grupo responsable del mensaje -presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa- tiene preparados nuevos escándalos, aunque negó tenerlos en su poder.

“Es una venganza”, dice la ex procuradora. Patricia González argumentó que los afectados por su impecable labor justiciera quieren desprestigiarla. Dijo que los captores de su hermano son policías en activo y despedidos, y rechazó haber ordenado ejecuciones de periodistas y líderes comunitarios, como sugiere el interrogatorio. Por su parte, la PGR emitió un comunicado con la típica respuesta a los asuntos delicados: estamos investigando.

Las opiniones sobre el caso en los últimos días pueden clasificarse en dos categorías: legalistas y alarmistas. Las primeras descartan cualquier valor del video porque el declarante está encañonado y porque sus afirmaciones no tienen valor probatorio en un juicio. Las segundas, aprovecharon la revelación para extrapolar el tema y llevarlo a nivel de Estado. Según dicen, se evidencia su debilidad y la existencia de grupos insurgentes.

No comparto estos extremos. Pese al contexto, es un error minimizar las confesiones del hermano de la procuradora, aunque resulta exagerado el intento de tomarlas como prueba irrefutable de los males que aquejan a todo el país. No obstante, el episodio permite reflexionar sobre la forma y no sólo sobre el fondo.

La guerra por las “plazas” en México lleva meses librándose en el frente comunicativo. Preocupa que el crimen organizado se haya convertido en un proveedor frecuente de contenidos para los medios. En la medida en que se transmitan, continuarán llegando a las redacciones o apareciendo en Internet. En mi opinión, la obligación de informar no exime de la responsabilidad que en última instancia conlleva la publicación de mensajes diseñados por narcotraficantes.

Es cierto que la agenda periodística es manipulable, que los medios están ahí para reproducir lo noticioso, sea lo que sea. Sin embargo, cuando se abren espacios al narcotráfico existe el riesgo de que la prensa termine controlada por criminales. Sin un debate al interior de los medios, lo que irónicamente llamo NarcoTV o “El Chapo News” llegó para quedarse. La delincuencia seguirá tomando carreteras, municipios, estados, noticieros y primeras planas...

Reformitis

El ciudadano promedio no tiene opiniones políticas. En la mayoría de los casos, sea por apatía o desinterés, sus juicios sobre la realidad del país y del mundo pueden rastrearse con un control remoto. En ese sentido, el papel de los líderes de opinión es un factor clave en la construcción de percepciones y asociaciones conceptuales que inciden directamente en el ejercicio de la ciudadanía.

Por eso indigna que los comunicadores no se informen antes de opinar. Las caras de la noticia comentan desde su experiencia, prejuicios y tendencias, pero no siempre desde el conocimiento pleno del asunto que abordan. Muchos lo hacen a partir del resumen elaborado por sus redacciones, sin tomarse la molestia de estudiar a fondo el tema. Como si consignar los hechos sin aderezarlos o interpretarlos fuera un pecado televisivo.

Un ejemplo reciente es la iniciativa en materia de fuero militar, enviada el lunes al Senado por el presidente Felipe Calderón. El texto contempla la intervención de tribunales civiles cuando los militares incurran en alguno de los siguientes delitos: desaparición forzada, tortura o violación. En la lógica de los analistas profesionales -que además se ha implantado en buena parte de la población- reforma es igual a progreso. Las reformas siempre son "necesarias", incluso "insuficientes", pero nunca indeseables.

Esta reformitis implica la celebración casi automática de cualquier intento de modificación legal que parezca un avance. Nadie quiere parecer retrógrado, a menos que se trate de la defensa ideológica de posiciones morales cuyo desvanecimiento ponga en riesgo la existencia del grupo de pertenencia. Cuando el concepto de identidad no está en juego, cualquier cambio es bueno.

Sin embargo, un juicio automático y casi cultural es insuficiente para quienes ocupan el lugar privilegiado entre la información y la audiencia. ¿Por qué nadie cuestionó que la reforma de Calderón no incluya el homicidio? ¿No es la muerte de civiles inocentes el mayor escándalo del Ejército en esta "guerra contra el narcotráfico"?

