La confusión entre libertad de expresión y libertad de extorsión ha permitido la proliferación de toda clase de mafias en el ámbito periodístico. Ocultos en las redacciones o detrás de los micrófonos, los mercenarios de la información subordinan el interés noticioso a lo que de buena o mala gana pueda ofrecerles el mejor postor. Esta plaga que amenaza con seguir expandiéndose, pone en riesgo la credibilidad y la continuidad de los medios de comunicación que -en contraste- buscan conducirse con seriedad y apego a la ética.
La subasta de titulares, producto de una agenda negociable, debe detenerse. Nada perjudica más a la prensa libre que el lloriqueo de los comunicadores que se convierten de un día para otro en ardorosos defensores del derecho a la información cuando sienten amenazada su posición o cuando su principal benefactor decide retirarles el apoyo que los mantenía en la más cómoda docilidad.
Algunos informadores se entregan al periodismo golpeador por necesidad o ignorancia. Ambos factores se atacan desde la profesionalización. Si todo lo que puede aprenderse está “en las calles” como suelen sostener los reporteros empíricos, existe la posibilidad no sólo de ignorar nociones elementales sino de limitar los conocimientos y las habilidades que les permitirían el acceso a empresas de alcance nacional o internacional que, por su naturaleza, ofrecen mejores condiciones.
Aunque por su cualidad impositiva genere rechazo, la regulación de la prensa es otra opción. En el caso mexicano, esta propuesta encontraría dos grandes problemas: la desconfianza en las instituciones y una clase política excesivamente partidista. Estos inconvenientes podrían superarse con un auténtico debate público y una legislación diseñada minuciosamente por expertos, sin ambigüedades ni espíritu vengativo.
La necesidad irá creciendo hasta volverse urgente. Tarde o temprano, pero quizá sólo cuando se sientan desafiados, los legisladores deberán asumir el costo político de reformar las leyes que han permitido la concentración de los medios de comunicación y la multiplicación de los agravios a una sociedad que debería tener derecho a la pluralidad informativa.
El caso de Argentina es ejemplar. La propuesta para una nueva ley de medios, impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha generado innumerables críticas desde los grupos monopólicos que controlan la televisión y que ahora pretenden paralizar al país. Sin embargo, la mandataria sigue firme en su convicción de que los ciudadanos merecen escuchar todas las voces y pretende abrir nuevos canales para universidades, sindicatos, iglesias y organizaciones no gubernamentales.
Desde este espacio hago pública mi esperanza de que algún día podamos reír juntos al recordar los tiempos en que México era controlado por el duopolio televisivo y las mafias mediáticas. Ese día, nos llamaremos sobrevivientes pero también visionarios.
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