Audioescándalos

¿Se vale decir ‘esto es ilegal pero ahí les va’? Los informadores que justificaron la difusión de audioescándalos en los últimos días se convirtieron en un instrumento más de la guerra sucia electoral. ¿Quién asegura que las grabaciones son auténticas? ¿Por qué iniciar el juicio mediático antes de comprobar su veracidad? ¿Desde cuando el periodismo se define como “la divulgación de suposiciones basadas en información de dudosa procedencia”?

Que si los gobernadores de Oaxaca y Veracruz apoyan con recursos públicos a su candidato, que si el de Puebla tuvo un amorío en los noventa. Lo primero no sorprende y lo segundo corresponde a la esfera privada. Hablar del desvío de recursos a campañas electorales es inútil si no puede comprobarse. Otorgar valor testimonial a un video anónimo en Internet es delicado. Un dicho, aunque sea verosímil, no puede presentarse como un hecho.

Lamento si mi argumentación parece una defensa de Ulises Ruiz, Fidel Herrera y Mario Marín. En realidad es un llamado a la seriedad de los medios. Preocupa la forma en que han sido manipulados y la facilidad con la que abren sus espacios a las estratagemas de los partidos políticos para descalificar a sus opositores. Si la falta de criterio y el desdén por la comprobación son la constante, la agenda periodística terminará sometida a toda clase de ocurrencias.

La reciente oleada de audioescándalos es noticia porque involucra a mandatarios estatales: seres acostumbrados a la comodidad territorial, producto del control absoluto de las instituciones y la prensa. El PRI dice que el espionaje viene del gobierno federal y con eso presume la ingenuidad de sus gobernadores. ¿De qué otro modo se entiende que anden por ahí comentando sus delitos por teléfono? ¿No deberían saber ya que todo lo que digan será usado en su contra?

El PRI le llama espionaje y no fabricación. Esa postura tampoco favorece a los suyos. En teoría, la fabricación genera un diálogo ficticio y el espionaje registra hechos reales. En todo caso, las grabaciones no tienen valor jurídico y sólo afectan a nivel de la imagen. En eso consisten las campañas negras: en enlodar al enemigo y si es posible destruirlo. Los partidos políticos saben que la renuncia o destitución de un gobernador es prácticamente imposible, pero la piden.

Si los audioescándalos no tendrán consecuencias legales, ¿qué hacen los periodistas participando en el juego? ¿Por qué llevar a los titulares lo que podría quedarse en You Tube? Porque ese es el objetivo de la guerra sucia: llamar la atención de la prensa al intercambio de descalificaciones, que no importe el fondo sino la forma.

No todo lo que puede masticarse es comida y no todo lo que está en Internet es noticia. Los consumidores de medios confiamos en su criterio para discriminar los datos, pero cada vez más nos encontramos con que la información se justifica con su simple existencia. ¿Dónde está el filtro? Las grabaciones ilegales deberían toparse con un muro de prudencia en las redacciones. Hace falta investigación, comprobación y responsabilidad.