Desde una ubicación secreta, la periodista Ana Lilia Pérez se confiesa en “las horas más terribles” de su vida, luego de investigar y publicar presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. La liberación de una orden de aprehensión en su contra la mantiene prófuga, oculta de su familia, amenazada de muerte y temerosa de algo peor que la cárcel. Ser detenida por policías, dice ella, sería “el mejor de los casos”.
La denuncia por “daño moral” se remonta a un par de entrevistas que la reportera de Contralínea realizó a Jesús Alonso Zaragoza, accionista mayoritario del grupo Zeta Gas. El empresario declaró, por ejemplo, que durante el sexenio de Vicente Fox era recibido por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, quien le ayudaba en sus negocios a cambio de recursos para la campaña presidencial.
Zaragoza detalló la forma en que sobornaba a las autoridades locales y federales para instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas. Las revelaciones incluyen el ofrecimiento que le hicieron directivos de Pemex para ingresar al negocio de los ductos, mucho antes de que las ambiciones por el “el tesoro” dibujaran la posibilidad de una reforma energética privatizadora.
Ana Lilia Pérez fue responsable de publicar en febrero de 2008 los polémicos contratos que firmó en su dualidad de empresario y secretario de Gobernación el fallecido Juan Camilo Mouriño –figura entronada por los estándares morales de su partido- quién habría sacado provecho personal de un cargo público. La periodista fue demandada junto a Miguel Badillo, director de Contralínea, quien fue detenido el 16 de enero y que, junto a Pérez, denunció actos de acoso e intimidación ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las amenazas, según los comunicadores, provendrían de los abogados de Jesús Alonso Zaragoza y de funcionarios de varios niveles.
Las verdades riesgosas para un sistema político corrupto lo son también para los periodistas que las descubren. Así lo demuestran las arbitrariedades que culminaron en las órdenes de aprehensión, derivadas del presunto desacato a una orden judicial que no fue notificada.
Zaragoza reconoció su voz en las grabaciones pero deploró su publicación. Su defensa argumentó que era propietario de 80 empresas mientras que Ana Lilia Pérez era una “pobre reportera”. Quizá por eso, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la declararon confesa y permitieron que el hombre de negocios ingresara al juzgado con un guardaespaldas armado.
Los argumentos de los jueces y magistrados resultan absurdos; situación frecuente cuando la Justicia se retira la venda y acepta pagos para alterar su balanza. El año pasado se resolvió que la periodista no tenía derecho a divulgar las respuestas del empresario, entre otras razones, porque los hechos narrados sucedieron en la frontera norte y ella radicaba en la capital del país.
El hecho preocupa y aunque la huída de Pérez sea cuestionable, puede justificarse en el contexto. Lo que Albert Camus llamó “el oficio más bello del mundo” es también –como señalaron los hermanos Flores Magón a inicios del siglo pasado- una actividad “ruda y peligrosa como toda labor encaminada a desenmascarar el abuso”.
Los delincuentes libres y los periodistas ocultándose: paradojas de un país donde 44 comunicadores han sido asesinados en los últimos ocho años. Si los médicos juran defender la vida, los periodistas se deben a la verdad. En el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, como diría Ana Lilia, nuestra única arma es la palabra.
La denuncia por “daño moral” se remonta a un par de entrevistas que la reportera de Contralínea realizó a Jesús Alonso Zaragoza, accionista mayoritario del grupo Zeta Gas. El empresario declaró, por ejemplo, que durante el sexenio de Vicente Fox era recibido por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, quien le ayudaba en sus negocios a cambio de recursos para la campaña presidencial.
Zaragoza detalló la forma en que sobornaba a las autoridades locales y federales para instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas. Las revelaciones incluyen el ofrecimiento que le hicieron directivos de Pemex para ingresar al negocio de los ductos, mucho antes de que las ambiciones por el “el tesoro” dibujaran la posibilidad de una reforma energética privatizadora.
Ana Lilia Pérez fue responsable de publicar en febrero de 2008 los polémicos contratos que firmó en su dualidad de empresario y secretario de Gobernación el fallecido Juan Camilo Mouriño –figura entronada por los estándares morales de su partido- quién habría sacado provecho personal de un cargo público. La periodista fue demandada junto a Miguel Badillo, director de Contralínea, quien fue detenido el 16 de enero y que, junto a Pérez, denunció actos de acoso e intimidación ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las amenazas, según los comunicadores, provendrían de los abogados de Jesús Alonso Zaragoza y de funcionarios de varios niveles.
Las verdades riesgosas para un sistema político corrupto lo son también para los periodistas que las descubren. Así lo demuestran las arbitrariedades que culminaron en las órdenes de aprehensión, derivadas del presunto desacato a una orden judicial que no fue notificada.
Zaragoza reconoció su voz en las grabaciones pero deploró su publicación. Su defensa argumentó que era propietario de 80 empresas mientras que Ana Lilia Pérez era una “pobre reportera”. Quizá por eso, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la declararon confesa y permitieron que el hombre de negocios ingresara al juzgado con un guardaespaldas armado.
Los argumentos de los jueces y magistrados resultan absurdos; situación frecuente cuando la Justicia se retira la venda y acepta pagos para alterar su balanza. El año pasado se resolvió que la periodista no tenía derecho a divulgar las respuestas del empresario, entre otras razones, porque los hechos narrados sucedieron en la frontera norte y ella radicaba en la capital del país.
El hecho preocupa y aunque la huída de Pérez sea cuestionable, puede justificarse en el contexto. Lo que Albert Camus llamó “el oficio más bello del mundo” es también –como señalaron los hermanos Flores Magón a inicios del siglo pasado- una actividad “ruda y peligrosa como toda labor encaminada a desenmascarar el abuso”.
Los delincuentes libres y los periodistas ocultándose: paradojas de un país donde 44 comunicadores han sido asesinados en los últimos ocho años. Si los médicos juran defender la vida, los periodistas se deben a la verdad. En el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, como diría Ana Lilia, nuestra única arma es la palabra.
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