El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, aclaró el martes en Los Pinos que -fuera de los delitos señalados en la iniciativa- la jurisdicción militar debe mantenerse para conservar la disciplina. ¿Cómo? ¿Si el homicidio fuera juzgado por autoridades civiles los militares se volverían rebeldes? Poiré lo insinúa.

Además, ¿desde cuando los tribunales civiles infunden esperanza? Entiendo la crítica a la justicia militar y la posibilidad de que sólo exista para ocultar a la sociedad las atrocidades del Ejército, pero insisto, ¿por qué es motivo de celebración que las Fuerzas Armadas sean enjuiciadas por instancias que han probado su incapacidad con el resto de los ciudadanos?

A nadie se le ocurrió una crítica tan elemental. Sólo hubo bienvenidas a la iniciativa de Calderón, como si garantizara la protección a los derechos humanos e impulsara la justicia en el país. Cuando en realidad es una modificación cosmética para acallar voces del extranjero y negociar la aprobación de la reforma política. Por eso es peligroso repetir opiniones, especialmente cuando la fuente original no se molestó en pensar.

Salinas y el olvido

Una de las figuras más oscuras de la historia reciente de México se pasea tranquilamente entre sus contemporáneos. El ex presidente Carlos Salinas de Gortari participó como orador en el “Foro de la Democracia Latinoamericana”, invitado por del Instituto Federal Electoral en su vigésimo aniversario.

Contrario a lo que pudiera pensarse, la seguridad de Salinas es discreta. El martes pasado no hubo revisiones en el acceso al Palacio de Minería en el Distrito Federal y sólo un par de guardaespaldas lo seguían. Ni manifestaciones, ni gritos, ni rechiflas… nada. Si Salinas es una figura polémica para los mexicanos, lo es sólo a nivel mental. Teniéndolo enfrente hasta le aplauden.

El ex presidente aprovechó su turno para comentar una diversidad de temas: desde los mineros chilenos, pasando por la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, hasta la posibilidad de que el PRI regrese a Los Pinos en 2012. Según él, la principal garantía de la democracia es la institucionalidad y no la alternancia. En su lógica, el PRI no debió perder la presidencia de la República para evidenciar el avance democrático en México.

Salinas se mostró reticente a las dudas del público. La moderadora le pidió una autocrítica honesta a su gestión como jefe del Ejecutivo y él respondió que fue un error no haber institucionalizado el programa “Solidaridad”. Ella le insistió y Salinas la evadió prometiéndole una copia de su libro. Los demás cuestionamientos se los llevó en papel.

Luego de autografiar un par de ejemplares y aceptar fotografías con algunos invitados, salió del recinto rodeado de cámaras y micrófonos, en medio de un tumulto y sin dar declaraciones a la prensa. Los reporteros lo cuestionaban sobre Peña Nieto, López Obrador y la estrategia de seguridad del gobierno federal.

¿Por qué Carlos Salinas puede sonreír en público? La respuesta tiene dos dimensiones: la personal y la social. La primera es cinismo puro. La segunda es una mezcla entre olvido, ignorancia y cobardía. Él vive tranquilo con sus corruptelas. Lo que preocupa es que hayan desaparecido de la memoria colectiva. Aún peor es que, incluso desde el vívido recuerdo, se permita el autoelogio del villano sin protesta alguna.

La desvergüenza no sorprende. Pareciera una cualidad intrínseca de la clase política del país. En sus tiempos, Salinas gozó los beneficios de la suma entre discurso y carisma. Sin embargo, la alternancia que tanto critica fue para muchos la mejor vacuna contra la incongruencia. Entonces, ¿por qué nadie lo increpa? ¿No deberían complicarle la vida en cada rincón del país?

El problema de fondo es la insensibilización social, producto del bombardeo de ignominias en el país. Son tantas las tragedias y las injusticias, tan cuantiosos los saqueos y los abusos, que –en el mejor de los casos- la indignación se justifica y se mantiene con el paso del tiempo, pero sus razones son reemplazadas casi inmediatamente por nuevos hechos, fenómenos o personajes.

