La tercera revolución

La ocurrencia se volvió murmullo y después rumor, hasta terminar en moda. La posibilidad de un estallido social en 2010 se ha convertido en el tema predilecto de analistas y comunicadores en los últimos días. Surgen dos posibilidades: el fenómeno podría ampliarse y provocar lo que augura o simplemente desgastarse, como sucede con gran parte de los temas explotados por la agenda mediática.

En todo caso, es un hecho que las condiciones imperantes en el país han provocado un descontento generalizado que, lejos de significar una amenaza, representa una oportunidad única para recuperar el juicio y modificar el rumbo. El riesgo de la revolución que pregonan los medios está asociado a la especulación y a la descontextualización, prácticas comunes de la prensa irreflexiva.

Urge debatir ideas, escuchar todas las causas. Simplificar la complejidad de estos tiempos y reducirla a una discusión de futurólogos improvisados es desaprovechar su potencial de cambio y apostar a la continuidad de una realidad insostenible.

El periodista Ricardo Alemán publicó en El Universal la versión extraoficial de un “encuentro secreto” entre una decena de grupos guerrilleros que estarían planeando acciones para 2010. Además estimó que la “tercera revolución” podría alimentarse con los “fanáticos del legítimo”. Olvida mencionar que el estallido habría ocurrido hace tres años si Andrés Manuel López Obrador hubiera actuado diferente, es decir, si hubiera permitido que la inercia electoral y las convicciones de un fraude incentivaran a un movimiento radical e incluso violento.

Y la desmemoria continúa. “Las autoridades nos tienen que proteger de cualquier intento de festejo violento”, escribe Denise Maerker. Lo que evita señalar es que la era de los festejos violentos –inaugurada aquél 15 de septiembre en Michoacán- es consecuencia directa de la “Guerra contra el narcotráfico”. Una estrategia gubernamental que, en contraste con sus efectos, pugna por la seguridad de los ciudadanos y el debilitamiento de los cárteles.

La “protección” exigida por Maerker se convierte, pues, en disuasión, a nombre del Estado, de las ocurrencias opositoras. Esto último lo entiende Leo Suckerman, analista político de Grupo Fórmula, quien celebró el lunes pasado la capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para espiar en todo el territorio nacional con su nuevo “Centro de Inteligencia”. Entrevistado por el periodista José Cárdenas, Zuckerman explicó que –a diferencia de los levantamientos de 1994- el gobierno tendría información de sobra para reaccionar ante un eventual conflicto.

El necesario diálogo nacional se ha transformado en una novela de detectives. Ya sólo importa saber quién tirará la primera piedra. Julio Hernández López, columnista de La Jornada, lo ejemplifica cuando se pregunta si la actitud del Ejecutivo federal refleja una “extrema insensibilidad” o una “provocación programada”. El autor de Astillero considera que la “confrontación sistemática” acelerará el estallido y la aplicación de medidas policiacas y represivas largamente preparadas. ¿Por qué parece que, de pronto, el volado es entre una revolución y una dictadura?

Los extremos pueden evitarse si el “ciclo de protestas” encuentra receptividad en el Estado. La expresión entrecomillada es utilizada por el investigador finlandés Martti Siisiäinen para describir el funcionamiento de las presiones de cambio en una democracia. “Visto desde la perspectiva (funcionalista) de la estabilidad del sistema, los nuevos movimientos sociales pueden considerarse el reloj de alarma del sistema”, considera el académico. Es evidente que la “alarma” ha sido largamente ignorada. Y a menos que se atienda, los agoreros de la “tercera revolución” podrán, en algunos años, llamarse profetas.

Ciberprotesta

Atestiguamos el inicio de la ciberprotesta en México. Lo que ocurrió esta semana con las páginas Web de algunos partidos políticos, gobiernos estatales y periódicos digitales fue producto de la unión circunstancial entre un medio de comunicación de creciente influencia y las causas que no encuentran desahogo en el ejercicio del poder público.

En lugar de la página original, el navegador abría un mensaje firmado por hackers. Predominaban los colores negro y rojo. En la parte superior de la pantalla destacaba la imagen de una bandera mexicana con la leyenda “Viva México cabrones”. El texto hablaba a nombre del pueblo y en plural reclamaba a los “gobernantes” por su corrupción, cinismo, abuso de autoridad y demás desviaciones.

