La indignación generada por los asesinatos de periodistas aumenta con las reacciones de quienes se hacen llamar “servidores públicos”. Ante lo que constituye una afrenta a la democracia y a los derechos fundamentales, las autoridades correspondientes evaden su responsabilidad y distraen la atención pública con el viejo debate de las competencias.
Se trata de evadir culpas, pero también obligaciones. Así ocurrió con el homicidio de Luis Carlos Santiago Osorio de El Diario de Juárez. Los hechos sucedieron alrededor de las 14:30 horas del 16 de septiembre en la ciudad más violenta del país, horas después de que el gobierno federal se vanagloriara por un festejo patrio “en paz y con unidad”.
Un grupo de sicarios disparó contra un automóvil propiedad del periódico. En él viajaban dos practicantes que aspiraban convertirse en reporteros gráficos; uno sobrevivió. Este atentado justificó la publicación de un editorial no sólo polémico, sino histórico en el desarrollo de la prensa nacional.
El domingo pasado El Diario de Juárez sucumbió ante el miedo y se dirigió al crimen organizado: “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.
Esta postura ameritó un regaño desde Los Pinos. Durante una conferencia de prensa, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, estableció la prohibición de pactar, negociar o promover treguas con los criminales. Aceptó que es tarea del Estado garantizar la libertad de expresión, aunque de inmediato aplicó la censura.
La supuesta autoridad de Poiré proviene de un ceño fruncido y de un cargo fabricado cuando fue removido de Gobernación. Su tarea consiste en responder las preguntas de los reporteros en la ignorancia de datos elementales. Poiré es un vocero desinformado, lo evidenció cuando dijo que el móvil más probable de la agresión a Santiago Osorio es “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.
¿Qué hay de las amenazas a El Diario de Juárez? ¿No debería ser esa la primera línea de investigación? El vocero de Seguridad Nacional respondería que él simplemente reproduce la versión de
La justicia en México es como el agua en un desierto: escasa y absolutamente necesaria, pero no se materializa por el hecho de exigirla o desearla. La impunidad reinante en el país demuestra que los defensores de la ley sólo la usan para ocultar y prolongar su propia mediocridad. Si hubiera intenciones auténticas de resolver este y otros casos, lo último que escucharíamos de las autoridades sería una sarta de formalidades superfluas y excusas burocráticas.
El Diario de Juárez argumentó impecablemente su mensaje público al crimen organizado. El Estado se irrita porque se siente desplazado. Sin embargo, esta realidad no es atribuible a un periódico en particular o a los medios en general, sino a un gobierno que ha perdido el monopolio de la fuerza en territorios enteros. La libertad de prensa no existe en Chihuahua, lo peor es que sólo los periodistas están preocupados.
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