Los infames, sinvergüenzas, ladrones y traidores lo saben. Por eso Salinas y compañía pueden vivir tranquilos.

De la burocracia a la impunidad

La indignación generada por los asesinatos de periodistas aumenta con las reacciones de quienes se hacen llamar “servidores públicos”. Ante lo que constituye una afrenta a la democracia y a los derechos fundamentales, las autoridades correspondientes evaden su responsabilidad y distraen la atención pública con el viejo debate de las competencias.

Se trata de evadir culpas, pero también obligaciones. Así ocurrió con el homicidio de Luis Carlos Santiago Osorio de El Diario de Juárez. Los hechos sucedieron alrededor de las 14:30 horas del 16 de septiembre en la ciudad más violenta del país, horas después de que el gobierno federal se vanagloriara por un festejo patrio “en paz y con unidad”.

Un grupo de sicarios disparó contra un automóvil propiedad del periódico. En él viajaban dos practicantes que aspiraban convertirse en reporteros gráficos; uno sobrevivió. Este atentado justificó la publicación de un editorial no sólo polémico, sino histórico en el desarrollo de la prensa nacional.

El domingo pasado El Diario de Juárez sucumbió ante el miedo y se dirigió al crimen organizado: “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.

Esta postura ameritó un regaño desde Los Pinos. Durante una conferencia de prensa, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, estableció la prohibición de pactar, negociar o promover treguas con los criminales. Aceptó que es tarea del Estado garantizar la libertad de expresión, aunque de inmediato aplicó la censura.

La supuesta autoridad de Poiré proviene de un ceño fruncido y de un cargo fabricado cuando fue removido de Gobernación. Su tarea consiste en responder las preguntas de los reporteros en la ignorancia de datos elementales. Poiré es un vocero desinformado, lo evidenció cuando dijo que el móvil más probable de la agresión a Santiago Osorio es “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.

¿Qué hay de las amenazas a El Diario de Juárez? ¿No debería ser esa la primera línea de investigación? El vocero de Seguridad Nacional respondería que él simplemente reproduce la versión de la Procuraduría de Chihuahua. Luego nos recordaría se trata de un delito del “fuero común” y dejaría claro que el gobierno federal sólo “coadyuvará”. En pocas palabras, la PGR se deslinda del tema y justificará cualquier conclusión de la instancia local, por absurda que sea.

La justicia en México es como el agua en un desierto: escasa y absolutamente necesaria, pero no se materializa por el hecho de exigirla o desearla. La impunidad reinante en el país demuestra que los defensores de la ley sólo la usan para ocultar y prolongar su propia mediocridad. Si hubiera intenciones auténticas de resolver este y otros casos, lo último que escucharíamos de las autoridades sería una sarta de formalidades superfluas y excusas burocráticas.

El Diario de Juárez argumentó impecablemente su mensaje público al crimen organizado. El Estado se irrita porque se siente desplazado. Sin embargo, esta realidad no es atribuible a un periódico en particular o a los medios en general, sino a un gobierno que ha perdido el monopolio de la fuerza en territorios enteros. La libertad de prensa no existe en Chihuahua, lo peor es que sólo los periodistas están preocupados.

Asesino

No hay otra forma de llamarlo. El Ejército mexicano sigue matando a inocentes en su guerra contra el narcotráfico. El domingo pasado un grupo de soldados disparó contra una familia que circulaba por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. En el vehículo viajaban cuatro adultos y tres menores. Los militares mataron al padre y a su hijo adolescente. Vicente de León de 53 años y Alejandro de 15.

La tesis de la defensa propia es absurda en este caso. ¿Cuál fue su delito? Ninguno. Y aunque fueran culpables de alguna atrocidad, la pena de muerte no figura en la legislación vigente. Así se hace justicia en nuestros días: con ráfagas mortales que surgen de paranoias justificadas en la absoluta impunidad. ¿Y el “Estado de derecho”?