Comparto las demandas, entre ellas, el cese de la violencia y la necesidad de considerar más propuestas ciudadanas. Los autores promovieron la participación de los cibernautas, quienes también opinaron. Proliferaron los insultos a diputados, los reclamos por la pobreza, las muestras de solidaridad y la celebración de lo que alguien calificó como “sitios vulnerables”.

La expresión de inconformidades en la Red tiene un antecedente exitoso. Recientemente, a través de Twitter (y con la venia de la prensa) un movimiento social consiguió reunirse con legisladores federales y eliminar el impuesto a Internet propuesto por el Ejecutivo federal. Los intentos previos en otros asuntos habían terminado en anécdota, por ejemplo, la de 400 avatares de Second Life que se unieron a las manifestaciones contra la inseguridad en la capital del país.

Si el ciberespacio se midiera en metros cuadrados y además se escriturara, la protesta del lunes sería delictuosa. Sin embargo, la invasión momentánea de sitios de Internet parece superar los alcances de una legislatura caracterizada por su atraso y lentitud. Para estupor de las leyes mexicanas, la Red no es sólo un medio más para la comisión de delitos sino un mundo aparte que merece atención.

Omitiendo las consideraciones anteriores y aceptando que el acto ofende, es decir, desde la crítica automática y compartida, el daño no existe. La necesidad tampoco. Es tan vasta la capacidad de la Red y tan amplia su diversidad temática, que resulta innecesaria la apropiación de espacios que podrían crearse gratuita y libremente en otros dominios. No obstante, la conquista temporal y virtual que nos ocupa atribuye la visibilidad a sus métodos.

Detrás de la exigencia hay frustración, detrás de la frustración ineficacia. Aunque por su naturaleza el Estado se imponga, no puede negarse al diálogo. Si se presume en el discurso debe exigirse en los hechos. Si no, las propuestas razonadas y a veces razonables terminan ignoradas, cual cháchara minoritaria en la discusión simulada de una decisión consumada.

En lo real y en lo virtual, la sociedad buscará solucionar sus problemas, difundir prioridades. El ciclo de protestas que continúa en México -y que inaugura su faceta en línea- culminará en reformas y cambios. Si los reclamos llegan a oídos sordos, la frustración encontrará nuevos canales y tarde o temprano se convertirá en violencia. Este mal no surge sin impotencia y eso lo entiende el gobierno federal.

Fábrica de refugiados

Si lo usual termina en estadística, la infamia es cuantificable en México. Alguna cifra aumenta cada vez que un periodista es asesinado. No conformes con las centenas de ejecuciones en las últimas décadas o la indignidad sugerida por las comparaciones internacionales en este rubro, las instituciones mexicanas continúan aplazando el cumplimiento de su mandato legal ante una sociedad que, desde la ignorancia o la apatía, permanece indiferente ante el tema.

Esta ignominia, justificada como tal en la amenaza a una profesión con claros propósitos sociales, no es posible sin el éxito de la criminalidad o la franca negligencia. La frialdad de los números despersonaliza a las víctimas y maquilla la gravedad de los hechos ante la opinión pública. Hablar de caras y nombres es incurrir en la excepción, apostar a la empatía e invitar a que se revisen los límites de lo aceptable.

La semana pasada fue encontrado el cadáver del reportero José Bladimir Antuna García de 39 años. Publicaba información sobre temas policiales y judiciales en El Tiempo de Durango, periódico en que laboraba su colega Carlos Ortega, ultimado el 3 de mayo. Antuna García denunció amenazas durante varios meses y manifestó haber compartido información con Eliseo Barrón, reportero de Grupo Milenio asesinado por presuntos gatilleros del cártel del Golfo.

“México tiene una vergonzosa posición como uno de los países más peligrosos para los periodistas. Para una democracia moderna, alcanzar esta posición es una vergüenza”, señala un comunicado del Instituto Internacional de la Prensa (IPI). Este organismo documentó que de los 44 informadores ejecutados en el mundo durante el 2009, siete corresponden a la República Mexicana. Esta cifra es idéntica a la de Pakistán y nos ubica por encima de Somalia, un país que carece de Estado.

La función primordial del Estado es, precisamente, garantizar la seguridad de sus habitantes. De lo contrario, se convierte en una fábrica de refugiados: un gobierno incapaz de otorgar protección y los temores fundados de persecución o muerte definen el término “refugiado” en la Convención de 1951. Bajo este esquema, los periodistas mexicanos podrían optar por el exilio y ser amparados por el derecho internacional.

