miércoles, 11 de marzo de 2009

Justicia Televisada

La controversia diplomática entre Francia y México por la detención de una ciudadana francesa resurgió en la agenda informativa con la visita del presidente Nicolas Sarkozy. El tema se remonta a un operativo que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) recreó para las cámaras de televisión el 9 de diciembre de 2005.

Ese día, la AFI capturó a dos presuntos secuestradores, Israel Vallarta Cisneros y su novia, la francesa Florence Cassez. La versión oficial fue que los reporteros se enteraron del operativo, acudieron al lugar y solicitaron que se repitiera el rescate de las víctimas. Las imágenes se transmitieron en el matutino Primero Noticias.

Cuando Cassez solicitó apoyo al consulado y denunció irregularidades, el conflicto político subió de nivel. La francesa argumentó que la detención “en vivo” era una farsa, pues había ocurrido 24 horas antes. Las televisoras negaron un acuerdo previo con la AFI, como sostuvo su entonces director, Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública.

Televisa despidió al reportero responsable, Pablo Reinah, quien había laborado durante 10 años en la empresa. El periodista se inconformó y en un comunicado a la opinión pública escribió: “En ningún momento solapé, coordiné o gestioné acción alguna que tuviera que ver con el desempeño de los elementos de la AFI”.

El despido arbitrario de Reinah fue confirmado por la averiguación que concluyó en abril de 2007 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El documento establece que la AFI ocultó información al reportero, pues no le notificó que los hechos ya habían ocurrido. La Procuraduría General de la República aceptó que “no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz”.

Los datos recopilados por la Agencia Proceso revelan que quienes pactaron el montaje fueron García Luna y Amador Narcia, jefe de información de Televisa. Se sugirió que la recreación se transmitiera en un espacio “sin problemas de tiempo”, pero no se notificó a Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, ni al director de Comunicación Social de la PGR, José Luis López Atienzo.

A la fecha, la ciudadana francesa permanece condenada a 60 años de prisión. El lunes pasado, el presidente Sarkozy pidió a las autoridades mexicanas su repatriación. Cassez, por su parte, declara que la policía la vendió y sacrificó a los medios. En su país creen que es inocente.

Pablo Reinah no ha recibido una disculpa de Televisa. Con pruebas documentales, sostiene que esa mañana trabajó “con ética, honestidad, profesionalismo y responsabilidad, cumpliendo con mi trabajo de reportero y periodista”.

En el fondo, el origen del problema se mantiene vigente: la complicidad de la prensa con la necesidad de que el gobierno ofrezca resultados, sobre todo en materia de seguridad. El caso preocupa porque no es aislado. Queda claro que la falta de ética en algunos convenios no respeta las garantías individuales ni los derechos laborales.

¿Cuántos ciudadanos o periodistas han sufrido situaciones similares? La insensibilidad, producto de las violaciones constantes a los derechos humanos en México, pareciera requerir de controversias internacionales para ventilar asuntos que -por su naturaleza- deberían ocupar a la sociedad civil.

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