miércoles, 28 de julio de 2010

Guerra de videos

Las cámaras de video son las nuevas armas del narcotráfico. Mediante la difusión de supuestos interrogatorios a policías o miembros de cárteles rivales, la batalla por el dominio de plazas se amplió al frente comunicativo. Pareciera que el crimen organizado requiere enviar mensajes para seguir operando. Poco a poco, las ‘narcomantas’ son desplazadas por YouTube.

Hace una semana se difundió un video que culminó en la detención de la directora del Cereso número dos de Durango, Margarita Rojas. En él, aparece un supuesto policía con indicios de tortura que es flanqueado por dos encapuchados. En respuesta a las preguntas de un tercero, el prisionero afirma que las autoridades penitenciarias consienten las salidas nocturnas de un grupo de sicarios. El sujeto, identificado como Rodolfo Nájera de 25 años, es ejecutado después.

La grabación de este material fue atribuida a Los Zetas. La información contenida en poco menos de 10 minutos fue confirmada el fin de semana por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Las aventuras nocturnas de los reos incluirían -según la versión oficial- la ejecución de 17 personas en Torreón el pasado 18 de julio. Además de Margarita Rojas fueron detenidos el subdirector y dos jefes del penal.

Los enemigos de Los Zetas se ofendieron. Este lunes fueron levantados cuatro periodistas en la región lagunera: un camarógrafo de Televisa, el jefe de información del programa Punto de Partida, un reportero local y un camarógrafo de Grupo Multimedios. Sus captores exigieron a los medios de comunicación terminar la cobertura sobre el Cereso número dos y la transmisión de otro interrogatorio.

En el nuevo video se observa a dos presuntos Zetas, un hombre y una mujer que aparecen encañonados. Para desmentir la versión anterior, los prisioneros aseguran que el primer video se trató de un montaje para “meter al bote” a la directora del penal con el objetivo de ganar la plaza. La disputa es entre Los Zetas que dominan Torreón y el cártel de Sinaloa que tiene presencia en Durango.

¿Qué validez tiene una declaración obtenida con agresiones o tortura? ¿Es correcto que la prensa reproduzca los mensajes emitidos por el crimen organizado? ¿Quién responderá por la vida de los periodistas que se han convertido en rehenes de la negociación informativa promovida por los cárteles?

En el mundo existen medios que niegan su atención a organizaciones violentas. El diario español “El País” -por ejemplo- establece en su Libro de Estilo que acoge todas las tendencias “excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines”. Pero si el nuevo modus operandi consiste en secuestrar a reporteros para presionar a sus medios, ¿hay otra alternativa?

La guerra de videos es la nueva política de comunicación de los narcotraficantes. Ellos quieren su espacio y lo consiguen con amenazas. Esta situación es tremendamente delicada para la libertad de expresión en México. Hay indignación y preocupación en el gremio periodístico, pero también esperanza de que los colegas sean liberados. Todos estamos en riesgo porque nadie garantiza nuestra seguridad, aunque esa sea la obligación elemental de cualquier Estado.

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