Un Estado fallido no merece respeto. Así lo considera el politólogo inglés John Dunn, quien desde la Universidad de Cambridge advierte que los Estados que promueven efectivamente la seguridad de sus habitantes ganan y merecen una mayor lealtad que aquellos que fracasan en el intento. Esta idea encontraría dificultades legales en México: el sexto constitucional permite la libre expresión pero fija sus límites en el Estado. En este contexto, la coherencia de Dunn se vuelve golpismo.

¿Cuántas muertes más? La ineficiencia llama a la exigencia, no a la parálisis. La situación imperante en México es una responsabilidad compartida. En tiempos donde la impunidad es la constante, celebrar la institucionalidad es apadrinar la decepción. Los delitos contra periodistas son una manifestación más de una realidad que indigna y exige ajustes. Así como las víctimas, los culpables tienen caras y nombres. Las víctimas se ocultan con números, los culpables con cargos públicos.

Infamias

Mientras los mexicanos cruzaban el umbral de un fin de semana largo y se ocupaban gustosos de sus tradiciones, se gestaba desde el Poder Legislativo un alza de impuestos, un golpe más al bienestar de los “representados”.

En ese momento, los pormenores de la infamia eran conocidos por pocos, incluyendo a quienes seguimos la discusión en el Canal del Congreso. Para una inmensa mayoría, las noticias llegarían después. Quienes ignoraban el hecho confiarían nuevamente en la televisión, su medio predilecto.

Las Fiestas de Muertos habían finalizado y lo “milenario” de la tradición fue más importante que lo “inmediato” de la información. Sólo este criterio explica que el noticiero de Joaquín López-Dóriga en Televisa fuera dedicado el lunes 2 de noviembre a la “magia” y la “diversión” del folclor mexicano.

Tardíamente, llegada la hora en que las Fiestas de Muertos parecían ser el acontecimiento periodístico del día y que gran parte de la audiencia estaba (al menos) adormilada, se transmitió la crónica.

Si Televisa dijo la verdad, no hay de qué preocuparse: el debate en el Senado se redujo a una discusión entre el perredista Carlos Navarrete y el panista Gustavo Madero. No hubo controversias en San Lázaro, los diputados se veían tranquilos en sus curules. Las bancadas del PRI y el PAN no fueron acusadas de proteger intereses económicos en detrimento de la economía popular. Una maravilla, casi nada.

Todo lo contrario. La falsedad e irresponsabilidad de la información indigna tanto como el cinismo de los legisladores que salieron a decir que “pudo ser peor”. Total, los mexicanos somos cobardes y de memoria corta. ¿Quién va a exigirle al PAN la “Acción Responsable” que ofreció en campaña? ¿Quién recordará que “Primero tu economía” era un compromiso del PRI?

Es posible que la facilidad para exprimir al país con la complicidad de los medios alcance extremos insospechados. Las ambiciones de la clase política son verdaderamente inagotables. La situación imperante lo demuestra. Como si la violencia, la crisis económica y el desempleo fueran poco, parece que sólo empeorarán. ¿ “Por el bien de México”? ¿Por el bien de quien?

Un aumento en los gravámenes es indefendible. Castigar al salario y al consumo es la mejor forma de expandir la miseria en tiempos de escasez. En Alemania lo saben y hace unas semanas acordaron reducir los impuestos en 24 mil millones de euros para fomentar el crecimiento. Siguiendo las comparaciones, descubriríamos que mientras el Internet de banda ancha es un derecho constitucional en Finlandia, los legisladores mexicanos pretendían gravarlo con un 3 por ciento.

Y se excusan a través de los medios: que si para ayudar a los pobres, que si el boquete fiscal, que es un mal necesario, que el paquete fiscal es “responsable y patriota”. El engaño es evidente. El Ejecutivo federal sigue parloteando sobre austeridad mientras la Oficina de la Presidencia solicita un aumento del 98 por ciento en su gasto para 2010, según publicó ayer el periódico Reforma.

La indignación es uno de los principales motores del Periodismo, y a través de él debería expandirse. Urgen cambios de fondo. Es común escuchar que un estallido social se acerca y a menos que “las instituciones” recuperen la cordura, el augurio podría consumarse.