Los mexicanos deberíamos escandalizarnos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a la violencia y al discurso maniqueo que solapa las muertes de ‘los malos’ al margen de la justicia. Lo peor es que hasta ‘los buenos’ son ejecutados como delincuentes, con la certeza de que serán aceptados como “daños colaterales”.

Las conciencias retorcidas o vendidas de algunos comunicadores optaron por aplaudirle al gobierno federal por su reacción a los hechos del domingo. Resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional merece honores por haber aceptado que un grupo de los suyos asesinó a civiles sin nexos con el crimen organizado.

En la lógica de esos líderes de opinión fue motivo de celebración que los integrantes de la familia no fueran tildados de sicarios, como ocurrió con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. O que sus muertes no fueran atribuidas al extraño azar de una lluvia de municiones donde sólo las balas del crimen ultiman a inocentes, como a Martín y Brian Almanza –de 9 y 5 años de edad- en Tamaulipas.

No sólo eso. La prensa mexicana se sumó involuntariamente al leguaje eufemístico del discurso oficial. Los términos utilizados por los periodistas que comentaron el caso fueron dictados por funcionarios federales y estatales. Se llamó “personas” a una familia, “acontecimientos ocurridos” a una balacera sin explicación, y “error lamentable” a un crimen de Estado. En el temor a la efervescencia, se bloquea desde el idioma la posibilidad de empatía.

Pese al aumento exponencial de las quejas e imputaciones en su contra, el Ejército sigue siendo una institución sacralizada por la mayoría de los medios. Tanto que escribir de estos temas parece peligroso. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Terminar muerto? ¡Pero eso le ocurre a cualquiera! El riesgo es compartido por los complacientes y los críticos, los ignorantes y los indignados. Aquí el peligro es para todos.

Es hora de terminar con el mito. El Ejército es una institución más; podemos criticarla y exigirle, como a cualquier otra. El desvanecimiento de la responsabilidad personal -producto de una rígida jerarquía que castiga con severidad la desobediencia- nos remite al nivel más alto en la búsqueda de culpables.

Bajo esta perspectiva, el “error lamentable” es del comandante supremo, del presidente de la República. De otro modo, el panorama sería aún más grave. Si las tropas incumplieran deliberadamente las órdenes de respetar los derechos humanos y proteger a la población, la situación imperante podría interpretarse como un golpe de Estado.

Mientras en México se hable de justicia y democracia, es tiempo de apelar a la congruencia, de oponerse abiertamente a la violencia del gobierno contra sus ciudadanos. Es por el bien de todos, aunque el “patriotismo” de nuestros días exija silencio o adulación y consista en festejar el deterioro institucional en el país.

El buen camino

El optimismo fingido nos gobierna mientras el país se desmorona. A los casi 30 mil cadáveres de una guerra fallida se suman los migrantes exterminados y los alcaldes ejecutados. En los últimos dos años, 13 presidentes municipales han sido asesinados y la frecuencia de estos crímenes va en aumento.

El último edil en la lista de muertos recibió poca atención de los medios. El alcalde del municipio de Hidalgo en Tamaulipas, Marco Antonio Leal García, fue baleado el domingo mientras circulaba en una camioneta con su hija. A diferencia de su homólogo de Santiago, Nuevo León, el político tamaulipeco no fue homenajeado en público. Las reacciones al caso fueron mínimas.

En el gremio periodístico es sabido que “nota mata nota”: una historia fresca y relevante opaca a las demás. En la semana del informe presidencial y a unos días de las fiestas del Bicentenario, el gobierno federal fue hábil en alimentar a la prensa con información atractiva pero cómoda.

Tanto que logró frenar -e incluso detener- el seguimiento a la masacre de 72 migrantes y a la ejecución de Leal García. Estos temas de primera importancia y gravedad se desvanecieron antes del lunes por la noche. Además ocurrieron en Tamaulipas, un estado secuestrado por el narcotráfico, un lugar donde los reporteros no son bienvenidos.

