El ciudadano promedio no tiene opiniones políticas. En la mayoría de los casos, sea por apatía o desinterés, sus juicios sobre la realidad del país y del mundo pueden rastrearse con un control remoto. En ese sentido, el papel de los líderes de opinión es un factor clave en la construcción de percepciones y asociaciones conceptuales que inciden directamente en el ejercicio de la ciudadanía.
Por eso indigna que los comunicadores no se informen antes de opinar. Las caras de la noticia comentan desde su experiencia, prejuicios y tendencias, pero no siempre desde el conocimiento pleno del asunto que abordan. Muchos lo hacen a partir del resumen elaborado por sus redacciones, sin tomarse la molestia de estudiar a fondo el tema. Como si consignar los hechos sin aderezarlos o interpretarlos fuera un pecado televisivo.
Un ejemplo reciente es la iniciativa en materia de fuero militar, enviada el lunes al Senado por el presidente Felipe Calderón. El texto contempla la intervención de tribunales civiles cuando los militares incurran en alguno de los siguientes delitos: desaparición forzada, tortura o violación. En la lógica de los analistas profesionales -que además se ha implantado en buena parte de la población- reforma es igual a progreso. Las reformas siempre son "necesarias", incluso "insuficientes", pero nunca indeseables.
Esta reformitis implica la celebración casi automática de cualquier intento de modificación legal que parezca un avance. Nadie quiere parecer retrógrado, a menos que se trate de la defensa ideológica de posiciones morales cuyo desvanecimiento ponga en riesgo la existencia del grupo de pertenencia. Cuando el concepto de identidad no está en juego, cualquier cambio es bueno.
Sin embargo, un juicio automático y casi cultural es insuficiente para quienes ocupan el lugar privilegiado entre la información y la audiencia. ¿Por qué nadie cuestionó que la reforma de Calderón no incluya el homicidio? ¿No es la muerte de civiles inocentes el mayor escándalo del Ejército en esta "guerra contra el narcotráfico"?
El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, aclaró el martes en Los Pinos que -fuera de los delitos señalados en la iniciativa- la jurisdicción militar debe mantenerse para conservar la disciplina. ¿Cómo? ¿Si el homicidio fuera juzgado por autoridades civiles los militares se volverían rebeldes? Poiré lo insinúa.
Además, ¿desde cuando los tribunales civiles infunden esperanza? Entiendo la crítica a la justicia militar y la posibilidad de que sólo exista para ocultar a la sociedad las atrocidades del Ejército, pero insisto, ¿por qué es motivo de celebración que las Fuerzas Armadas sean enjuiciadas por instancias que han probado su incapacidad con el resto de los ciudadanos?
A nadie se le ocurrió una crítica tan elemental. Sólo hubo bienvenidas a la iniciativa de Calderón, como si garantizara la protección a los derechos humanos e impulsara la justicia en el país. Cuando en realidad es una modificación cosmética para acallar voces del extranjero y negociar la aprobación de la reforma política. Por eso es peligroso repetir opiniones, especialmente cuando la fuente original no se molestó en pensar.
Por eso indigna que los comunicadores no se informen antes de opinar. Las caras de la noticia comentan desde su experiencia, prejuicios y tendencias, pero no siempre desde el conocimiento pleno del asunto que abordan. Muchos lo hacen a partir del resumen elaborado por sus redacciones, sin tomarse la molestia de estudiar a fondo el tema. Como si consignar los hechos sin aderezarlos o interpretarlos fuera un pecado televisivo.
Un ejemplo reciente es la iniciativa en materia de fuero militar, enviada el lunes al Senado por el presidente Felipe Calderón. El texto contempla la intervención de tribunales civiles cuando los militares incurran en alguno de los siguientes delitos: desaparición forzada, tortura o violación. En la lógica de los analistas profesionales -que además se ha implantado en buena parte de la población- reforma es igual a progreso. Las reformas siempre son "necesarias", incluso "insuficientes", pero nunca indeseables.
Esta reformitis implica la celebración casi automática de cualquier intento de modificación legal que parezca un avance. Nadie quiere parecer retrógrado, a menos que se trate de la defensa ideológica de posiciones morales cuyo desvanecimiento ponga en riesgo la existencia del grupo de pertenencia. Cuando el concepto de identidad no está en juego, cualquier cambio es bueno.
Sin embargo, un juicio automático y casi cultural es insuficiente para quienes ocupan el lugar privilegiado entre la información y la audiencia. ¿Por qué nadie cuestionó que la reforma de Calderón no incluya el homicidio? ¿No es la muerte de civiles inocentes el mayor escándalo del Ejército en esta "guerra contra el narcotráfico"?
El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, aclaró el martes en Los Pinos que -fuera de los delitos señalados en la iniciativa- la jurisdicción militar debe mantenerse para conservar la disciplina. ¿Cómo? ¿Si el homicidio fuera juzgado por autoridades civiles los militares se volverían rebeldes? Poiré lo insinúa.
Además, ¿desde cuando los tribunales civiles infunden esperanza? Entiendo la crítica a la justicia militar y la posibilidad de que sólo exista para ocultar a la sociedad las atrocidades del Ejército, pero insisto, ¿por qué es motivo de celebración que las Fuerzas Armadas sean enjuiciadas por instancias que han probado su incapacidad con el resto de los ciudadanos?
A nadie se le ocurrió una crítica tan elemental. Sólo hubo bienvenidas a la iniciativa de Calderón, como si garantizara la protección a los derechos humanos e impulsara la justicia en el país. Cuando en realidad es una modificación cosmética para acallar voces del extranjero y negociar la aprobación de la reforma política. Por eso es peligroso repetir opiniones, especialmente cuando la fuente original no se molestó en pensar.
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