A cambio, la administración de Felipe Calderón ofreció a los medios la detención de Edgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”. Los datos sobre el aseguramiento fueron dosificados intencionalmente. Primero circuló una versión extraoficial, después se confirmó en un comunicado, luego llegó la fotografía y finalmente se transmitió desde Los Pinos un mensaje en horario estelar.

Hace poco, un funcionario federal me dijo que desde la perspectiva de la administración pública, los medios de comunicación son necesariamente secundarios. Nada más alejado de la realidad en México. La ecuación se ha invertido: lo secundario es la eficacia gubernamental.

El concepto de “opinión pública” ha reemplazado al de “ciudadanía”. El Estado invierte más en construir percepciones que en garantizar derechos. Si se trata de difundir logros, los datos noticiosos son revelados estratégicamente para manipular a los medios. Lo saben quienes escriben ‘narcomantas’ con faltas de ortografía pero las colocan a horas clave. Lo saben también los funcionarios, aunque finjan institucionalidad y eficacia.

Los periódicos nacionales compartieron su primera plana del martes: la detención de “La Barbie”, la misma foto de baja calidad y alguna conjugación del verbo “caer” en el encabezado. ¡Viva la pluralidad informativa! La presentación de Valdez Villareal fue una maniobra perfecta de comunicación gubernamental. Súbitamente la agenda informativa del país se unificó para proclamar un logro de la administración federal.

Que sigan muriendo inocentes, alcaldes y migrantes. Después de todo, el presidente dijo en los spots de su informe que “aún no es suficiente, pero vamos por buen camino”. ¿Suficientes muertos? ¿Suficientes errores? ¿Suficiente cinismo? Si creemos que el país va por “buen camino” nos hemos vuelto locos, vivimos disociados de la realidad. Lo cuerdo sería pensar que hay cierta perversidad en la evaluación que Calderón hace de su administración.

Burla al altruismo

Acartonada, predecible y fallida. Así fue la primera emisión de Iniciativa México, reality show que se legitima con instituciones académicas y es impulsado por los principales medios de comunicación en el país con el apoyo del gobierno federal.

El producto final no estuvo a la altura de las expectativas generadas por su intensa campaña publicitaria. Acertamos quienes anticipamos que el proyecto sería una patética mezcla entre el Teletón, La Academia y Bailando por un sueño.

Durante casi 3 meses, los televidentes fuimos bombardeados con spots de Iniciativa México en los cortes comerciales y los noticieros estelares. Los mensajes comenzaron con Javier Aguirre y terminaron con Salma Hayek. En ese tiempo prevaleció un discurso motivacional burdo, gastado y con tintes nacionalistas. Abundaron los llamados a la unidad y a la esperanza en un futuro mejor.

El programa del domingo fue conducido por Sergio Sarmiento y Carlos Loret de Mola. Un personaje gris en pantalla y un comunicador más cercano a la teatralidad que al periodismo, respectivamente. La rigidez del guión acentuó la artificialidad del programa.

¿Quiénes son los protagonistas de Iniciativa México? Filántropos que buscan exposición pública y el premio final de 2 millones de pesos. Los perfiles de los participantes en la primera emisión iban desde una mujer cuya felicidad consiste en que los enfermos terminales mueran en paz, hasta una monja extranjera que vive en una cárcel en Tijuana por su propia voluntad.

Los conductores se dedicaron a insistir en la seriedad del programa y a reiterar hasta el cansancio los números telefónicos para que la audiencia votara; lo mismo que harían Alan Tacher y Adal Ramones. Iniciativa México es un espectáculo televisivo y ya. ¿Por qué empeñarse en negarlo? ¿Por qué presentarlo como un esfuerzo social e histórico?

El papel más sucio lo juegan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey. Este reality show duele porque las universidades de mayor prestigio se montaron en un fraude y participan abiertamente en la crisis de credibilidad de las instituciones en el país. Todo esto lo avala el gobierno y lo aplauden los intelectuales.

Iniciativa México es el ejemplo perfecto de la simulación convertida en parodia. El concurso mezcla lo falso con lo serio, el desprestigio con la confianza, y premia a ciudadanos que se benefician personalmente de las omisiones del Estado. Es además una burla al altruismo.

¿2 millones de pesos al ganador? Si lo de ayudar a México fuera en serio, los medios de comunicación aportarían mucho más que el costo de un par de comerciales. El problema de fondo es la defensa casi religiosa de la caridad en nuestra cultura. ¡Cómo si fuera inmoral criticar los “goles por la educación” de Televisa! Cuando queda claro que es un asunto de imagen, de mínimo esfuerzo, de simple mercadotecnia.

Iniciativa México continuará sus transmisiones durante varias semanas. Su éxito está garantizado por una audiencia irreflexiva que sigue creyendo en todo tipo de engaños. Retomo lo que escribí hace unas semanas: “Con tantas instituciones y personas apoyando un fraude como Iniciativa México, el país pronto entrará en una fase de incredulidad total”.

¿Supremo avance?

La Suprema Corte es una institución de lucidez intermitente. A diferencia de otras manifestaciones del Estado que perdieron hace mucho su funcionalidad o credibilidad, la más alta instancia judicial del país ha administrado su imagen mediante una actuación ambivalente, una combinación de aciertos y errores que la vuelve impredecible y provoca tanto esperanza como frustración.

La última decisión de los ministros es el tema de la semana: la validación de adopciones por parte de parejas del mismo sexo. La sorpresa es que, de un momento a otro, México se presenta como un país progresista, fiel al espíritu de sus leyes y al mismo tiempo a la vanguardia de la legislación internacional.

Pese a los calambres producidos por una moral intolerante y excluyente, y a la violenta verborrea de los más conservadores, los homosexuales no sólo podrán contraer matrimonio, sino formar una familia con el respaldo obligado de las instituciones gubernamentales. Todo esto parecía imposible, incluso hace menos de un año –a finales de noviembre- cuando el PRD presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la primera iniciativa con este objetivo.

Parecía entonces un acto electorero. Pero los protagonistas de esta batalla no son los políticos, sino los miembros de una minoría que tomó la valiente decisión de visibilizarse en un entorno adverso para reclamar sus garantías individuales. Es una larga historia de activismo, de firmeza ante la discriminación, que representa un avance aunque no lo sea en el sentido más amplio. De igualdad de derechos se hablaba desde el siglo pasado…

En realidad hay un retraso: un retraso en la aplicación de los principios que teóricamente guían al país. Lo dijo el ministro Arturo Zaldívar; de haber prohibido que las parejas homosexuales adoptaran, la Corte habría “constitucionalizado la discriminación”. ¡Lo que nos faltaba! Aún creyendo que se trata de un avance, las reacciones que genera dejan un sabor amargo. La esperanza se desdibuja cuando la Edad Media habla a través de influyentes líderes sociales y morales de este milenio.

Es una “aberración”, sostiene el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. “¿A ustedes les gustaría que los adopten una pareja de maricones o lesbianas?”, preguntó el religioso a un grupo de reporteros. Si a Íñiguez le preocupan los “maricones”, ¡que los expulse de su Iglesia! Esa es su única jurisdicción. Ni hablar de amor al prójimo, de compasión o juicio divino, porque eso de “al César lo que es del César” sólo aplica cuando les conviene.

Se ha confundido el púlpito con las tarimas, las misas con mítines. Los asuntos terrenales han invadido los sermones. La Iglesia Católica en México optó por dedicarse a la política y se equivocó. Además de la separación Iglesia-Estado, habrá que recordarles que las acusaciones sin fundamento y las declaraciones discriminatorias tienen consecuencias legales en el país.

Mientras tanto, la Suprema Corte seguirá ahí con sus aciertos y errores, jugándose el apoyo de la opinión pública en cada sesión. Y los homosexuales podrán casarse y tener hijos, ejerciendo los derechos que la Constitución les garantizaba desde el día en que nacieron.